Detrás de la contienda mediática existe un sector del campo que representa a los pequeños productores y visibiliza un problema estructural en el ámbito rural. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) expone la situación de casi 13 mil familias argentinas de pequeños productores que deben destinar el grueso de su rentabilidad a alquilar un terreno en el marco de contratos irregulares.
Una simple manifestación pública reflotó un mito que se desploma con el peso de algunos datos. De las 16 mil familias que integran la UTT, el 80% aún debe arrendar los terrenos sobre los que producen. Se trata de una de las organizaciones más representativas de la agricultura familiar en todo el país.
Muchos de los que la integran eligen conformar grupos familiares para afrontar el alquiler de una hectárea que puede llegar a 5 mil pesos mensuales en la provincia de Santa Fe. Aunque la lógica instalada pide mandar a los pobres a trabajar al campo, la realidad expone que acceder a tierras con fines productivos no es una mera cuestión de voluntad.
Cientos de miles de pequeños productores disponen apenas del 13% de las tierras cultivables del país, sujetos a las variables especulativas que determinan el valor de un alquiler. Aun así producen el 60% de alimentos para el territorio nacional según consignan desde la UTT.
El proyecto de ley de Acceso a Tierras discutido en 2018, intenta institucionalizar una posibilidad para el sector a través de créditos blandos que permitan financiar la compra de terrenos. El nuevo titular de la secretaría de Agricultura Familiar, expuso que este tema es prioridad en su gestión
Acceso restringido
Agustín Suarez es coordinador de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), una de las organizaciones más representativas a nivel nacional de la agricultura familiar. Reconocidos por llevar a las puertas del Congreso de la Nación el famoso “verdurazo” y parte de los sectores que impulsaron el proyecto de Acceso a Tierras.
El referente detalló a El Ciudadano que hay 16 mil familias a lo largo y a lo ancho del territorio que sostienen la estructura de la organización. “El 80% de esos productores que generan alimentos no tienen posibilidad de tierra propia, sino que la arriendan”, explicó.
Sujetas a las condiciones especulativas que establecen los contratos de alquiler, las familias se agrupan para acceder a las tierras con fines productivos. “Lo que se cooperativiza es la maquinaria, los galpones para el proceso productivo y la compra de insumos”, agregó Suárez.
Ante esta realidad desde la UTT impulsaron en 2018 la ley de Acceso a Tierras a partir de dos ejes. En primer lugar, el texto propone otorgar créditos blandos destinados a la compra de terrenos. Por otra parte piden discutir sobre las tierras que son propiedad del Estado y se encuentran en desuso. El proyecto naufragó en Diputados y nunca llegó al Senado.
“Nosotros proponemos que parte de esa tierra pueda quedar en manos de pequeños productores para que el productor pueda vivir dignamente y producir alimentos agroecológicos, sanos y a precios populares”, explicó.
El dilema del arrendamiento
El referente de la UTT en Santa Fe, Federico Di Pasquale, amplió sobre las irregularidades en los contratos de arrendamientos. Por empezar explicó que “no hay ninguna política pública para diferenciar que el terreno puede ser productivo o vendido para otros fines especulativos”.
En tanto, agregó que existe “una forma liberal de llevar adelante el acuerdo entre las partes”, ya que no existen organismos que regulen los contratos entre productor y propietario. Actualmente los productores de la agricultura familiar deben resignar buena parte de su rentabilidad a este compromiso (ver aparte).
“Hay casos de aumentos por parte de propietarios de manera arbitraria a la mitad del contrato”, contó Di Pasquale. Esta situación prevalece en detrimento de los pequeños productores.
Cambiar la lógica del sector
Por su parte, el flamante titular de la secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Miguel Gómez, señaló ante El Ciudadano la necesidad de “cambiar la lógica del esquema que se venía desarrollando para el sector, y comenzar a planificar también el uso y la tenencia de la tierra”.
El referente del Frente Agrario Evita, que llegó a la secretaría dependiente del Ministerio de Agricultura, consideró estratégica la discusión sobre la ley de Acceso a Tierra y prioritaria la modificación en la ley de Arrendamientos.
“Es nuestra responsabilidad diseñar las herramientas legislativas que permitan generar posibilidades de acceso a la tierra, poniendo el eje en el desarrollo de pequeños pueblos y comunidades”, aseguró. A su vez, reconoció que reglamentar esa ley es uno de los primeros objetivos.
En relación a los alquileres, Gómez consideró que actualmente existe una ley “anticuada sin relación con la estructura productiva actual”. En ese sentido, sostuvo: “El arrendamiento en la agricultura familiar es el primer factor que perjudica al productor y en última instancia perjudica al consumidor, que tiene que pagar un producto mucho más caro”.
Ante esta realidad trazó como primer objetivo a futuro “generar herramientas para que el acceso a la tierra, en todas sus formas, sea una posibilidad viable para cualquier familia y habitante de la Argentina”
La realidad en Santa Fe
El coordinador de la UTT en Santa Fe, Federico Di Pasquale, comentó sobre el despliegue de la organización en la provincia. En el cinturón frutihortícola de la zona de Monte Vera hay 150 familias de productores y productoras que vuelcan sus productos al mercado a través de la venta tradicional, licitaciones públicas del Estado y distintas ferias.
Las dificultades para acceder a los terrenos y las irregularidades a las que están expuestos para sostener los contratos es una réplica de lo que sucede en el resto del país. Di Pasquale explicó que el arrendamiento en la zona llega a los 6 mil pesos mensuales por hectárea dependiendo de la ubicación.
Ante las dificultades que presenta la estructuralidad rural para los pequeños productores, desde el sector buscan la manera de organizarse para sostener la actividad. En ese sentido, el coordinador regional explicó que entre dos o tres familias se agrupan para trabajar sobre la misma hectárea y compartir los gastos. “Suelen alquilar una hectárea o más conformando unidades productivas populares entre más de una familia”, aseguró Di Pasquale.
