La cifra de aumento general de precios no es inocente: depende de cómo se releven y computen los datos, si responden o no a los consumos reales de las familias, qué bienes y servicios pesan más en su esquema de gastos. Eso es lo que, de nuevo, está bajo sospecha en la Argentina. Los recelos escalaron cuando, en enero, el Gobierno de Javier Milei decidió postergar la implementación de la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. La todavía vigente está basada en estudios de 2004 cuando, por ejemplo, el pago de servicios públicos como electricidad, agua o gas insumía una proporción de los presupuestos hogareños sensiblemente menor que la actual.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) tomó indicadores más recientes para hacer el cálculo y concluyó que, con el de la Encuesta Nacional de Hogares correspondiente a 2017/2018 la inflación desde el inicio de la gestión libertaria hasta febrero pasado da un 22% más que la declamada oficialmente. Y peor es para los hogares de menores recursos: en ellos, la diferencia salta al 27.5%.
En su trabajo, el Celag recuerda que el IPC no es un promedio de precios, sino un índice construido a partir de una canasta de consumo integrada por rubros como Alimentos, Transporte o Vivienda, con ponderaciones que determinan cuánto «pesa» cada uno en la canasta final. Esas ponderaciones se estiman utilizando la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), que captura cómo gastan efectivamente las familias. Los organismos internacionaes aconsejan actualizarla cada 5 o 10 años para que sea representativa de la realidad.
El problema es que el IPC vigente se apoya en una canasta muy antigua, basada en los datos de consumo de las familias de 2004. El índice es una herramienta para la toma de decisiones, tanto del sector privado como del público, en su caso como insumo para el diseño de políticas en base a datos concretos. Si las cifras se apoyan en esquemas obsoletos, resultan falsas. Y, a veces, eso conviene a la gestión política. En el caso actual, para preservar el único activo de la administración libertaria, que aún con el dibujo del Indec comenzó a hacer agua: la inflación «domada».
Métodos obsoletos, datos falsos
La metodología del IPC que prorrogaron ya fue superada por mediciones más recientes como las ENGHo 2012/2013 y la ENGHo 2017/2018. En un país con cambios estructurales en el patrón de consumo que generaron fuertes variaciones en los precios relativos, como el aumento de los precios de los servicios públicos, esta canasta desactualizada distorsiona la medición de la inflación y el conocimiento de la realidad.
El Celag comparó cómo evolucionó la inflación según tres canastas alternativas a la que utiliza el Gobierno.
En primer lugar, la ENGHO 2017/18 para calcular los ponderadores de cada rama de bienes y servicios correspondiente a cada región (GBA, Pampeana, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia) siguiendo la misma metodología que utiliza el Indec. Con esos nuevos ponderadores y los índices de precios por región, recalculó el índice de precios y la inflación a nivel nacional para el período de Gobierno de Milei: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.
En segundo lugar, con la misma encuesta, ordenó los hogares por nivel de gasto y los dividió en 10 tramos o deciles, de menor a mayor nivel de gasto por hogar. Una vez identificados los hogares de este primer decil de ingresos, el más pobre de la sociedad, calculó los ponderadores que surgen de su canasta de consumo siguiendo la metodología Indec.
Por último, y teniendo en cuenta que aún si se aplicasen los ponderadores de la ENGHO 2017/18 el índice de precios resultante estaría desactualizado porque ya acumularía una antigüedad de 7 años, recalculó los ponderadores de cada división de bienes y servicios que integran el IPC, siguiendo una metodología que surge del índice de precios encadenados. Con esta metodología, construyó una canasta de bienes y servicios actualizada a diciembre de 2025.
La inflación real bajo la alfombra
Con las actualizaciones metodológicas señaladas, si bien la inflación oficial del Indec durante la gestión de La Libertad Avanza arroja 280,5%, la inflación que surge de actualizar la metodología con la encuesta 2017/18 da 297,9%, 17,5 puntos porcentuales mayor a la oficial. Y si se actualiza con los ponderadores a diciembre de 2025, el resultado es 302,5%. Esto es, 22 puntos porcentuales mayor.
Y como la inflación general no da cuenta de las asimetrías socioeconómicas, el desglose del indicador por nivel de gastos refleja que la inflación afecta relativamente más a los más pobres de la sociedad. Para la canasta de consumo del 10 % más pobre, el aumento de precios en el período considerado fue de 308,0%. Eso es 27,5 puntos porcentuales superior a la cifra oficial que publica el Indec.
