El censo que organizaciones sociales realizaron previo al decreto firmado por el gobierno nacional que dispuso la creación del Certificado de Vivienda Familiar entregó en Rosario resultados reveladores. Según surge de ese relevamiento, sólo el 14 por ciento de los habitantes de las villas de la ciudad tiene un empleo en blanco. En tanto, el 40 por ciento de los menores de edad no recibe la Asignación Universal por Hijo.
Nacido del reclamo de distintas organizaciones sociales vinculadas con la problemática de la vivienda, y luego de la realización de la primera etapa de un censo nacional, el gobierno central firmó la semana pasada el decreto 358/17 en el que se dispone a crear un Certificado de Vivienda Familiar para entregar a los habitantes de 4.100 asentamientos irregulares de todo país. El certificado busca ser un documento público que legalice el domicilio de los habitantes de estos sectores. Las organizaciones sociales (como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular –CTEP–, Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa), junto a Cáritas y la ONG Techo, estuvieron a cargo del relevamiento, lo que permitió la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que estará bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe) y será la base sobre la que se sustentarán futuras políticas sociales. En ese marco, El Ciudadano tuvo acceso a datos preliminares reveladores que en los próximos días serán ampliados por los referentes de las organizaciones en conferencia de prensa.
En Rosario se censaron 17.397 hogares (un 80 por ciento del total previsto), en los cuales se relevaron a unas 66.800 personas. Es decir, hay promedio de 3,8 personas por unidad habitacional. “De movida esto permite desterrar la idea de que en estos sectores urbanos y sociales las familias son siempre muy numerosas”, explica uno de los coordinadores del relevamiento en la ciudad e integrante de la CTEP, Ignacio Rico.
En tanto, unas 7 mil viviendas no pudieron ser relevadas debido a que al momento de la visita no se encontraba nadie o el encuestador fue rechazado por el vecino. La proyección de este dato permite deducir que al menos unas 100 mil personas habitan en Rosario en asentamiento irregulares. Igualmente, el dato más impactante gira en torno de la situación laboral. El trabajo permitió constatar que sólo el 14 por ciento de los moradores en villas tiene trabajo en blanco. Así, se aguarda que el Certificado de Vivienda Familiar, que permitirá acreditar el domicilio en una calle autorizada, mejore sustancialmente esta situación. “Esto le va a permitir a todos algo tan básico como poner en un curriculum el lugar en donde viven. En épocas donde el trabajo no abunda tener esta posibilidad va a ser muy importante”, señala Rico. Con todo, el 45 por ciento de los habitantes de los asentamientos precarios son menores de edad. Y de ese total 40% no está recibiendo la Asignación Universal por Hijo. La cifra es muy alta. “Lo que sucede es que hay muchas personas que deberían gestionarla que no están registradas en ningún lado. No figuran en la Ansés y no tienen herramientas para poder tramitarla”, sostiene el integrante de la CTEP. Rico dijo que la creación del Certificado de Vivienda Familiar llega luego del “reclamo sostenido de organizaciones que vienen trabajando para la urbanización de los miles de asentamientos que hay en la ciudad y en la Argentina con el objetivo de lograr el acceso a los servicios de red de agua, electricidad y cloacas”. “Será una herramienta en el reclamo colectivo ante el Estado y exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales al no vivir en un barrio formalmente reconocido”, agregó.
Todos a favor de la medida
El legislador provincial del PRO Roy López Molina señaló que en Santa Fe son 333 los barrios que “no tienen todos los servicios como corresponde”.
“Hasta el momento no había un registro de cuántos asentamientos existían en la provincia, cuántas personas viven en ellos ni con qué servicios básicos cuentan o a qué programas sociales acceden”, aseguró el legislador de la fuerza que integra la gobernante alianza Cambiemos. Tras eso explicó que el certificado será emitido por la Ansés y permitirá tramitar Cuit, Cuil, realizar peticiones ante todos los organismos públicos y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas. “Además, se creará un registro de los barrios que se encuentren en pleno proceso de integración urbana”, destacó el referente de Cambiemos. “El relevamiento tiene un carácter histórico, como así también el trabajo en conjunto con los distintos movimientos sociales”, finalizó Roy López Molina.
