Por Leonardo Castillo
La fiscal federal Paloma Ochoa dio ejecución a las primeras medidas de prueba destinadas a establecer si la quiebra del grupo económico Sasetru, orquestada durante la última dictadura cívico militar, debe investigarse como delito de lesa humanidad, en respuesta a un dictamen elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa).
La fiscal impulsa acciones para que se investiguen las responsabilidades que tuvieron en esos hechos los directivos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que formaban parte del gabinete del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez De Hoz.
A mediados de la década del ’70, Sasetru era la principal productora de alimentos del país con más de 10 mil empleados, diez establecimientos fabriles y presencia en ciudades de Europa y América que la consolidaron como la primera multinacional argentina.
Pero los funcionarios civiles del terrorismo de Estado la empujaron a una quiebra plagada de irregularidades que constituyó un despojo, según la denuncia que impulsa Jorge Salimei hijo, uno de los últimos directivos que tuvo este conglomerado de empresas.
En 2013, Salimei presentó una denuncia para que la quiebra de Sasetru se investigue como un delito de lesa humanidad, y en la actualidad es investigada por el Juzgado Federal Número 6.
A requerimiento de la Fiscalía Federal número 10, a cargo de Ochoa, que interviene en la causa, la Proculesa elaboró un dictamen que indica que se debe investigar si la sesión de las acciones del grupo se realizó «mediante intimidación contra la voluntad» de los directivos de la empresa.
En diciembre pasado, Proculesa -a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos- pidió en un dictamen que se investiguen «las detenciones ilegales» que sufrieron los directivos de la empresa y la «venta ilegítima» del Banco Internacional (BISA) –propiedad de Sasetru- al Bank of América por parte de funcionarios de la última dictadura militar.
En base a ese estudio, Ochoa elaboró una resolución emitida el pasado 17 de marzo, a la que accedió Télam, y en la cual se solicita que el BCRA le envíe toda la información sobre los libros contables del BISA, para establecer el precio real y el destino de esa venta.
Desde la querella que impulsa Salimei se afirma que la operatoria se pactó en 150 millones de dólares y que ese dinero «desapareció» el mismo día que se concretó la operatoria, el 27 de marzo de 1981.
Una de las hipótesis que se siguen en la causa es que la detención de los directivos de Sasetru y el BISA, ocurridas antes de la venta, tuvo el propósito de «quitarlos del medio» para fraguar una operatoria de transacción cuando en verdad se trataba de un despojo ejecutado con la complicidad de los directivos del BCRA.
Sasetru se constituyó en 1949 y su nombre era un acrónimo formado por las primeras letras de los apellidos de sus tres primeros socios, Jorge Salimei (padre), Ángel Seitún y Fermín Trucco Aguinaga.
Con los años expandió sus negocios en la industria del aceite y los alimentos: exportaba el 30 por ciento de las oleaginosas y el 20 por ciento de los cereales del país.
En 1975, en pleno «Rodrigazo», una megadevaluación determinada por el Gobierno de Isabel Perón, Salimei padre muere y su hijo Jorge debe tomar su lugar en la empresa con 20 años junto con sus otros dos socios.
A las pocas horas de haberse producido el golpe del 24 de marzo de 1976, la empresa comenzó a sufrir presiones por parte de los militares, que le ordenaron a los directivos entregarles los legajos de cada uno de los 256 delegados que había en Sasetru.
«Era mandarlos a la muerte. No lo podíamos hacer. Seitún habló con un coronel y le dijo que no hacía falta, que gente en la empresa no causaba problemas. Fue entonces cuando llamó (Guillermo) Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército, y le advirtió que ‘Si un solo trabajador causaba problemas, los íbamos a ir a buscar a ustedes’. Con esa presión arrancamos a trabajar con la dictadura», recordó Salimei hijo en dialogo con Télam.
Tras el golpe de Estado, la dictadura militar impuso un modelo de valorización financiera ejecutado por la gestión de Martínez de Hoz, que aumentó de forma exponencial la tasa de interés y tuvo un efecto devastador para las empresas que necesitaban financiación.
Para contener el aumento de precios, el equipo de Martínez de Hoz definió un instrumento que se conoció como «La Tablita» para calcular el porcentaje de la devaluación de la moneda argentina.
Sin embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de modo que el peso siguió sobrevaluado y el retraso de la paridad cambiaria afectó al sector exportador y tuvo un efecto demoledor para Sasetru.
La empresa entró en convocatoria y, desde el Banco Central, su vicedirector Alejandro Reynal, quien desde 1991 vive fuera del país, presionó para la creación de un fideicomiso conformado por «un club de bancos» que se haría cargo de la gestión de Sasetru.
Sin embargo, el verdadero objetivo era apropiarse despojar a Sasetru de unos de sus activos más importantes: el BISA, que fue obligado a endeudarse y a girar créditos a firmas vinculadas al Gobierno que nunca fueron cancelados.
El Banco Central y el Banco Provincia negaron financiación y a principios de 1981, la empresa con una deuda de más de 500 millones de dólares fue a la quiebra y obligada a vender el Internacional al Bank of América, en una operación por la cual Sasetru no percibió nada.
La operación se concretó días antes de que Reynal terminara su gestión en el Banco Central.
El Banco de Sasetru se vendió sin autorización del juez y con una maniobra por la cual no les quedó «ni un peso» a los propietarios del grupo, según contó el propio Salimei.
Tras la quiebra, 15 directivos de Sasetru fueron acusados de violar la ley de subversión económica, pero finalmente todos fueron sobreseídos en democracia, y la empresa cesó sus actividades.
Ochoa solicitó a la Unidad especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos con Motivación Económica de la Secretaría de Derechos Humanos que le remita todos los antecedentes que posee de la cesión de las acciones de Sasetru a un «comité de bancos» encabezado por Roberto Bullrich (entonces titular del BCRA), Reynal, Juan Ocampo (presidente del Banco Nación), Alberto Huergo (interventor del BISA nombrado por la dictadura) y Jorge Pedro Chirstenesen (representante de la banca privada en esa maniobra).
Gabriel Arriola era delegado de Sasetru e integrante del gremio de la alimentación, y más de 40 años de la desaparición del grupo, cree que con estas medidas solicitadas por Ochoa se inició el camino para «hacer justicia» con la quiebra de ese grupo.
«La quiebra fue un despojo y esperemos que se pueda hacer justicia. Era una empresa que participaba en las ganancias a todos sus trabajadores y su quiebra dejó a mucha gente en la calle. Hubo personas sin trabajo que a lo largo de todos estos años se fueron muriendo de angustia. Esperemos que la investigación avance», subrayó Arriola en declaraciones a Télam.
