El Ministerio de Transporte, temporariamente a cargo del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, prorrogó por 90 días la concesión para la «modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado» de la vía navegable troncal -los canales fluviales del río Paraná- por lo que el actual concesionario, el consorcio Hidrovía SA, continuará a cargo de la operatoria hasta el fin del mes de julio.
La prórroga por tres meses sostiene la actividad de la concesionaria Hidrovía SA, sociedad conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa SA, y entró en vigencia este jueves, al publicarse en el Boletín Oficial la resolución 129/2021 del ministerio de Transporte.
La continuidad en la prestación del servicio por parte de Hidrovía SA implicará, al menos en los próximos 90 días, el sostenimiento del formato de operación que rige desde la firma del decreto 235/1995, definido como contrato de concesión de obra pública por peaje.
Eso significa que el concesionario privado realiza los servicios encomendados por el Estado y a cambio le cobra directamente a los barcos transportistas de carga que navegan por las vías fluviales.
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En los últimos meses, ante la proximidad del vencimiento de la concesión a Hidrovía SA (la cuenta regresiva tenía como fecha límite este viernes 30 de abril), sectores políticos y gremiales que forman parte del Frente de Todos vienen reclamando que no se prorrogue la concesión al consorcio integrado por Jan de Nul y Emepa.
Una propuesta que circula es que tras un período de transición se realice una nueva licitación para que puedan presentarse otras empresas y además se defina un nuevo tipo de funcionamiento, en el que haya más control e incluso un rol más activo del Estado en la propio actividad.
Otra alternativa sería la creación o el fortalecimiento de un ente o empresa estatal para que el mantenimiento del tramo correspondiente a la Argentina de la Hidrovía Paraguay-Paraná quede directamente a cargo del Estado Nacional, acaso asociado con las provincias ribereñas.
En la resolución 129/2021 publicada este jueves, que lleva únicamente la firma de Katopodis tras el inesperado fallecimiento de Mario Meoni, se estableció que el ente controlante a cargo de la fiscalización del concesionario será la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la cartera de Transporte.
En otro de sus artículos, la normativa notificó al Consejo Federal de Hidrovía, al Congreso de la Nación (donde se creó una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de todo el procedimiento ligado a la vía navegable troncal y de una eventual y futura licitación) y a la propia empresa concesionaria, Hidrovía SA, para que tomen nota de la prórroga por tres meses.
En suma, la prórroga por 90 días abrirá una suerte de transición a partir del próximo 1º de mayo.
Una vez que se cumpla el lapso de tres meses, llegará el momento de definir si habrá una nueva licitación para concesionar la vía navegable troncal de la Argentina a un prestatario privado, o si se optará por otro formato o modalidad, con un retorno de funciones al Estado.
