Perú amaneció este martes sumido en una crisis política sin precedentes, luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso y un grupo de diputados opositores respondiera votando su “suspensión” y designando a la vicepresidenta Mercedes Aráoz en su reemplazo.
La larga, tensa y convulsa jornada que vivió el país dejó un montón de heridas políticas abiertas por resolver, una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas certezas sobre la situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las decisiones que se tomaron.
Solo quedó clara y patente la alegría y la sensación de alivio que la gran mayoría población peruana expresó espontáneamente en las calles después de que el presidente anunciara la disolución del Congreso, un organismo cuyos representantes son mal vistos por la mayoría de la población.
Elecciones legislativas
Vizcarra disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas para el próximo 26 de enero, aplicando una norma constitucional que le habilitaba a disolver la cámara si ésta le negaba una moción o cuestión de confianza al gabinete presidido por Salvador del Solar.
El presidente se pronunció así después de que el Congreso procediera a elegir un magistrado para el Tribunal Constitucional pese a que la moción de confianza estaba expresamente vinculada a ese proceso de elección de jueces, muy cuestionada por las formas y los plazos que se emplearon en su tramitación.
Para el presidente, los congresistas negaron en los hechos con este acto el pedido de confianza, pese a que luego dieran formalmente en otro trámite parlamentario su respaldo a la propuesta gubernamental.
El Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, respondió en rebeldía y acusó al mandatario de violar la Constitución por haber disuelto indebidamente la cámara.
Con la ausencia de casi cincuenta diputados que aceptaron la disolución, la facción restante votó una resolución para “suspender” por “incapacidad moral” a Vizcarra y nombraron en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”, informó la agencia de noticias EFE.
Esta crisis es el punto álgido de un conflicto abierto entre el gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, que dejaron un parlamento dominado con abrumadora mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular y la presidencia en manos de Pedro Pablo Kuczynski.
Fuerza Popular utilizó su poder en la cámara para presionar al gobierno y para intentar “gobernar desde el Legislativo”, lo que suscitó el rechazo de la población.
El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país terminó por costarle el cargo a Kuczynski y llevó a la asunción de su vicepresidente Vizcarra, quien encaró el cargo con la misión de enfrentar la corrupción que afecta gravemente a todo el país.
Enfrentado con el Congreso
Así, Vizcarra promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con el Congreso, identificado como un organismo penetrado por la corrupción y que por acción u omisión boicoteó varios intentos para modificar normas y tomar medidas contra los corruptos.
Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la presidencia como el Congreso, propuesta que sin embargo fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento, ampliamente dominada por los fujimoristas.
De forma simultánea, los congresistas opositores iniciaron un procedimiento exprés y poco transparente para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional.
La cuestión de confianza que planteó Vizcarra era precisamente para evitar esa maniobra.
Ninguna de las partes reconoce a la otra, y todo parece indicar que la crisis terminará en las manos del Tribunal Constitucional, que tendrá que dilucidar en último término si Vizcarra hizo bien en interpretar como denegado el pedido de confianza dadas las acciones tomadas por el Congreso.
Apoyo de la OEA
La Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó ayer al presidente de Perú, Martín Vizcarra, pero sin pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por el mandatario y el Congreso, que sumieron al país en un conflicto de poderes sin precedentes.
