El ex jefe de Policía de la provincia Ricardo Daniel Cáceres fue sobreseído en una causa por enriquecimiento ilícito. La decisión fue dictada por el Juzgado de Instrucción 13º, a cargo de Delia Pagliari, que entendió que el patrimonio del uniformado se encuentra justificado con los ingresos que él y su familia obtuvieron en los últimos 32 años. La investigación en su contra se inició a través de un anónimo en febrero de 2009. En 2014, la pesquisa pasó a manos de la Justicia provincial, que lo citó a indagatoria. Finalmente, la jueza descartó la existencia del delito y dispuso el fin de la instrucción en su contra. A su vez, dispuso la remisión de copias al Ministerio de la Acusación para que se investigue el origen de la pesquisa en contra de Cáceres.
El mensaje anónimo
En el año 2009 un anónimo llegó por fax a la Unidad de Asuntos Internos. En el escrito se hacía referencia a la adquisición de un terreno en un barrio privado de una localidad aledaña a Rosario donde el uniformado se estaba levantando una casa y a la obtención de los bienes que poseía con supuestos ingresos ilícitos. Esta misiva generó una investigación administrativa que pasó a la justicia en el año 2014 con el fin de agilizar la pesquisa.
En la mira quedaron dos propiedades céntricas, una cochera, el terrero denunciado en la misiva y un automóvil. La causa tuvo varios condimentos, entre ellos un pedido fiscal de que la investigación pase al nuevo sistema, y un pedido de prescripción por parte del defensor. Planteos que fueron desechados. Finalmente Cáceres fue citado a indagatoria.
Pruebas
El ex jefe negó el hecho y ratificó la documentación que aportó sobre el origen de los bienes y un balance que realizó un contador de parte que explicó el avance de su patrimonio desde 1978 hasta el 2010. Su defensor solicitó el sobreseimiento y pidió que se investigue al personal de la Dirección Provincial de Asuntos Internos. Finalmente, la magistrada hizo lugar al pedido la semana pasada.
Patrimonio
Paliari sostuvo que el enriquecimiento ilícito se produce cuando un funcionario en ejercicio de su cargo público se enriquece patrimonialmente en forma apreciable e injustificada. Y sostuvo como elemento preponderante el requerimiento de justificación de ese patrimonio.
La jueza entendió que el cuadro probatorio está a cargo del requerido y en este caso logró comprobar que sus ingresos, que provienen de la explotación de un taxi, su sueldo como policías y el producido del negocio que explota su esposa, son proporcionales al patrimonio que posee.
A su vez, dispuso que se extraigan copias y se remitan al Ministerio Público de la Acusación para que se investigue la solicitud de la defensa, es decir el actuar del personal de Asuntos Internos en referencia a la denuncia anónima que dio lugar a la investigación sobre enriqueciemiento. Si llegara a lograr dar con la pista que llevó a la denuncia, se iniciaría una nueva causa judicial.
