A un año de que estallara el conflicto, algunas cosas parecen comenzar a encaminarse en Paraná Metal. Según confirmaron a este medio desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, la autopartista pasará definitivamente a manos del grupo M&S, vinculado al empresario Cristóbal López, quien tenía que definir este mes si se quedaba o no con la firma. En concreto, desde el sindicato plantearon que el grupo les ratificó la idea de hacer uso de la opción de compra, aunque pidieron algunos días más de plazo para terminar de ajustar algunos detalles con los actuales dueños de la planta industrial. Ahora, la cuestión más conflictiva por definir una vez que se concrete el traspaso será la del personal con que seguirá trabajando la compañía, ya que en el sindicato reconocen que existiría la intención de los nuevos dueños de abrir un listado de retiros voluntarios con el que aspirarían a reducir a la mitad, con 430 alejamientos, los puestos de trabajo.
En diálogo con El Ciudadano, el secretario de organización de la UOM de Villa Constitución, Leandro Del Greco, destacó como un hecho importante que el grupo empresario ratificara “la decisión de hacer uso de la opción de compra; ya que definió que han decidido quedarse con la empresa”, dijo. “Durante todo el año, y en todo momento, desde la empresa estuvieron haciendo evaluaciones para ver si se llegaba a esta decisión, y finalmente se dio”, explicó luego del gremialista.
En torno a por qué todavía no está la confirmación oficial de la adquisición, el dirigente aclaró que los empresarios pidieron algunos días más de plazo para terminar de ajustar algunos detalles con los actuales dueños. “Seguramente tiene que ver con cuestiones legales que quedan por resolver”, sostuvo Del Greco.
De acuerdo a lo que se había previsto desde hace tiempo, el próximo 28 de febrero es la fecha en la que trabajadores y patronal deben sentarse a discutir salarios, siempre en relación al acuerdo que permitió la continuidad del trabajo en la planta. Del Greco le confió a este medio que aprovecharán esas audiencias con los nuevos patrones para intentar negociar acuerdos más amplios que tendrían que ver también con esquemas de trabajo y distribución del personal. “La idea va a ser discutir las subas salariales, pero ahora también vamos a poner todo arriba de la mesa. Vamos a hablar de las suspensiones y adecuaciones que quieren realizar también”, explicó el gremialista. Por todo ello es que quieren reunirse “lo antes posible” con los futuros dueños, para llegar con el mayor nivel de entendimiento a las reuniones en la sede de la cartera laboral nacional.
En rigor, lo que plantea Del Greco está vinculado con la existencia de cierta preocupación entre el personal por las versiones sobre la intención de Cristóbal López –empresario vinculado al kirchnerismo y uno de los dueños del complejo City Center en Rosario– de abrir un listado de retiros voluntarios con el que aspirarían a reducir 430 puestos de trabajo. Según los cálculos que hacen en la firma, ése es el reajuste que debería implementarse para producir de manera eficiente las 1.700 toneladas mensuales de autopartes previstas para el año que viene. Antes de que estallara el conflicto, en diciembre del año pasado, la compañía contaban con algo más de mil empleados trabajando diariamente, los cuales producían, previo a la crisis financiera internacional, alrededor de 3.600 toneladas mensuales.
“Nosotros no podemos poner obstáculos si un compañero quiere acogerse al retiro voluntario. En la medida que eso realmente sea así, y no sea algo forzado, nosotros no vamos a oponernos a que alguien quiera tomarlo. Lo que si está claro es que nosotros de ninguna manera vamos a negociar despidos. Los puestos de trabajo los vamos a defender”, sostuvo Del Greco. Si bien el dirigente está al tanto de los planes de Cristóbal López, igualmente aclaró que el empresario no puso ninguna condición previa para hacerse cargo definitivamente de la empresa.
El sindicalista también destacó que debe apoyarse, ante la grave situación financiera, que alguien “vaya para adelante” con la empresa.
Paraná Metal arrastra por estas horas un abultado pasivo de 50 millones de pesos y entró en concurso de acreedores a fin del año pasado. Actualmente la firma se encuentra funcionando con suspensiones rotativas de personal, con el pago del 30 por ciento de los sueldos y se mantuvo durante todo el año el subsidio de 600 pesos que el Ministerio de Trabajo aporta por cada operario para complementar los ingresos totales, mas conocido como Repro.