Venezuela denunció ayer ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que “algunas cuentas de misiones diplomáticas” del país caribeño “fueron bloqueadas” en Estados Unidos y sostuvo que las sanciones impuestas recientemente por este país “preceden intervenciones militares, económicas y políticas”. Por su lado, Washington negó las acusaciones y aseguró que no está buscando “desestabilizar” al gobierno venezolano.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez denunció: “Tenemos pruebas, tenemos comunicaciones de bancos donde nos informan que nuestras cuentas han sido bloqueadas”.
Rodríguez y el representante interino estadounidense ante la OEA, Michael Fitzpatrick, fueron los principales disertantes de la sesión extraordinaria que el Consejo Permanente del organismo realizó ayer para analizar la situación derivada del decreto de Washington, del 9 de marzo pasado, que declaró a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria” a su seguridad e impuso sanciones económicas y migratorias a siete funcionarios venezolanos.
Rodríguez advirtió que “el pueblo de Venezuela no va a permitir que se violente ni su soberanía política, ni su soberanía económica, cultural ni ningún tipo de soberanía”, y reclamó “un diálogo en condiciones de respeto e igualdad”.
En tanto, para el delegado estadounidense Fitzpatrick la decisión adoptada por el presidente Barack Hussein Obama fue “mal interpretada”. “No estamos preparando una intervención militar, no estamos buscando desestabilizar o derrocar al gobierno de (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro, no estamos participando de una conspiración internacional para dañar la economía venezolana o a su pueblo; somos el mayor socio comercial de Venezuela”, subrayó.
Además, consideró que la sanción a Venezuela “debe considerarse como un derecho soberano que se ejerce para proteger las prerrogativas migratorias en Estados Unidos y al sistema financiero contra inversionistas no deseados y su dinero”.
“Lo que buscamos es prevenir que individuos venezolanos que creemos que violaron los derechos humanos de otros venezolanos viajen a Estados Unidos o estacionen su dinero en nuestro sistema financiero, así de simple”, indicó.
Y opinó que Estados Unidos “no creó los problemas que confronta Venezuela y no podemos resolverlos”. Sin embargo, dijo que su país está predispuesto a un “diálogo respetuoso” con Caracas.
Timerman pide a la Casa Blanca que deje sin efecto la medida
Tras escuchar las intervenciones de Delcy Rodríguez, y de Michael Fitzpatrick, el canciller argentino, Héctor Timerman, aseguró que lo “tranquilizó” saber que para la administración Obama, Venezuela “no es una amenaza”, por lo que reclamó que Estados Unidos dé “el primer paso” y deje sin efecto “una medida tan drástica” como el decreto del 9 de marzo.
El canciller, llamó a los presentes a “no olvidar la historia” regional y mencionó la relación entre Cuba y Estados Unidos que “comenzaron un diálogo que demuestra el fracaso de una política de aislamiento que lleva 50 años”, habiendo logrado avanzar “en pocos meses todo lo que no se logró” en medio siglo.
Por otro lado, sostuvo que “cuando Estados Unidos emite dictámenes sobre los demás países debería tener en cuenta que existen organismos como los de la OEA donde deberían ser planteados si se siente amenazado por otro país miembro”. En ese sentido, Timerman sugirió que “si un país tiene algún problema con otro país en vez de tomar medidas unilaterales basado en su poderío económico, financiero o militar, sea traído ese problema a la OEA”.
Maduro propone a Quito en Comisión Negociadora
El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció ayer que aceptó la conformación de una comisión de cancilleres latinoamericanos que facilite un diálogo con Estados Unidos y propuso que sea encabezada por Ecuador. También informó que comenzó una campaña denominada “Obama deroga el decreto imperial” que aspira a juntar unas 10 millones de firmas. Maduro solicitó que la comisión hable y exija que se derogue el decreto que declara a Venezuela como una “amenaza”. En un acto celebrado en Caracas, dio así su aval a la propuesta de la Alianza Bolivariana (Alba), iniciativa planteada en la reunión extraordinaria celebrada el martes pasado, con la idea de consultar a la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la alianza energética de Petrocaribe.
