Los análisis de especialistas en políticas criminal sobre las medidas que se implementan en materia de seguridad muchas veces no repercuten en la opinión pública, desesperanzada porque el límite de la violencia lesiva parece correrse siempre en detrimento de la calidad de vida de sus ciudadanos, quienes sienten a diario el dolor de los familiares de las víctimas.
Sin embargo, es necesario sumar voces de expertos que ayuden a hacer un llamado a que se involucren todos los poderes y niveles del Estado en problematizar sobre políticas públicas democráticas de corto, mediano y largo plazo, que hagan frente al fenómeno de la violencia que sufren cada día los rosarinos.
En 48 horas asesinaron a dos taxistas, balearon a un colectivero de la línea K que lucha por su vida, incendiaron un taxi y dispararon contra la comisaría 15ª. En este contexto se publicaron las fotos de una requisa en la cárcel de Piñero con «presos de alto perfil» sin remeras, esposados y sentados en el piso fuertemente custodiados, al estilo que popularizó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
“Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para restablecer la paz social”, fue la respuesta del ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, a la ola del terror y recibió el apoyo del gobierno nacional, el cual activó el Comité de Crisis para Rosario y prometió fuerzas federales con apoyo del Ejército en la logística.
En este marco, Enrique Font, profesor de Criminología y Política Criminal en Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario (UNR), analiza no sólo estas medidas sino las políticas de seguridad implementadas desde 2012 a la actualidad: alerta que el resultado es un vacío en materia de políticas de seguridad que se traduce en la amplificación de la violencia.
«Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para restablecer la paz social»
«Estamos frente a un contexto de violencia criminal desorganizada que tiene mucho más de expresivo que instrumental. Es una violencia que no busca sólo maximizar y organizar la rentabilidad, sino que tiene una función identitaria, dice quiénes son, y ese cartel también es funcional porque les permite recaudar a través de amenazas y extorsiones. En un contexto tan serio, volátil y consolidado que las medidas sean las de agravar las condiciones de detención no van a reducir el delito, lo que van a producir es el endurecimiento de la violencia. Esto ya fue probado en el gobierno de Antonio Bonfatti (2011-2015), cuando el ministro de seguridad era Raúl Lamberto: como no tuvieron otra respuesta crearon la División Judiciales para la megacausa Monos y fue contraproducente, porque la violencia aumentó», describió Font sobre esa repartición que fue disuelta luego -el mismo día del primer desembarco federal, en abril de 2014-, y muchos de esos policías fueron condenados por trabajar en favor de la banda rival del clan Cantero, la de Esteban Alvarado.
Condenaron a otro jefe policial como integrante de la banda de Esteban Alvarado
Para el experto en política criminal lo que se resalta en el fenómeno de la violencia del departamento Rosario es que no hubo ni hay política de seguridad durante esta última década, en la que reconoció algunos breves períodos de intentos de transformación, con mucha moderación, cuando estuvieron al frente de la cartera Daniel Cuenca (en el inicio del gobierno de Hermes Binner, 2007-2009) y Marcelo Sain (2019 a 2021, gestión Omar Perotti).
«Se endulzaron» con el efecto de las fotos a lo Bukele
Font volvió a repasar la historia reciente, cuando a finales de 2012 las estadísticas rondaban alrededor de los 90 homicidios anuales para el departamento Rosario y hubo una escalada que llegó a 264 crímenes en 2013, convirtiendo a la ciudad en la más violenta del país, luego en el podio que continúa y que en 2022 superó con 289 víctimas fatales.
«Rosario tiene una historia de la violencia que se remonta a esa época, cuando iban con las topadoras a tirar abajo un búnker, lo filmaban y repartían esas imágenes de espectacularidad a todos los medios de comunicación. Luego había una respuesta y venía la victimización para ubicarlos en un lugar de hipervillanos. Nunca hubo una intención de reformar la Policía, sino que cogobernaron», siguió Font para recordar que ya en diciembre pasado había advertido que iba a darse una ampliación de la violencia debido a que se consolidaban esas viejas recetas en materia de seguridad, luego de que el flamante gobernador Maximiliano Pullaro implementara el endurecimiento de las condiciones de detención para «presos de alto perfil».
Font analiza esas medidas junto a las últimas declaraciones del actual ministro de Seguridad, en las que redobla la apuesta con una mayor «mano dura» y sostiene que se pueden caracterizar en tres dimensiones: como contraproducentes, la segunda en la forma espectacular que se presenta como hipervillanos y superhéroes, mientras que en la tercera se enfoca el pasado del actual gobernador.
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«Hay muchas cosas preocupantes cuando Pullaro fue ministro y diputado. Como en el caso de Alejandro Druetta (por el ex jefe de Inteligencia región Sur de Drogas Peligrosas que terminó condenado a una década por narcotráfico), que lo hizo hacer carrera y en los ascensos estuvo sospechado pero nunca investigado. Lo hizo con José Luis Amaya (jefe de la Policía de Santa Fe en 2016) y el ex jefe de la Policía de Investigaciones por la misma época Daniel Corbellini, quienes fueron nombrados por Leonardo Peiti, el imputado colaborador en la causa de juego clandestino, pero esa acusación nunca prosperó. Este último ex jefe policial ahora está como asesor en el Ministerio de Educación», enumeró.
En ese sentido, el criminólogo advierte que en este contexto el gobierno no se enfocó en algo nuevo porque trabaja con esa Policía. «Mi explicación del circo mediático es que no hay políticas de seguridad, como pasó hasta ahora que no hubo reformas para que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tenga tasas de esclarecimiento de homicidios como Córdoba, 8 de 10, o Buenos Aires, 9 de 10, sino que tiene 4 o 5 cada 10. Tampoco hubo articulación con los municipios. Se hizo un circo con los presos de alto perfil para el electorado y pasaron dos cosas: fue aceptado mediáticamente bien y se endulzaron, lo empezaron a hacer todo el tiempo. Vieron que les rendía y no importaba la reacción como lo hizo Bonfatti porque los ubican en un lugar de supervillanos y, si reaccionan, viene bien para volver endurecer; y del otro lado también van a subir la apuesta». Un ejemplo para el criminólogo fue la balacera contra los dos colectivos que llevaban personal del Servicio Penitenciario de hace una semana, a la que luego se sumó la viralización de la foto a lo Bukele sobre la requisa en la cárcel de Piñero.
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«Vos me jodés y te paro la ciudad»
«El tema es que la opinión pública tras estos acontecimientos los cuestionó desde el punto de: vos hacés circo y se nos vuelve a nosotros. Porque no sólo se produjeron los últimos homicidios de los taxistas y el ataque al colectivero, sino que tampoco se detuvieron las balaceras, las extorsiones, las usurpaciones, también los penales están al borde del motín y no van a hacerlo los (presos) de alto perfil sino los que están más abajo».
Font remarca que este mecanismo es preocupante porque la espectacularización sin políticas públicas definidas en materia de seguridad hace que el Estado se degrade a competir en el terreno con las organizaciones criminales, porque las antagoniza y les levanta el cartel.
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«Están jugando a hacerse los Bukele contra bandas muy rústicas, fragmentadas y violentas, como son las conducciones del crimen organizado local. En una competencia mano a mano, éstas van a ganar, porque no tienen freno y el negocio es formidable. También porque son actores intercambiables rápidamente: si uno de los líderes va preso hay diez atrás esperando. También pasó algo con las víctimas de la violencia que ya no se limitan a los integrantes de las organizaciones, empezaron a asesinar personas para dar mensajes. No hay una investigación estratégica para bajar los niveles de violencia y se vio en la respuesta de esta semana: vos me jodés y te paro la ciudad».
Menos dispersión y más investigación
El profesor de la UNR instó a que el gobierno reconozca que son responsables de amplificar la violencia: «No hablo de negociar con las bandas sino de aplicar una investigación criminal inteligente. Vos podés poner los gendarmes que quieras pero no podés acaparar todo».
Para el criminólogo las nuevas medidas anunciadas en conjunto entre Nación y el gobierno de Santa Fe, en el marco de este Comité de Crisis como la llegada de más efectivos de las fuerzas federales y el apoyo de logística del Ejército, es similar a las que se aplican en una militarización.
«Se aplica cuando hay una falta de flujo de la información, que es la que permite intervenciones focalizadas. Entonces lo que hacés es armar estrategias de dispersión. Salís a pescar. Paro a mucha gente, hago allanamientos como los que hacen con la excusa del Plan Abre y después encuentran sólo una pistola calibre 22. La lógica de la seguridad democrática sería: primero tengo la información y después intervengo con allanamientos, detengo a los verdaderos responsables, lo que me da una legitimación social. Sin embargo tenemos un Poder Judicial deslegitimado como la Policía, por lo que no tenés dónde dirigir esos recursos. Entonces hacés más controles, más detenciones y estás perdido porque no tenés el control de la Policía y de la calle».
Por último, se refirió a otra de las decisiones del gobierno provincial, la de sacar a todos los policías de las comisarías para patrullajes. Tras reconocer que en cualquier ciudad del mundo necesita tener un número adecuado de uniformados en la calle, describió que una vez que llega a la cantidad base, si está por encima no cambia los resultados en materia de prevención.
«Esto ya fue estudiado en los 90 con la georreferenciación, al concluir que es muy esporádica la coincidencia en tiempo y espacio de la concreción de un delito con un patrullaje. Sí puede servir para brindar una sensación de tranquilidad. Una vez que se establece esa base, si el estilo de trabajo de ese policía es muy legítimo y honesto funciona como un servicio público, porque esa legitimidad genera mucha información que permite esclarecer hechos. A la vez, derivan en la disuasión del delito», cerró el criminólogo Font, para resaltar una opinión de lo que debería hacerse en lo inmediato: «Debería haber una discusión esencial para la construcción de acuerdo político que analice qué Policía tenemos, cómo trabaja, cómo está conducida y cómo participa en el mundo del delito, porque ya no es en el modo recaudatorio sino que hay retirados que están trabajando para las bandas».
