Por Luciana Mangó
El candidato a preconcejal y convencional constituyente Roberto Sukerman habló sobre los ejes de su propuesta para las próximas elecciones del 13 de abril. Cuestionó la gestión municipal y la falta de proyectos y controles al Ejecutivo de parte del Concejo, al tiempo que destacó la necesidad de trabajar junto con los vecinos.
En cuanto a su candidatura como reformador de la Constitución destacó su experiencia en el tema como abogado y docente, sumado a su función pública en gestión. Señaló la importancia de reformar el Estado para hacerlo más eficiente, sin que eso implique un recorte de recursos o de políticas públicas.
En diálogo con El Ciudadano mencionó sus principales aportes para ambas candidaturas.
—Tenés una doble candidatura como concejal y como convencional constituyente ¿Cómo viene la campaña y cuáles son los ejes de tu propuesta?
—No soy concejal desde 2019. A veces parece que fui concejal más tiempo del real, pero ejercí de 2011 a 2015. Fui candidato a intendente en 2015, perdimos, estuve dos años afuera, y volví como concejal en 2017 para ser candidato a intendente nuevamente en 2019. Esa vez perdimos por un punto y medio. Después asumí en el gobierno provincial, primero en el Ministerio de Trabajo y luego en el de Gobierno. Luego pasé al Ministerio de Trabajo de la Nación como jefe de gabinete. Por eso, en 2021 no busqué candidatura y en 2023 volví a candidatearme como intendente. En total, fui tres veces candidato a intendente y dos veces a concejal.
Ahora mi motivación para volver al Concejo tiene que ver con la vocación política y el momento histórico. La ley de Necesidad de Reforma Constitucional establece que las cartas orgánicas municipales las redactarán los concejales y quiero ser parte de ese proceso. Critico que solo los concejales puedan hacerlo, excluyendo a otros actores que pueden hacer aportes valiosos. Desde ese punto se conectan ambas candidaturas.
—¿Cómo ves la gestión municipal actual y la tarea del Concejo? ¿Cuál considerás que podría ser tu aporte?
—Sobre la gestión municipal actual mi crítica es clara: Javkin no quiso, no pudo o no supo gobernar. En cinco años no hay logros destacables. Por ejemplo, en materia seguridad la Municipalidad no aporta nada. Hace más de 10 años que propongo una policía municipal, pero nunca se avanzó. En el caso del transporte, en 2015 criticamos la licitación que dividió el sistema en partes públicas y privadas, y propusimos un sistema 100% público pero no nos escucharon. Finalmente, la empresa privada quebró y hoy tenemos un sistema híbrido que no funciona. Además, hay un mal manejo de los residuos, falta de infraestructura y abandono de los barrios. En mi web están todos los proyectos que presenté, tanto como concejal como candidato a intendente.
No es una crítica sin propuesta. Incluso desde el llano, el año pasado presenté un amparo colectivo contra la quita de subsidios al transporte. El intendente fue crítico con otros gobiernos nacionales, pero no dijo nada cuando Milei los sacó. Tuve que recurrir a la Justicia a reclamar junto con vecinos de Rosario. Podemos demostrar que hemos defendido los intereses de los rosarinos más allá de la función pública.
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—¿Cuál sería tu aporte específico?
—Hoy veo un Concejo degradado, sin debates ni control real al Ejecutivo. Comparado con el período 2011-2015 donde había discusión de ideas, propuestas, debates, ahora es un espacio vacío. Está en una decadencia absoluta. No digo que todos sean malos, pero falta formación y compromiso. No está mal que personas que no tienen una trayectoria política ingresen a una función pública, sobre todo si está legitimada por el voto popular, pero hay que prepararse, formarse y tratar de mejorar. Eso tampoco ha sucedido. Lo que uno busca es poder volver a jerarquizar el Concejo con proyectos y debates, exigiendo el cumplimiento de ordenanzas o frenando abusos del Ejecutivo, por ejemplo el caso de un edificio en Chacabuco y 9 de Julio, donde el Concejo aprobó una excepción, y ahora disputamos con los vecinos en la Justicia. Para mí es fundamental el vínculo con el electorado. No prometo soluciones mágicas. Ser concejal no es ser intendente, pero sí podemos generar mayorías críticas para cambiar las cosas.
—Pasemos a tu candidatura como convencional constituyente. ¿Por qué decidiste participar?
—Hay dos razones. Por un lado, una académica. Soy profesor de Derecho Constitucional desde hace 30 años. Viví la reforma del ’94 como estudiante y luego ejercí como docente. Para un abogado constitucionalista esta reforma es jugar el mundial, no me quiero quedar afuera de este hecho histórico ya que hace 63 años que no se reforma la Constitución.
Por el otro, la experiencia política. Trabajé como asesor en la Cámara de Diputados y fui funcionario provincial y nacional. Eso me da una mirada práctica y técnica, no solo teórica, desde la gestión.
No quise participar de cualquier manera. Por primera vez no voy dentro del Partido Justicialista, algo inédito para mí. Soy afiliado pero consideré que no estaban las condiciones dadas para formar parte de la lista. El PJ no se preparó para esta reforma, no hubo debates ni consensos. La lista actual es una «ensalada» con posturas contradictorias sobre los temas de la reforma y yo tengo ideas claras con 60 compromisos concretos que publico en mi web. Además, la lista oficial del PJ la encabeza alguien que, a mi modo de ver, no tiene ideas vinculadas al partido justicialista y le da vergüenza estar con dirigentes peronistas. En 2019 intenté un frente con Monteverde para la intendencia, pero él no quiso participar; en 2023, logramos conformarlo, aceptamos sus condiciones, ganó la interna y nos ignoró. No creo en personalismos, sino en construcciones colectivas.
—Sobre la reforma constitucional, algunos sostienen que la Convención es soberana y podría modificar más artículos que los propuestos en la ley. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
—La Convención no puede ir más allá de lo que la ley de reforma permite. Decir que eliminará el Senado o tratará temas nacionales, como retenciones, es falso porque son competencias federales y la provincia no puede decidir eso.
El riesgo es prometer lo imposible, como cuando el Concejo vota repudios a guerras lejanas pero no resuelve problemas locales. La reforma debe enfocarse en lo real: autonomía municipal, derechos sociales y mecanismos institucionales viables.
El procedimiento está regulado en la propia Constitución. Primero se sanciona una ley que establece la necesidad de reforma y los temas habilitados, luego se eligen convencionales, y finalmente se realiza la Convención.
La afirmación de que se puede eliminar el Senado es jurídicamente inviable. La ley de reforma actual no incluye ese tema entre los 42 artículos modificables. Sí podríamos discutir ampliaciones dentro de los temas habilitados. Por ejemplo, si la ley dice «revisar atribuciones del Poder Legislativo», podríamos proponer cambios en el sistema de elección de senadores o su representación territorial, pero no podemos crear un sistema unicameral si la ley no lo menciona.
En la reforma del ’94 se incorporaron tratados internacionales vía atribuciones del Congreso porque no se podía modificar la primera parte de la Constitución. Eso fue una interpretación creativa dentro del marco legal. Lo que no es válido es inventar temas fuera de ese marco.
—¿Cómo evaluás que se está abordando esta reforma?
—Podría ser crítico del proceso de elaboración donde no hubo consulta. Faltó debate previo. En el gobierno de Lifschitz convocaron a expertos para redactar proyectos, a mi me convocaron como docente de derecho constitucional, por ejemplo. Esta vez fue una sanción express sin consultas. El problema son los temas ausentes como por ejemplo, la oportunidad de discutir la representación territorial, ya sea mediante el rediseño de departamentos desiguales o el aumento de senadores por región, por ejemplo.
A la vez, hay algunas limitaciones ya que algunos artículos de la ley encorsetan el debate. Por ejemplo, donde dice «autonomía municipal en tal sentido», debería decir simplemente «autonomía municipal» para permitir una discusión amplia.
—¿Qué ejes debería priorizar la nueva Constitución?
—Una Constitución es un contrato social, un acuerdo entre la sociedad y su representante que termina delineando qué provincia quiere a futuro porque las leyes que después se sancionen en consecuencia no pueden contradecir lo que dice la Constitución.
Mi propuesta se basa en 60 compromisos concretos, basados en tres pilares. Por un lado, más derechos y garantías. Actualizar los derechos existentes, como los referidos a salud mental, protección de datos personales, acceso al agua potable. Si bien hay derechos que están en la Constitución que se podrían dejar, algunos tienen una terminología que no es actual o es necesario plantear nuevos derechos. Por ejemplo, en materia de educación planteo la obligatoriedad desde los 3 años, fortalecer escuelas técnicas, la inclusión plena de personas con discapacidad, la protección de la formación docente. En materia de salud, salud mental, un enfoque en adicciones, salud bucal/visual, y respuestas integrales en territorios vulnerables.
Por otro lado, vinculado a las garantías, que son las acciones que me permiten hacer efectivos los derechos, como las acciones de clase, amparo colectivo y mecanismos ágiles para hacer cumplir los derechos, habeas data, habeas corpus. Si yo tengo buenas garantías voy a tener mejor protección a la hora de defender los derechos. Eso es toda la primera parte de la Constitución. Si yo genero toda esa protección social después no voy a tener que gastar en seguridad y justicia.
Además, tenemos que generar condiciones de seguridad ciudadana y democrática para garantizar la seguridad de las personas, porque pienses de una manera u otra querés caminar tranquilo por la calle.
El mayor honor que le podemos hacer a los sectores vulnerables es aprovechar y ser eficientes al máximo en la utilización de los recursos. Es decir, no es un Estado gigante y burocrático que no termina dando respuesta a la población. Nosotros necesitamos crear un Estado eficiente. Generalmente para los sectores progresistas cuando uno habla de reforma del Estado es eliminar el empleo público o cerrar alguna dependencia. Yo planteo un Estado eficiente que dé respuesta a la densidad de la población. Hablo de una gestión pública por resultados con una planificación estratégica y presupuestos con indicadores medibles. Dar respuesta a la población de que cada peso que paga en los impuestos está bien puesto porque se pone en una política que da resultado. Otro aspecto es la digitalización total del Estado para eliminar trámites presenciales innecesarios; o que los Tribunales y la Legislatura estén activos todo el año.
—¿Ves algún riesgo en esta reforma?
—El principal peligro es que sectores que desprecian el Estado impongan una Constitución regresiva. Podemos tener una Constitución peor que la que tenemos hoy si la sociedad vota a los sectores que destruyen el Estado en lugar de mejorarlo. Llamo a la población a que vea las propuestas de cada uno. Vos tenés a un periodista como Aleart, con quien la gente quizás tiene una empatía porque estaba en la televisión, pero defiende las ideas de Milei y son las que pretende llevar al Concejo y la Convención. El riesgo es recortar derechos bajo discursos de eficiencia o desmantelar servicios públicos en lugar de modernizarlos.
