Organizaciones ecologistas propusieron este viernes a los candidatos de las cinco fuerzas que compiten por la presidencia de la Nación incluir a la protección del medio ambiente como uno de los temas centrales del debate electoral de cara a las generales del 22 de octubre.
Evitar la degradación de los ecosistemas naturales, promover la restauración de ambientes y acelerar la transición energética hacia energías renovables, son algunos de los temas que las organizaciones ambientalistas incluyeron en el pedido enviado a los cinco postulantes a la Casa Rosada.
«Consideramos que quien asuma la presidencia en diciembre de 2023 debe impulsar y mejorar medidas que potencien el desarrollo sostenible de la sociedad», indica el documento que lleva las adhesiones de Fundación Humedales, Banco de Bosques, Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Jóvenes por el Clima, entre otras.
El escrito propone tener como ejes de debate en materia ambiental: mejorar la implementación de la Ley de Bosques nativos N° 26.331, con ampliación de superficie especialmente en la región chaqueña y detener la deforestación ilegal y sancionar una ley de presupuestos mínimos de diversidad biológica.
La lista de temas incluye además sancionar e implementar una ley de presupuestos mínimos para la conservación y uso sustentable de los humedales, el análisis de alternativas similares para los pastizales naturales, además de promover la prohibición del descarte en la actividad pesquera e impulsar una ley de gestión integral de residuos sólidos y de promoción de la economía circular.
Por otro lado, proponen actualizar las leyes de fomento a la ganadería ovina y caprina para garantizar el cumplimiento de la Ley de Conservación de la fauna, y controlar con mayor efectividad el uso racional de agroquímicos con transición al uso de bio insumos y productos agropecuarios con certificación ambiental.
A su vez, proponen incorporar en el código penal un título ambiental o sancionar una ley sobre delitos ambientales, que garantice el cumplimiento del «Acuerdo de Escazú» (de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia) en materia ambiental y de derechos humanos.
En relación a las actividades extractivas plantean desarrollar marcos regulatorios y protocolos que minimicen los impactos socio ambientales de este tipo de actividades, en especial en la minería de litio y la explotación de hidrocarburos.
Para ello, impulsan implementar una fuerte fiscalización gubernamental con participación de la sociedad civil y procurar el desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de las actividades extractivas de recursos naturales no renovables.
Con respecto al cambio climático, la sugerencia de las organizaciones ambientalistas es implementar una estrategia nacional de adaptación y mitigación al cambio climático para alcanzar el objetivo de la «carbono neutralidad» en 2050.
La estrategia incluye la transición energética justa con reducción de la dependencia a los hidrocarburos, el aumento de la participación de energías renovables en la matriz energética y la eficiencia energética.
Por último, plantean la implementación de una ley de energía distribuida y el cierre paulatino de centrales térmicas.
