Según el relevamiento que lleva adelante la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, en Rosario sólo hay 130 administradores de consorcios inscriptos en el Registro Público local que regula la actividad y que se abrió hace dos años y medio. La cifra es aún muy baja si se tiene en cuenta que existen entre 600 y 700 agentes que ejercen. El dato marca así la escasa voluntad que existe en el sector de adecuarse a la legislación vigente. A la par, las denuncias de propietarios e inquilinos crecen.
La ordenanza que creó en la ciudad el Registro Público de Administradores de Consorcios se sancionó en diciembre de 2012 y se reglamentó en marzo del año siguiente. Con ella se buscó poner orden en una actividad que nunca estuvo regulada y fue creciendo con el correr de los años: según estimaciones oficiales, más de la mitad de los rosarinos ya habita en edificios o en propiedades horizontales.
La normativa señala que todos los agentes deben estar inscriptos. Sólo quedaron exceptuadas aquellas personas físicas que administran de manera gratuita el consorcio del edificio en el que viven –modalidad que es usual en pequeños conjuntos de viviendas como departamentos de pasillo y edificios que, por ejemplo, no cuentan con ascensores– y que no tengan a su cargo más de un edificio.
Desde la Oficina de Defensa al Consumidor explican que con la creación del Registro se busca, entre otras cosas, que los propietarios de departamentos puedan tener acceso a los agentes habilitados y transparentar así la relación entre las partes, además de colaborar en la resolución de conflictos.
“Hoy, eso lo hacemos mediante la intermediación telefónica o la posibilidad de realizar audiencias de conciliación. La Municipalidad no se inmiscuye ni se va a meter en cuestiones como las revocaciones o ratificaciones de mandatos de los administradores. Eso sigue en manos de los consorcistas”, explicó Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda de Defensa al Consumidor.
Para quedar inscriptos en el registro, los administradores deben presentar certificados de que no se encuentran inhibidos judicialmente para realizar actividades comerciales, y de buena conducta; informes expedidos por el Registro de Procesos y por el Registro Nacional de Reincidencia; constancia de inscripción en Ingresos Brutos y fotocopias de comprobantes de que se encuentran al día en sus obligaciones previsionales e impositivas, tanto de los titulares como del personal contratado que reviste en las agencias.
Sin embargo, son muy pocos los habilitados y quienes decidieron iniciar el trámite.
Si se tiene en cuenta que hay entre 600 y 700 agentes que ejercen la actividad en Rosario, que haya apenas 130 que regularizaron su situación (otros 100 ya presentaron sus carpetas y están en ese proceso) marca la escasa voluntad de adecuarse a las leyes.
A la par, las denuncias contra los administradores en Defensa al Consumidor crecieron significativamente en los últimos años: hasta 2009 casi no se recibían presentaciones, mientras que en 2013 hubo 133.
Desde la Federación Argentina de Consorcios remarcaron que las quejas más usuales son por mala liquidación de las expensas y rendición de cuentas.
D’Orazio avaló ese dato y entregó algunos más. Dijo que también hay varios planteos por falta de cumplimiento en las convocatorias a asambleas anuales. “Por ejemplo, tenemos el caso de un edificio en el que tuvieron que esperar 12 años para un llamado a esa reunión ordinaria. Y en muchos otros se ha llegado hasta seis años”, contó el funcionario.
También son habituales las denuncias por falta de mantenimiento de espacios comunes y obras necesarias que no se realizan, que en muchos casos han derivado, por ejemplo, en la interrupción del servicio de gas.
A juicio para detener el registro
Al poco tiempo de que la ordenanza municipal que creó el Registro Público se reglamentara, la Cámara de Propiedad Horizontal de la provincia presentó un recurso de amparo con el fin de detener el proceso de inscripción de los administradores de edificios.
En una primera instancia, la Justicia rechazó esa solicitud, pero luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo dio curso a la medida cautelar. Esta decisión judicial sólo favorece a los miembros de esa entidad que, en rigor, tiene escasa representación, ya que agrupa a muy pocos administradores.
Según la delegación local de la Federación Argentina de Consorcios, sólo están adheridos en Rosario a la Cámara de Propiedad Horizontal entre 115 y 120 administradores.
No quieren pagar
Según explican desde la Oficina local de Defensa al Consumidor, la falta de regulación a la que están sometidos los administradores que no están registrados hace que el rubro también tenga alto nivel de evasión tributaria. Al tener que contar con habilitación municipal, los administradores quedarían automáticamente gravados por el Registro de Derecho de Inspección (Drei), otro motivo por el cual se rehúsan a inscribirse.
