Algunos de los referentes del Poder Judicial en la Argentina están impulsando foros de debate a lo largo del país que denominaron “Justicia Legítima”. Iniciada en Buenos Aires, la acción pretende extenderse y, por esto, se realizó ayer en Rosario, en la Facultad de Derecho de la UNR, con la participación de, entre otros, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien en una entrevista con El Ciudadano dejó su opinión acerca de dicho espacio, así como del proyecto de reforma judicial que en este momento se discute en el Congreso nacional.
—¿A qué apuntan con estos foros de debate denominadas “Justicia Legítima”?
—La característica de “Justicia Legítima” es que intenta ser un movimiento que no se limite a los jueces y defensores federales y se quede en la Capital Federal, sino que sea un movimiento que reúna a todos los procuradores generales de las provincias de todo el país. Tampoco queremos que se limite a los operadores judiciales sino que pueda abrirse a todas aquellas personas que estén interesadas en mejorar el funcionamiento de la Justicia.
—¿Qué opina de la consigna de la manifestación de anteayer sobre el “avasallamiento institucional”?
—No mezclemos las cosas porque no tiene nada que ver “Justicia Legítima” con los proyectos que envió a la Legislatura el Poder Ejecutivo para democratizar la justicia. En primer lugar, “Justicia Legítima” apoya en términos generales, sin embargo, nosotros somos un colectivo donde hay gente que apoya íntegramente los proyectos, otros adhieren de manera parcial o con algunas críticas. En segundo lugar, yo quisiera saber cuántas de las personas que estaban marchando (el jueves) leyeron los proyectos. Esto es peligroso. Todas las críticas que escuché a los proyectos me demuestran que esas personas no los habían leído. Entonces, vayamos proyecto por proyecto y veamos si estamos de acuerdo o no, pero no dramaticemos, no digamos que se va a caer la República. Además, quisiera que me expliquen por qué están en contra del ingreso mediante examen. Lo mismo ocurre con la publicación de las declaraciones juradas. Nosotros dimos objeciones graves que podían llegar a perjudicar a los sectores vulnerables, desde el proyecto de medidas cautelares. A mí no me gusta que se diga: “Este proyecto está mal porque lo mandó este gobierno y yo no lo quiero”.
—¿Cuáles son los puntos más conflictivos de esta reforma?
—Las “medidas cautelares”. ¿Por qué?, no porque esté mal el concepto de ponerle un límite al avance de las corporaciones, pero sí porque esto puede ser usado contra los sectores más vulnerables. Faltaba ampliar el elenco de excepciones sobre este punto. Pienso que esto está solucionado. El gran conflicto es el Consejo de la Magistratura. Hay temas donde no voy a abundar porque no tengo una posición definida, tendría que ver materialmente cómo se va a realizar la elección popular. Me parece difícil ir en contra de una elección popular desde el punto de vista de salvaguardar la República. Hay otras cosas que generaron una irritación terrible. Que no maneje el presupuesto judicial la Corte Suprema, sino que administre el Concejo de la Magistratura, esto es una medida que atrasa, porque esto se resolvió hace 20 años. Esto lo dice el artículo 114 de la Constitución de la reforma de 1994. Esto no se puede seguir discutiendo y si no estamos de acuerdo con la Constitución y no queremos que se aplique aquello que dice esa Carta, estamos en un problema.
—Si sus miembros los determinan las mayorías por elección, ¿no está el peligro que queden minorías sometidas a los intereses de las mayorías?
—Estamos hablando de un órgano político que siempre tiene una mayoría y una minoría. No conozco la letra fina y además hay que ver cómo se reglamenta. Pero la pregunta es ¿cuál es la propuesta alternativa? Porque si es que las cosas se queden como están, yo no estoy de acuerdo.
—¿Qué reformas harían falta que usted ve que no aparecen en los proyectos?
—Primero un cambio cultural profundo. Hay que tender a cambiar la mentalidad de los jueces para que se den cuenta que antes que un poder son un servicio público y que estén más cerca y más al servicio de la gente. El grave defecto del funcionamiento actual de la administración de justicia es que no es protectora de los derechos de los más vulnerables. Otras dos reformas fundamentales son el cambio de procedimientos. Hay que cambiar todo el procedimiento civil y todo el procedimiento penal. Se tiene que incorporar la oralización en todos los conflictos laborales, civiles y penales.
—La oposición habla justamente del poder corporativo que se puede crear. ¿Usted qué piensa?
—La oposición viene justamente por el temor de perder privilegios. Yo no sé si es cierto que eso pueda llegar a pasar pero sí sé que el temor es perder privilegios, a tener que pagar el impuesto a las ganancias, temor a tener un sistema muy estricto de control. El Poder Judicial durante mucho tiempo se acostumbró a no ser transparente. Ser transparente genera temor.
