El fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo la elevación a juicio oral de una causa en la que seis ex militares son acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad en el Batallón de Ingenieros de Combate 101, que pertenecía al área 132 del organigrama represivo diseñado durante la última dictadura cívico militar.
«Todos los ilícitos investigados constituyen graves violaciones a los derechos humanos, y como tales merecen ser considerados como crímenes de lesa humanidad, perpetrados en cumplimiento del plan sistemático de represión y exterminio instrumentado durante la última dictadura cívico militar», aseveró Di Lello, según publicó el sitio Fiscales, que depende de la Procuración General.
Los imputados son el ex coronel retirado, Antonio Federico Bossie; los extenientes coroneles Guillermo Aníbal Piccione y Omar Andrada; el ex subteniente Carlos Manuel Biglieri; el ex oficial inspector, Carlos Alberto Tuero, y el ex comisario, Juan Calixto Perizzotti.
Todos ellos están acusados por «privación ilegítima de la libertad agravada de 15 personas, torturas, allanamiento ilegal de sus viviendas, robo de muebles y objetos» en hechos ocurridos en 1976.
Entre las víctimas se encuentran afiliados al gremio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); integrantes de la agrupación sindical Felipe Vallese; militantes de la Juventud Peronista y de la organización Montoneros.
Las víctimas permanecieron en cautiverio y se las torturaba dentro de la comisaría Primera de San Nicolás, según se indicó en el requerimiento presentado por el Ministerio Público Fiscal.
En este marco, se tomó en consideración el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en el cual se confirmaron los procesamientos de Bossie, Andrada, Perizzotti y Tuero y se revocaron las faltas de mérito de Piccione y Bigliero.
Esa sentencia se señaló que hacia 1974, empezó en las vecinas localidades de Villa Constitución (Santa Fe), San Nicolás (Buenos Aires) y alrededores «un proceso de lucha de los trabajadores metalúrgicos contra la burocracia sindical de la UOM a través de huelgas, paros y tomas de fábricas» que desencadenó «la persecución de aquellos por parte del Ejército y de la policía».
Los imputados
El coronel retirado Bossie fue trasladado en diciembre de 1973 al Batallón de Ingenieros de Combate de la localidad de San Nicolás y en ese momento ocupaba el grado de capitán y cumplía funciones como Oficial de Operaciones e Inteligencia hasta diciembre de 1976, cuando fue trasladado a la ciudad de Buenos Aires. Para el fiscal, al ejercer un alto mando dentro del Área Militar 132, era él quien impartía las órdenes para que luego sus subalternos las ejecutasen.
Con respecto al teniente coronel retirado Piccione, para la época de los hechos poseía el grado de capitán y ejercía los cargos de oficial de Logística y oficial de Personal, al mismo tiempo que integraba la plana mayor del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de la ciudad de San Nicolás. Según la acusación, al ser jefe de Personal y Logística estaban bajo su responsabilidad “todos los detenidos que se capturaran y la disposición de los medios humanos y materiales (personal a disponer, armamentos, municiones, vehículos, combustible) con los que se efectivizaban los operativos”.
El teniente coronel retirado Andrada fue designado en ese puesto desde el 1º de enero de 1976 y fue reconocido por otras víctimas en las diversas causas tramitadas en la jurisdicción de San Nicolás. Con respecto al subteniente Carlos Manuel Biglieri, para 1976 se desempeñaba como jefe de la “Sección para Operaciones Subversivas” del Batallón de Ingenieros de Combate 101 y del Área Militar 132.
Por último, el oficial inspector Tuero estaba a cargo de la Comisaría Primera de la policía de la provincia de Buenos Aires y es la primera vez que será juzgado. De acuerdo al requerimiento, “se encuentra acreditado que casi todas las víctimas luego de ser secuestradas fueron trasladadas a la Comisaría Primera de San Nicolás, donde permanecieron cautivas y sufrieron interrogatorios bajo torturas”.
Por su parte, el comisario de la Policía de la provincia de Santa Fe Perizzotti estuvo a cargo de la Oficina de Coordinación dependiente del área 212 y de la Jefatura de la Guardia de Infantería Reforzada de la Unidad Regional I (URI) desde enero de 1977 hasta noviembre de 1983.
