Paul Singer se mofó en varias oportunidades de la República Argentina. La más directa fue cuando señaló que subestimó a la Fragata Libertad: “Es toda la Armada Nacional”.
Fue el 15 de julio del año pasado en un seminario organizado por CNBC en Nueva York.
Singer, para lograr el embargo transitorio de la fragata argentina, habría corrompido al juez comercial de Ghana, Richard Adjei Frimpong, para que prohibiera su salida del puerto de Accra. Su poder de lobby cruzaba el Atlántico. La Argentina llegó a un entendimiento el lunes con el fundador de Elliott Management, que verá así los frutos de 14 años de batalla legal. Pero la realidad es que los diferentes gobiernos desde la declaración del default por Adolfo Rodríguez Saá el 23 de diciembre de 2001 hicieron crecer las utilidades de Paul Singer. Y no sólo eso, lograron que se clonara bajo la forma de Bracebridge, Dart y Aurelius. Todos vieron una oportunidad de ganar dinero por la forma en que diferentes funcionarios trataron la cesación de pagos.
Más tiempo se demoraba un entendimiento con bonistas, más incentivo había a que surjan los fondos buitre. Aníbal Ibarra renegoció la deuda porteña caída en default en febrero de 2003. En diciembre de 2005, Felipe Solá anunciaba la reestructuración de la deuda bonaerense con una aceptación del 93 por ciento. La Argentina, de la mano de Roberto Lavagna, recién había concretado la oferta por el default en febrero de 2005 con una aceptación del 73 por ciento. Alfonso Prat Gay tiene el crédito a su favor por haber reclamado bastante antes, las ventajas de renegociar la deuda, incluso antes de que el país saliera de la crisis de 2001 y empezara a crecer fuerte su economía. Mejor ofrecer pagar cuando se está en el piso, que antes de subirse a la lona del ring. Los acreedores se contentan con menos.
Otro economista, Pablo Guidotti, alertaba entonces sobre el fracaso del canje de 2005 de Lavagna pese a la supuestamente alta adhesión. Es que, en todos los procesos exitosos de reestructuración de las deudas, los que no aceptan no suelen sumar más del 3 por ciento de papeles en default. El 27 por ciento remanente resultaba muy alto. Los errores incluían el otorgamiento, en la oferta, del cupón del PBI, un obsequio al que quienes ingresaron al canje no le asignaron ningún valor. Y todavía se lo debe pagar. Además, se incluyó la que luego fue una cláusula célebre, la “Rufo”, que por 10 años daba el derecho a quienes aceptaron el canje de 2005 a tener un tratamiento como mínimo igual ante nuevas ofertas de la Argentina a bonistas. La postura era clara: el que no aceptó, no cobraba más. Se aprobó también en febrero de 2005 la ley cerrojo, que establecía que el Poder Ejecutivo “no podrá reabrir el proceso de canje de bonos después del 25 del actual ni efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de esos bonos, y aquellos papeles que no se hayan canjeado hasta ese día serán retirados de todas las Bolsas y mercados de valores en los que estuvieran cotizando”
La ley prohibía al Ministerio de Economía cumplir con fallos judiciales de los Estados Unidos. La Argentina eliminó directamente de sus estadísticas de deuda el monto que estaba en poder de los holdouts, buitres o no. No se negociaba más. No era gratis el proceso para la Argentina: se financiaba a tasas siete puntos más altas que las que pagaban países vecinos. Lo que se “ahorraba” con el no pago al 27 por ciento que no adhirió al canje de 2005 se gastaba en tasas más altas para otras deudas, públicas y privadas. Hugo Chávez, en un gran gesto, financió al país al 13 por ciento en dólares.
Desde entonces, el juez Thomas Griesa pasó a tomar un rol más activo en la causa y llegó a calificar a la Argentina en base a su negativa a negociar, como un “deudor recalcitrante”. Vino el canje de 2011 y quedaba el 7 por ciento afuera ahora. A diferencia de otros sistemas jurídicos, en Estados Unidos se le da la potestad a los jueces de tomar diferentes medidas a fin de hacer cumplir la ley. En este caso, que un deudor pague.
Elevó tasas por los atrasos. Movió más Griesa y fue por el “pari passu”: la Argentina no podía pagar la deuda de los canjes si antes no se les pagaba a ese 7 por ciento.
Inicialmente, el ministro Lorenzino desestimó esa demanda de buitres. Lo mismo, los abogados del Estudio Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton. Aseguraban a este medio entonces que “no prosperará”. Fue el golpe mortal.
Cuesta pagarle a Singer tras sus dichos y ataques verbales a la República. Es recalcitrante. Pero sigue siendo más ventajoso en términos económicos al país cerrar el capítulo que seguir dilatándolo. Se confunde el creador y el monstruo con el default de 2001: lo mismo que Víctor Frankenstein y su criatura.
