Encima de humo y fuego, apriete. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la comisión de Derechos Humanos del Concejo Municipal de Rosario se interesaron expresamente por un caso de violencia institucional presuntamente cometido por personal policial de la delegación Islas del Charigüé. “Sin ningún tipo de orden de allanamiento se dirigieron al hogar de Mauro Aranda, a quien golpearon y lo amenazaron”, denunció la APDH, que se presentó en la Fiscalía de Victoria para pedir una “investigación objetiva, exhaustiva, integral e imparcial de los hechos” y “el debido resguardo de la seguridad del señor Aranda y su familia”. En paralelo, este martes en el cuerpo legislativo local dio testimonio la propia víctima, quien hace casi una década reside en las islas, a instancias de la concejala Jésica Pellegrini, para ratificar que sufrió un acto de intimidación, amenazas y hasta intento de violencia física por parte del jefe del destacamento policial.
Según Aranda , la noche del pasado viernes 16, el comisario de la Segunda Circunscripción de Islas, como se denomina al destacamento asentado en el Charigüé, reaccionó violentamente y lo amenazó cuando éste le recriminó haber ingresado sin autorización a su casa en el paraje Los Benitos. Por el hecho se presentó una denuncia penal en la Fiscalía de Victoria y se notificó a la Secretaría de Derechos Humanos de Paraná.
En ese marco, la concejala de Ciudad Futura lanzó la iniciativa para que el Concejo apruebe una declaración de preocupación por la situación de Aranda, pero también por otras que según trascendidos vienen ocurriendo entre los residentes de las islas, y en particular –por lo que se sabe hasta ahora– del Espinillo.
Dada la urgencia del tema, la titular de la comisión de Derechos Humanos, Susana Rueda, anunció que este jueves pedirá tratar sobre tablas el proyecto, es decir llevarlo al recinto –las sesiones son virtuales– sin despacho de comisión, lo que requiere de mayoría especial para su aprobación.
En tanto, el organismo de derechos humanos remarcó que el accionar policial “no es un hecho aislado”, y que la familia de Aranda –que recientemente tuvo un bebé– “ha sido víctima en reiteradas oportunidades de situaciones de amedrentamiento de similares características, ejecutados por quienes dicen ser «terratenientes» de las islas entrerrianas”.
“Ante la gravedad y el peligro inminente” la APDH formalizó el pedido de investigación de los hechos a la Fiscalía de Victoria: “Que un puñado de poderosos tenga en sus manos la continuidad del #humedal tal como hoy lo conocemos, atenta no sólo contra la naturaleza, sino directamente contra los derechos humanos, tal como lo establece el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional”, sostuvo la Asamblea.
“Este caso de #violencia policial que se desarrolla en el marco de un contexto de #ecocidio en las islas y tienen un fin determinado: proteger los intereses de los terratenientes, a quienes la presencia de las comunidades locales les interfiere para lograr sus objetivos ganaderos e inmobiliarios”, completó la APDH.
