La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) hizo pública su postura con respecto a sumarios abiertos contra fiscales de la Fiscalía Regional Rosario que hicieron declaraciones a la Revista Noticias sobre cómo era desempeñar sus investigaciones en un marco de extrema violencia. En el comunicado, el gremio de funcionarios hizo responsable al medio por “tergiversar y descontextualizar declaraciones” y por quebrantar el off, entre otras consideraciones que para el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) son «preocupantes», en tanto que apuntan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Por ello, el SPR pidió una urgente reunión con la jefe de los fiscales en Rosario, María Eugenia Iribarren, para expresarle el punto de vista de los trabajadores de prensa sobre la posición de los funcionarios públicos.
La publicación de tapa de Noticias del 10 de marzo, Fiscales en peligro, tenía la intención de demostrar cuál es el trabajo de los funcionarios judiciales que se enfrentan y acusan a los narcotraficantes, justificó la editorial Perfil. Pero por no contar con la autorización de la oficina de prensa, el Ministerio Público de la Acusación, a instancia de la Fiscal Regional de Rosario Eugenia Iribarren, impulsó la apertura de un legajo disciplinario contra Valeria Haurigot y Pablo Socca, según la explicación del MPA.
La publicación de la apertura de ese sumario generó una respuesta inmediata de funcionarios judiciales, periodistas y políticos. Sin embargo, la Asociación de Fiscales y Funcionaries MPA fue en contra de esa postura. «Los fiscales padecemos a diario supuestos de tergiversación y descontextualización de declaraciones que efectuamos a la prensa”, señala el comunicado.
https://twitter.com/fiscales_mpa/status/1676198969813221378?s=20
El texto oficial también defiende las actuaciones de la oficina de prensa (que había solicitado que las entrevistas no se realizaran), por sobre las decisiones de los fiscales.
“La instauración de una oficina de prensa ha sido una acertada decisión que brinda a las y los fiscales una adecuada gestión y organización de las demandas periodísticas”, dice el comunicado de los funcionarios públicos. Y completa: “Su director, Sebastián Carranza, se ha caracterizado durante años por su actuar competente, experto y respetuoso”.
En ese marco, en uno de los párrafos más polémicos y llamativos, el comunicado también arremete contra medios y trabajadores de prensa rosarinos, a los que sin embargo no identifica y, por ende, pone a todos bajo sospecha.
«Se corrobora que algunos medios de comunicación de Rosario de gran alcance tienen prohibido informar respecto a puntuales investigaciones penales en trámite que por estrictas razones políticas (o de complicidad) le desfavorecen, resultando ello una verdadera censura previa, consentida o no resistida por los propios periodistas locales que hoy rasgan sus vestiduras en defensa de la mentada libertad de expresión», señala el escrito, firmado por las autoridades de este gremio de empleados del Estado, contra quienes tendrían una actitud hipócrita en su ejercicio profesional, aunque no señala si estos trabajadores y trabajadoras de prensa se desempeñan en la actividad privada o también les caben las generales de la ley de todo funcionario público. En buen criollo: critican por lo bajo y en la pública tienen una posición diferente, dejan entender fiscales y fiscalas del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe sobre periodistas locales a quienes no identifica.
Este lunes, el titular de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Nación Ricardo Toranzos les manifestó su apoyo a los fiscales sancionados, Valeria Haurigot y Pablo Socca en forma privada, primero, y luego públicamente. “Para nosotros es muy preocupante la motivación por la que se inició ese sumario. Queremos contenerlos y acompañarlos. Sus declaraciones no comprometen a la institución, tenían interés público”, indicaron desde el gremio de funcionarios de la acusación nacionales.
La respuesta del Sindicato de Prensa
En ese contexto, el Sindicato de Prensa de Rosario solicitó una reunión con las autoridades de la Fiscalía Regional Rosario para examinar los planteos allí realizados y dar cuenta de su posición al respecto. Lo mismo se pidió ante la comisión directiva de la Asociación de Fiscales.
https://twitter.com/spr_prensa/status/1676283688445681676?s=20
Vale recordar que el Sindicato de Prensa de Rosario y la Asociación de Prensa de Santa Fe ya habían manifestado que “la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación en Rosario actuó de manera perjudicial si se piensa en términos de libertad de expresión y derecho a la información que corresponde a toda la sociedad”.
«Desde las dos organizaciones sindicales creemos necesario hablar de la información que se genera en el ámbito estatal, ya que la posibilidad de sanción hacia dos fiscales por dar una nota periodística reavivó el debate sobre las consecuencias del disciplinamiento o uniformidad discursiva de funcionarixs públicxs en relación con el trabajo periodístico. De este hecho interesa reclamar, como siempre sostenemos, el principio de máxima apertura informativa en beneficio de la sociedad», añade el comunicado difundido este lunes por los dos gremios.
https://twitter.com/spr_prensa/status/1675963453930913793?s=20
Y continúa: «Las oficinas de prensa en los distintos ámbitos del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial cumplen con el trascendente rol de suministrar informaciones sobre actividades públicas al colectivo de medios que lo solicita. Y así ocurre en el MPA. Sin embargo, esa función importantísima no puede reemplazar, para el interés periodístico, la palabra u opinión sobre los distintos temas, de quien sea el funcionario actuante o responsable de las diversas áreas. En la situación que hoy nos ocupa entendemos que la dirección de Prensa del MPA no respondió a ese principio de máxima apertura sino por el contrario desaconsejó a lxs fiscales que hablaran con el medio de Buenos Aires -la Revista Noticias-, y de ahí en más se pidió la evaluación de una sanción ¡Si una declaración periodística es motivo para considerar una ´falta leve´, pasible de algún apercibimiento, es fácil suponer que otrxs pares no querrán correr con una misma decisión final!».
Para luego cerrar: «Esta ocasión es significativa para recordar que en nuestra provincia no existe una ley que consagre el derecho de acceso a la información pública ya que desde hace más de 20 años encuentra trabas en la mayoría de la Cámara de Senadorxs».
