Juan Cruz Giménez es el titular de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe. La institución participa bajo la figura de amicus curiae en el juicio Laguna Paiva II que empezó el pasado 5 de mayo.
En esta causa, por primera vez en el país, se investiga el delito de abandono de persona durante la última dictadura militar. La mitad de las víctimas en este juicio era menor de edad al momento de los hechos: niñas, niños y adolescentes de entre 1 año y 15 fueron abandonados en sus casas cuando secuestraron al resto de su familia, algunos de ellos también fueron secuestrados en centros clandestinos de detención.
En esta nota están los detalles del juicio y en este enlace, la historia de la familia núcleo de Catalino Páez (dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores -PRT), quien era el blanco principal de los secuestros ocurridos desde febrero de 1980. Para atraparlo a él, secuestraron a toda su familia que estaba distribuida en distintas localidades de Santa Fe —Esperanza, Esteban Rams—; Catalino estaba con su esposa e hijos en Lima, Buenos Aires.
Giménez conversó con El Ciudadano y explicó por qué es importante su participación y la realización de este juicio, que podría sentar un precedente muy importante en este tipo de causas.
—¿Cuál va a ser el rol de la Defensoría en este juicio y qué postura tienen?
—En la primera audiencia del juicio se logró un tema importante que es la autorización del tribunal para hacer público el acceso a los testimonios mientras avance el juicio. Es decir, darle publicidad. Por lo que nos indicaban, esto no siempre es posible, entonces se tomó como un paso importante.
Nosotros lo que vamos a hacer en este momento es escuchar y acompañar lo que son las instancias del juicio, ahora vienen las declaraciones, los testimonios, luego los alegatos y finalmente el veredicto.
Y hay una instancia en particular, previa a los alegatos, que es nuestra contribución sobre la figura de amicus curiae porque la defensoría es un organismo que no tiene poder de litigio, no puede litigar. Entonces, lo que sí puede es pedirle al tribunal que acepte mediante esta figura ser parte de una voz especializada que aporte elementos sobre lo importante que en este caso es la figura que se está presentando como abandono de niños, niñas y adolescentes.
Es decir, a lo largo de todos estos años de recuperación de la democracia, son figuras que no están tipificadas, pero que indudablemente se le ha dado cuerpo para que ahora avance el juicio.
—En la conferencia de prensa previa al inicio del juicio nombraste una red iberoamericana de defensores donde van a presentar esta historia como caso testigo —Claro. Nosotros somos defensoría especializada con colegas de otras provincias de Argentina, pero además integramos la Asociación de Defensores de la República Argentina que se se denomina ADPRA y, a su vez, integramos la Federación Iberoamericana del Ombudsperson que es denominada FIO.
Dentro de esa red Iberoamericana hay específicamente una comisión de trabajo que se dedica a niñez y adolescencia. Y en este momento, hace ya dos meses, yo he sido elegido para coordinar esa comisión. Esto le da una dimensión que excede a la provincia de Santa Fe.
Entonces, en la medida que avance el juicio y que avancen los testimonios, estamos tratando de tener todo el registro posible para ver en este caso qué lecciones aprendemos.
—¿Cuándo cuándo tomaste conocimiento de esta historia?
—Yo vengo de la Universidad del Litoral y la vida entera la dediqué a la investigación y a la enseñanza en historia. Claramente para todo historiador este es un tema mayor, no específicamente en lo jurídico, pero sí el proceso histórico. Participo de mesas, reuniones y jornadas. De hecho, esto se vinculó al 24 de marzo, cuando fueron los 50 años del Proceso. La vinculación se hizo con la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la APDH con sede en Rosario.
Yo los recibí, escuché cuál había sido el planteo inicial y ya estaba la fecha de inicio de juicio que luego se postergó unos días por cuestiones específicamente de la defensa. Pero indudablemente se vinculó lo que tiene que ver con el estudio de una etapa particular en la historia argentina de 1976 a 1983 con el proceso de reorganización nacional y estos hechos que sucedieron en Laguna Paiva y otras localidades en 1980.
Con lo cual mientras estaba escuchando este inicio del juicio, a la par estaban estos niños que hoy son adultos. En ese momento tenían uno, dos, tres, cinco años. Es este grupo de hermanos que quedó sin ningún adulto cercano que lo pudiese cuidar como necesita toda infancia, así que eso les cambió la infancia y la vida a todos. Porque hoy, muchos años después, están comentando el registro de lo que les ha sucedido.
—¿Por qué es tan importante para Santa Fe, Argentina y hasta para Latinoamérica que se pueda llegar a este juicio y visibilizar más esta historia?
—Primero, el tribunal va a tener una tarea que es justamente dar un veredicto en función de esas pruebas. Lo que sí entiendo es que en esta larga historia de organismos de derechos derechos humanos y particularmente de protección de la infancia, tenemos distintos delitos tipificados que pasaban de la desaparición de personas hasta lo que es la apropiación de niños, pero no ha habido todavía lugar para lo que es la figura de abandono de niños y niñas. Porque esta familia en particular, estos niños, estos hermanos no fueron ni apropiados, ni separados, sino que directamente abandonados y no por voluntad de sus adultos cercanos.
Hubo un proceso de privación de libertad y tormentos, que es lo que se está llevando ahora a juicio para indudablemente tener esas pruebas y poder llegar a ver si es jurídicamente fundada esta figura o no.
Entiendo que como ha pasado con otras figuras de delitos de lesa humanidad, estos casos sientan precedentes muy importantes porque parte del Derecho se sustenta en antecedentes jurídicos. O sea que estamos en una instancia que para todos, mínimamente, no debería pasar desapercibida.
Argentina vivió la reforma del 94, suscribió a la Convención de derechos del niño y a los tratados internacionales. Indudablemente esto en Argentina se va dando en forma gradual. De hecho, ahora también la Constitución provincial se ha modificado.
Indudablemente se llevan ahora a la justicia después de que en otro momento no se hubiera podido hacer. Por eso también estamos interesados en poder escuchar y acompañar este proceso judicial, sobre todo porque no puede haber nunca democracia si no va de la mano con los derechos humanos. Esa vinculación no se sustenta si no es con acceso a la justicia, con memoria y con verdad.
—En el marco de juicios de lesa humanidad, sobresale también el acompañamiento de una institución provincial
—Tiene que ver con nuestro origen por ley y nuestra definición de lo que corresponde a un organismo como la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes: no puede quedar al margen. No digo de cómo termine el proceso judicial. Sino que no puede quedar al margen de que el juicio se haga o no se haga, sino que se debe hacer. Se debe llevar adelante, se debe poder escuchar los testimonios, se debe también poder escuchar a los acusados. Pero el proceso hay que llevarlo adelante porque si no, lo peor que nos puede pasar es que ante este tipo de demandas que han quedado no escuchadas, ahí no hay ningún tipo de justicia posible ni de derecho humano.
