Gabriela Sosa, referente de Libres del Sur, encabeza una de las nóminas de precandidatos a diputados provinciales que competirá en la interna del Frente Progresista Cívico y Social. “En la lista que encabeza Antonio Bonfatti no tuvimos lugar porque básicamente la prioridad fue un acuerdo entre el radicalismo y socialismo. En función de eso, nosotros apostamos también a mostrar nuestra identidad partidaria”, expresó la dirigente y agregó: “A esa lista le falta un componente de características como la nuestra, que busca profundizar los debates, profundizar algunas políticas de la gestión, que incluso es crítica de algunos temas y creemos que podemos expresarlo con una lista propia”.
En diálogo con El Ciudadano, Sosa indicó sobre el objetivo de Libres del Sur con esta iniciativa: “Es sacar un número de votos que nos permita ingresar a la lista de las elecciones generales pero también hacer más conocida nuestra propuesta política en el interior de la provincia”. A pesar de la diferenciación en Diputados, el espacio apoya la precandidatura a gobernador de Miguel Lifschitz.
—¿Qué proyectos puede aportar Libres del Sur al FPCyS?
—Por un lado, creemos que está ausente el debate de género de igualdad entre varones y mujeres en todas las propuestas políticas que se presentan a estas elecciones. No escuchamos propuestas que apunten con iniciativas concretas a la igualdad entre varones y mujeres. Creemos necesario hacer una inversión fuerte en temáticas como la violencia de género, ya que en la provincia todavía es acotada, tenemos las direcciones de políticas de género subsumidas a lugares de poca jerarquía, por lo tanto nos interesa impulsar en la Cámara la creación de un Ministerio de las Mujeres. Hay experiencias similares en otros países de Latinoamérica pero en Argentina ningún signo político dio jerarquía a las políticas de género.
El otro aporte está destinado a poder discutir la seguridad, que seguramente es el tema que todos los candidatos plantean, lo que no se plantea es el respeto de los derechos humanos en el marco de la garantía de la seguridad. Es importante que así como hay un proceso de rediscusión y reforma de las agencias de seguridad pública, que esos nuevos agentes con nuevos paradigmas respeten los derechos humanos. La experiencia del paso de Gendarmería o lo que aun se vive en los barrios de Rosario indica que todavía hay muchas prácticas de las viejas policías que se llevan puestos los derechos de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Y también apelar a la participación ciudadana a la hora de pensar seguridad. Un barrio con poca iluminación es un barrio inseguro, un barrio con un espacio público que no pueda ser ocupado por actividades comunitarias, es también un barrio inseguro. El debate es mucho más complejo que “más policía”.
Por otro lado, dar un debate profundo en relación al modelo productivo atravesado por la garantía del cuidado de la salud y del ambiente. En la provincia cada vez más hay situaciones donde la cuestión de la salud comienza a ponerse en juego de la mano de un modelo productivo que no logra que las leyes que conquistamos se puedan hacer efectivas. Hay límites a la hora de que se garantice la no fumigación cerca de las poblaciones, e incluso cuestiones más cotidianas, como la limpieza de un barrio y el agua potable. Un modelo productivo en una provincia con características agropecuarias, donde hay cultivos de soja muy masivos, tiene que garantizar un control sobre las leyes pero al mismo tiempo poner en debate que es necesario profundizar ese tipo de medidas para cuidar a la población. Hay localidades donde el agua no se consume, donde las comunas reparten agua porque genera daño a la gente.
—Como fuerza progresista, no tener una buena performance en el tema seguridad ¿les preocupa?
—Venimos de la izquierda nacional, para la izquierda siempre ha sido muy complejo abordar propuestas concretas para las situaciones de inseguridad. En ese sentido, desde Libres del Sur hemos avanzado muchísimo en pensar cuáles son los orígenes de esta violencia social. Me parece muy interesante el proceso de Santa Fe, que tomó experiencias latinoamericanas para poder dar no sólo una vía para abordar el tema de seguridad. Es necesario repensar las fuerzas de seguridad, pero a la par es necesario poder generar un fuerte impulso de inversión en políticas sociales. Descreo de las fórmulas que tengan que ver con sanciones penales para acabar con la seguridad. Es más, creo en que una política de seguridad debe incorporar la reforma del sistema penitenciario para convertirlo en un sistema que garantice derechos y no que reproduzca la violencia. Estadísticamente quienes participaron de experiencias culturales, educativas, de formación en los penales federales y provinciales, tienen un 1 por ciento de reincidencia en el delito.