Tres decenas de fiscales y defensores del viejo sistema penal denunciaron ante la Corte Suprema de Santa Fe al procurador general, Jorge Barraguirre, por acoso laboral, según trascendió en la capital provincial y confirmaron voceros judiciales locales. La presentación, radicada hace seis semanas, habla de maltrato y amenaza de sanciones y fue rubricada por funcionarios de distintas circunscripciones de la provincia, dijeron las fuentes, las que añadieron que el jefe de los fiscales y defensores y jueces del sistema conclusional ya presentó su descargo, aunque el máximo tribunal no se ha pronunciado al respecto.
Según fuentes de los Tribunales rosarinos, los 29 funcionarios –tanto hombres como mujeres– que firmaron la denuncia contra Barraguirre trabajan en el sistema conclusional de Santa Fe, Rafaela, Reconquista e incluso hay un fiscal de Cámaras de Venado Tuerto. Cabe recordar que el resto de los fiscales y defensores que cumplen igual función responden al Ministerio Público Fiscal (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP). Semanas atrás, el Ministerio de Justicia anunció el envío de un proyecto de reforma procesal penal a la Legislatura para traspasar los recursos humanos de la Procuraduría General a estos nuevos organismos.
Según dijeron los voceros tribunalicios consultados, en la presentación los subordinados le imputan a Barraguirre acoso laboral: “Malos tratos personales y funcionales”, “amenazas de severas sanciones o solicitud de renuncia”, “reacciones irrespetuosas, violentas, con exabruptos e improperios”.
Según trascendió, el escrito dirigido al presidente de la Corte, Daniel Erbetta, entró al máximo tribunal el 31 de marzo pasado. Allí los 29 denunciantes afirman: “Hubiésemos preferido evitar la exteriorización de esta disconformidad colectiva en contra del procurador general, ya que la misma afecta a la institucionalidad que durante tanto tiempo venimos defendiendo y sosteniendo”. Y sostienen que Barraguirre dio órdenes que avasallaron “la esfera funcional”, por ejemplo amenazando con traslados a otras localidades a quienes no aceptaban su proceder.
De acuerdo con la presentación, el maltrato fue in crescendo, en algunas ocasiones a partir de disparidad de criterios, lo que provocaba en el procurador una actitud “irrespetuosa, violenta, con exabruptos, amenazas e improperios de todo tipo, además de ademanes obscenos”.
Voceros tribunalicios locales dijeron que Barraguirre ya hizo su descargo, en el que dio a entender que cada una de sus acciones estaba justificada en su responsabilidad de control sobre sus subordinados, algunos de los cuales pidieron traslados o decidieron jubilarse ante el accionar del procurador, se sostiene en el escrito. “Tiene un mensaje contradictorio entre lo que expresa en los medios de comunicación y lo que dispone luego en las instrucciones dirigidas al Ministerio Público”, plantearon.
Ley de Traspaso en veremos
El 3 de abril pasado el gobierno anunció el envío a la Legislatura del proyecto de reforma de la Ley de Traspaso, por medio de la cual se dispone el traslado de la dotación del personal y de funcionarios del sistema de conclusión de causas al nuevo sistema, en la idea de unificarlo en el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa. “El MPA será el único órgano encargado de decidir qué causas del viejo sistema deben archivarse y cuáles seguir impulsando, con el objetivo de que las principales causas que tienen relevancia en la sociedad no queden dormidas”, explicó entonces el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein.
En la denuncia contra Barraguirre firmada por 29 subordinados le adjudican haber provocado un “retardo procesal” con algunas medidas tomadas acerca de las causas a punto de prescripción. Dicen sobre el procurador: “Amenazó a fiscales con aplicarles sanciones severas en caso de que utilizaran el instituto del principio de oportunidad para cerrar las causas sin trascendencia”. Y añaden que su intención de que la defensa pública del viejo sistema se presentara como querellante en algunos expedientes lo único que podía producir era restar recursos al sistema conclusional.
Comisarios, Monos y e juez Vienna
Jorge Barraguirre –quien había sido fiscal de Estado entre 2007 y 2011– es procurador general desde noviembre de 2012, cuando la Legislatura aprobó en forma ficta su pliego, en reemplazo del fallecido Agustín Bassó. Ante la implementación del nuevo sistema, en febrero de 2014, Barraguirre amenazó con renunciar, aunque luego decidió quedarse en el puesto ante el compromiso de la Corte en darle recursos para la gestión del sistema conclusional. Tuvo actuación destacada en el impulso de expedientes como la investigación del enriquecimiento ilícito de comisarios y la megacausa Monos por asociación ilícita. En este sentido, dictaminó que no hubo delito en el vínculo del juez instructor del caso, Juan Carlos Vienna, con el empresario Luis Paz, padre del sindicado narco apodado Fantasma, cuyo crimen dio origen a la pesquisa. con lo cual determinó que sólo se le aplicara al magistrado una multa por todo concepto de 3.600 pesos.
