La investigación judicial sobre los incendios en las islas del Delta del río Paraná podría tener un viraje con el avance del análisis que al respecto está llevando adelante la Unidad de Información Financiera (UIF) que considera al respecto las intenciones de “beneficios económicos” detrás de los sucesos ocurridos en el sur de la provincia de Entre Ríos, señalando como uno de los principales responsables a la productora de jugos Baggio.
La denuncia contra la familia propietaria de la conocida empresa alimenticia está radicada en el Juzgado Federal n°1 de Paraná a cargo de Daniel Alonso, quien reemplazó a Leandro Ríos.
En el expediente se investiga la quema intencional de pastizales en el Alto Delta del Rio Paraná y la presencia del delito de asociación ilícita calificada con la finalidad de llevar adelante dichos incendios.
El organismo antilavado trabaja con la hipótesis de que detrás de la quema de pastizales en el Alto Delta del Rio Paraná subyace la presencia del delito de lavado de activos, en tanto y en cuanto “dichos focos ígneos habrían sido intencionales y tenido por finalidad la creación de beneficios económicos de índole agrícola, ganadera o inmobiliaria”.
Al respecto, cabe recordar que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, formuló declaraciones de crítica en el mismo sentido y cuestionó que miembros del Poder Judicial estaban “durmiendo la siesta”, mientras se producían los incendios en esa y otras zonas del país.
Para la UIF, la quema de los pastizales habría generado un plusvalor económico delictivo que provocó el aumento del precio de las propiedades incendiadas en beneficio de sus titulares.
Tras la imposibilidad de desentrañar una vinculación clara entre la motivación agro-ganadera y el actuar de los investigados, la UIF planteó una nueva hipótesis investigativa.
En ese sentido, fuentes cercanas a la entidad sostienen que “resulta importante analizar que muchos de los propietarios poseen sus terrenos intrusados e intentan venderlos hace por lo menos tres años”.
En consecuencia, se solicitó a la investigación medidas que permitan establecer estos vínculos y lograr de esto modo condenas que logren poner freno a los incendios provocados.
La intervención de la UIF busca reencausar la pesquisa bajo una perspectiva económica que direccione la investigación hacia el provecho ilícito buscado a través de estos delitos ambientales, y orientando la lucha contra el lavado hacia los delitos precedentes, conforme a los nuevos lineamientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Por otra parte, el juez Alonso tuvo días atrás un enfrentamiento verbal con el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, quien dentro de la causa se había presentado como querellante.
Al respecto, Alonso acusó de no haber aportado «absolutamente nada a la causa que la misma Municipalidad iniciara», a lo que el jefe comunal respondió que aportó “todos estos elementos a la causa».
«¿No es acaso su función de juez investigar dicho material aportado además de lo que usted debería haber producido? ¿O de esto también me tengo que encargar yo?», replicó Javkin.
