Los Tribunales Federales de Rosario de Entre Ríos y de bulevar Oroño junto a todas las dependencias de la Justicia nacional protagonizan este jueves y viernes un paro por 48 horas, continuidad de un plan de lucha por aumento salarial. En Rosario la medida implica un cese de tareas de unos 350 trabajadoras y trabajadores, que contando la región pasan el medio millar. Al tope de las demandas está, lógicamente, el reclamo de un 20% de aumento y de un pago extra de 10 mil pesos para compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero de ahí en más hay una serie de demandas que se empujan casi con similar fuerza: una de ellas es que de una vez por todas los empleados judiciales nacionales se equiparen en derechos al resto de los trabajadores y tengan un convenio colectivo propio y una mesa de paritarias para tratar y acordar temas salariales y condiciones laborales. Como parte de esos reclamos, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Judiciales, que encabeza, Agustín Bruera, se reunió con la ministra de Justicia de la Nación, Marcela Losardo, a quien los dirigentes gremiales dieron todo su apoyo a la reforma judicial en tratamiento legislativo, pidieron incluir “más perspectiva de género” en la Justicia.
El secretario General del Sitraju explicó a El Ciudadano que la medida de fuerza es de alcance nacional y se cumple por en todas las dependencias judiciales nacionales del país, pero también en las casas de los trabajadores, por la vía de la desconexión en los casos de quienes no cumpllen tareas en forma presencial pero realizan su labores por teletrabajo.
Además del 20% de aumento salarial los judiciales nacionales reclaman $10 mil como monto remunerativo, pero no tienen un ámbito para desarrollar la explicación del por qué: al no tener paritarias, los aumentos salariales los decide y aplica la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así, el plan de lucha es por el “atraso” en la recomposición de sueldos en el marco, además, de un sector que continuó prestando tareas durante toda la cuarentena, desde su fase más estricta, y además con la suspensión –que el Sitraju cuestionó con dureza– de levantar la feria por lo cual los trabajadores tampoco accedieron a un descanso histórico.
Bruera también contabilizó, entre las demandas, una recomposición a un sector de los afiliados, que por que una reforma a la ley de Jubilaciones tuvo un aumento de 7 puntos en los aportes. El reclamo es que esa diferencia no se convierta en una pérdida salarial. Y también dejó nota de la “gran brecha” entre los ingresos de los trabajadores judiciales y los magistrados, que está uno de sus máximos históricos.
En esa línea –y a modo de cuestionamiento– el gremio judicial reclamó “Per Saltum para el Salario”, refiriéndose así a la reciente decisión del máximo tribunal de dar admisión del caso de tres jueces trasladados a dedo durante el gobierno de Mauricio Macri, a los que ahora los órganos competentes para ello resolvieron restituir a sus puestos originales. Y los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli no quieren. Con igual énfasis: el Sitraju proclamó: “Exigimos a la corte que trate el aumento salarial”.
