Por Mauro Federico / Puente Aéreo
La principal corporación mediática de la Argentina inició una campaña feroz contra una iniciativa que propone la creación de un “observatorio de violencia simbólica y noticias maliciosas”. Curiosamente –o no– quien impulsa el proyecto desde la Defensoría del Público es una reconocida colega que trabajó hasta hace menos de un año en el Grupo que ahora la defenestra. En paralelo, los voceros del conglomerado que dirige el todopoderoso Héctor Magnetto alentaron la incriminación penal de la iniciativa -ya desestimada por la Justicia- y de periodistas que dejan en evidencia el espionaje ilegal del macrismo que el propio Clarín pretende minimizar. La libertad de expresión y el derecho ciudadano a informar y ser informados entra en colisión con el poder omnímodo de la manipulación informativa.
La escena emociona a todo aquel que alguna vez haya pasado por una redacción. Un puñado de periodistas aguarda con ansiedad la noticia que una colega, parada en el centro del salón con el teléfono en la oreja, está a punto de darles. Del resultado de esa comunicación depende el trabajo de todos y todas.
De pronto, la periodista pide silencio. Y transmite el veredicto que la Corte Suprema estadounidense acaba de dar a favor del Washington Post, tras una intimación judicial a raíz de la publicación de unos documentos secretos que evidenciaban la mala praxis de los sucesivos gobiernos norteamericanos durante la Guerra de Vietnam. Aquella filtración de seguridad -de dimensión y consecuencias más catastróficas para el poder que las provocadas por los Wikileaks- fue conocida como los “Pentagon Papers”.
La escena concluye cuando la periodista vuelve a reclamar silencio a sus compañeros que festejan el fallo favorable al matutino, para leer textualmente la frase con la que el juez Hugo Black fundamentó su voto a favor del Post: “La prensa está para servir a los gobernados, no a los gobernantes”. Richard Nixon había demandado al diario que desenmascaró las mentiras sobre el estado del conflicto bélico en el país asiático. Y la justicia entendió que la actitud del Post fue en protección del verdadero destinatario de la tarea periodística, que son los ciudadanos y no el poder.
Con base en esa historia, el gran maestro del cine Steven Spielberg construyó la apasionante trama de The Post: los oscuros secretos del Pentágono, una película que como casi todas las de Hollywood, hace del periodismo una profesión noble, como debería ser, y de los periodistas unos héroes, algo que muy rara vez son.
Esta semana dos episodios bien criollitos dejaron al descubierto la sempiterna disputa entre la prensa y el poder, al que habitualmente suele vinculárselo con los gobiernos, pero que en el caso de nuestro país, tiene a un protagonista mucho más vigente que cualquier presidente, funcionario, legislador o juez, tanto durante procesos democráticos como de facto.
Y si, otra vez haremos hincapié en el Grupo Clarín, que nació como un diario hace 75 años, pero hace más de cuatro décadas se transformó en un factor de presión capaz de erosionar cualquier poder legítima o ilegítimamente constituido.
¿Comisariado político o protección ante los abusos mediáticos?
La Defensoría del Público -surgida a partir de la promulgación de la tan resistida por Clarín Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- presentó la semana pasada una iniciativa tendiente a la conformación de un observatorio que “aportará una mirada desde el estudio cualitativo y cuantitativo de la violencia simbólica y las noticias maliciosas ya emitidas”.
La prestigiosa y muy respetada periodista Miriam Lewin, a cargo de la dependencia desde principios de este año, fue la responsable de dar a conocer el denominado proyecto Nodio, que no es -ni más ni menos- que una propuesta para debatir con especialistas de la comunicación y organizaciones sociales y políticas en torno al tema de los abusos al que hoy se ve expuesto el público consumidor de medios.
Sin conocer ni siquiera de qué se trataba la cosa, rápidamente salieron a rechazar el anuncio las patronales periodísticas ADEPA y la SIP -acicateadas por la larga mano del CEO “clarinista” Héctor Magnetto- y un grupo de diputados del PRO -Waldo Wolff, Fernando Iglesias y María Graciela Ocaña, tres cuasi columnistas del Grupo- que fueron más allá de la declaración pública y presentaron ante la Justicia una demanda por “abuso de autoridad y violencia de los deberes de funcionario público”.
La denuncia -de claro contenido político- terminó en un absurdo y amañado pedido de indagatoria a Lewin y el requerimiento de una medida cautelar para “impedir la producción de cualquier acto administrativo, decisión o ejecución de un órgano del Estado que pudiera tender a llevar adelante las actividades del citado Observatorio Nodio”.
El autor del brulote judicial fue el fiscal Carlos Stornelli, otro conspicuo habitué de los livings de TN, quien calificó la iniciativa como “una acción contraria a la Constitución Nacional y los pactos internacionales”. Además, el cada día más complicado en una de las causas que investigan el espionaje M, se permitió hacer una serie de reflexiones, casi a modo de alegato. “Señora Juez, una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese?”, planteó. Y cerró su requerimiento de instrucción con más interrogantes que Macbeth: “¿Se castigará a la prensa, especialmente libre, otorgándosele a la esclava patente de corso? ¿No ha muerto la Mazorca? ¿Se dictará una cuarentena mental?”.
Con absoluta lógica jurídica, la jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó la medida cautelar y pidió como medida de prueba la normativa de creación del “observatorio”, dando a entender con su resolución que no avala ni por asomo el delirante pedido de Stornelli, muy preocupado por el devenir de la causa que tramita en Dolores donde se lo procesó como parte de una red extorsiva que espiaba a empresarios y políticos.
Me permito la primera persona por un instante para decir que conozco a Miriam Lewin hace más de veinte años y no tengo dudas de su capacidad y honestidad, pero tampoco de su convicción para defender la libertad de expresión contra los abusos del poder, sean estos gobiernos o empresas. Hablé con ella, para interiorizarme del proyecto, y me contó lo siguiente: “Nosotros empezamos a comunicar esta medida la semana pasada y nadie dijo nada. El viernes se hizo la presentación. Me entrevistan en un programa con un periodista de La Nación y Alejandro Alfie, conté la iniciativa y tampoco pasó nada. El domingo salió el diputado Waldo Wolff con un tuit y a partir de ahí, se desató el vendaval en contra del proyecto”.
“Fue una maniobra perfectamente diseñada para desinformar respecto de las verdaderas motivaciones de la iniciativa”.
“No somos unos locos que quieren armar un comisariado político para censurar gente, la Defensoría no tiene potestad sancionatoria, lo que pasa es que lamentablemente un sector de la oposición tomó el tema y lo está utilizando como una herramienta política”.
“Si hubo alguna desinteligencia respecto a lo que se quiso comunicar, tenemos una buena oportunidad de corregirlo”.
“Nodio tiene el aval del secretario de Medios y de la Jefatura de Gabinete y estamos dispuesto a seguir adelante con la ronda de consultas que teníamos prevista con diferentes asociaciones y grupos de la sociedad civil a quienes les comunicaremos los alcances de la idea y nos nutriremos de sus aportes”.
“Durante mis muchos años de periodista, jamás ataqué a ningún colega y eso que he trabajado con muchos con los que no tengo ninguna afinidad ideológica, pero las diferencias de criterio no deben ser obstáculo para construir una comunicación más democrática”.
“Hay una crítica respecto de lo que se denomina peyorativamente el periodismo militante y realmente no tiene nada de malo. De hecho, yo me considero una periodista militante, pero no de ningún partido, sino de una causa que es la de la defensa de la libertad de expresión y del buen periodismo”.
Entre espías se pisan la manguera
El otro episodio tuvo como protagonistas a los colegas de El Destape, un multimedio que ha hecho de la investigación periodística una sana costumbre. Creado y dirigido por Roberto Navarro, el grupo mediático cuenta con un portal en la web y una radio donde trabajan destacados colegas como es el caso de Ari Lijalad y Franco Mizrhi, entre otros.
Los tres periodistas fueron objeto de otra denuncia realizada por los diputados macristas Wolff (se anota en todas), Iglesias (también abonado de “Comodoro Pro”), Álvaro de Lamadrid y Jorge Enríquez. La acusación, obviamente manijeada por todos los medios del Grupo Clarín, es por difundir información vinculada a un libro de Actas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sin proteger la identidad de los agentes de inteligencia allí referidos. Navarro, Lijalad y Mizrahi son denunciados “por otorgar difusión pública a datos a los que accedieron en función de su profesión y cuyo secreto tenían obligación de guardar”. Lo interesante es que los “adalides” de la libertad que motorizan la causa, demandan a la prensa que se atenga a este principio, cuando en realidad los periodistas no tenemos obligación alguna de guardar información a la que accedemos. Es exactamente al revés. Nuestro deber ético es publicar la información que creemos relevante para que nuestros lectores, oyentes o televidentes estén informados. A lo único que debemos proteger es a nuestras fuentes.
Resulta curioso y a la vez contradictorio, que los mismos que judicializaron la política ahora pretendan judicializar al periodismo, atacando la libertad de expresión y el derecho a la información. Cuando un material es de interés público -y este lo es porque revela cómo se armó la estructura de persecución judicial a opositores durante el gobierno de Mauricio Macri a través del espionaje ilegal desplegado desde la propia AFI- no hay razón para no publicarlo.
El trío de mártires de la libertad de expresión son los verdaderos responsables de atentar contra el derecho a informar de El Destape, al denunciarlos con una evidente animosidad ideológica. Un apunte más: Wolff preside la Comisión de Libertad de Expresión de la cámara Baja y pretende censurar a un medio por vía judicial, un contrasentido desde todo punto de vista.
Y, por último, y no por ello menos importante: el propio diario Clarín publicó la misma información que el medio de Navarro. Sin embargo, los esbirros de Magnetto no se animaron a incluirlo en su denuncia, lo que corrobora la sospecha de que detrás de la maniobra, existe una clara intencionalidad política de amordazar a los medios que los molestan.
