El diputado nacional Fernando «Pino» Solanas denunció hoy a la presidenta Cristina Fernández y a los ex mandatarios Eduardo Duhalde y Carlos Menem por «incumplimiento de los deberes de funcionario público», a raíz de la concesión de la ruta marítima del Río Paraná.
Lo hizo al mediodía mediante un escrito de más de una veintena de carillas, en el que también denunció a los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido; y al de Economía, Amado Boudou; así como a los ex funcionarios Domingo Cavallo, Jorge Capitanich, Jorge Vanossi, y Jorge Remes Lenicov, entre otros.
Se trata de una contrato llevado a cabo en 1993 que tenía como fin mejorar la navegabilidad del Río Paraná, y que «a los dos años de firmado el contrato se renegoció».
De acuerdo con la denuncia esa renegociación se debió «a unos reclamos efectuados por (la concesionaria) Hidrovía S.A reconociéndose a favor de la empresa una serie de inadmisibles compensaciones que totalizaron la suma de 35 millones de dólares».
«Aquí ya nos encontramos con una clara violación de la ley para favorecer a una empresa privada», sostuvo Solanas. Además, señaló que en 1997 hubo una renegociación del contrato con la empresa, pero que fue «ilegal» ya que no se respetó las cláusulas del pliego original.
«Quizás suene mal hablar de una «política de Estado» respecto a la concesión de Hidrovía, pero no hay alternativas viendo como los sucesivos gobiernos desde 1995, accedieron a todas las pretensiones de la empresa, ajustando permanentemente las tarifas sin ningún estudio previo llevándolas a una dimensión que permitiría que el Estado Nacional se siguiera perjudicando en beneficio de un grupo de particulares que han seguido adelante con este inconcebible negociado», sostuvo Solanas.
Además, recordó que de la «concesión original para el dragado del Canal Mitre, se ha pasado a una ampliación de1100 kilómetros, con una simple renegociación del contrato original celebrado hace quince años, y licitado hace diecisiete».
Por último, sostuvo que de ese modo «se evitan todos los controles administrativos, el análisis de costos, la tasa de retorno y la rentabilidad del concesionario que sigue haciendo de las suyas con la permanente anuencia del gobierno nacional».
