La madrugada del 12 de septiembre de 2014 Luis Alberto Mantovani recibió a la Policía a los tiros. Los uniformados habían llegado a su caserón de Funes para detenerlo por dirigir una red de explotación económica y facilitamiento de la prostitución. Mantovani dijo después que se había confundido. Que pensaba que los agentes eran ladrones. Al cruce de los uniformados salieron también tres perros caniche toy. Adentro, el televisor quedó clavado en un canal evangelista. En las habitaciones había cámaras de monitoreo y dos computadoras estaban en conexión con dos casas del centro rosarino, donde mujeres ejercían la prostitución. En la Argentina, el trabajo sexual no es un delito. Sí lo es facilitarlo y explotar económicamente a quienes lo ejerzan. Mantovani y otras tres personas fueron acusados de organizar y promover y sacar rédito de la oferta sexual a través del portal supergatitas.com. El sitio web era el primer eslabón de la cadena y estaba a nombre de David Trigueros, hijo del entonces coordinador del gabinete del municipio. Ayer Mantovani fue condenado a cinco años de cárcel a través de un juicio abreviado. Estaba bajo prisión domiciliaria y fue el primero de los cuatro imputados en recibir una pena.
La investigación del caso conocido como “supergatitas.com” empezó en mayo de 2013 con un llamado anónimo al 145, la línea nacional de denuncia de casos de trata. La web había nacido en 2001 y era visitada diariamente por 30 mil usuarios. La denuncia revelaba que era el primer eslabón de una red dedicada a promover la oferta sexual, concretar citas en departamentos privados, hoteles y casas particulares y quedarse con un porcentaje de lo que cobraban las mujeres.
Cuando la causa salió a la luz desde la Justicia valoraron que se trataba de la primera vez desde la sanción de la ley de Trata en la que se había podido establecer que un sitio de internet era usado con fines delictivos. La norma votada en el Congreso en 2008 fue modificada en 2013, eliminando la figura del consentimiento. Este punto es hoy uno de los cuestionados por las trabajadoras sexuales que ejercen de manera independiente.
Un año y medio después del anónimo, dos causas en los juzgados de Instrucción 5ª y 13ª originaron siete allanamientos en Rosario y Funes. Las investigaciones estaban a cargo de la unidad NN del viejo sistema penal y de la entonces jueza Alejandra Rodenas. En dos de los domicilios funcionaban privados donde se ejercía la prostitución. Estaban en San Juan al 1400 y Presidente Roca al 1200 y durante los operativos la Policía encontró a mujeres trabajando. Todas eran mayores de edad y dijeron que estaban bajo consentimiento. En los operativos quedaron detenidos Luis Alberto Mantovani Testa, Liliana Edith Guzmán, David Trigueros y David Jesús Centeno. En marzo de 2016 los cuatro fueron procesados por facilitamiento de la prostitución y explotación económica y la causa fue elevada a juicio. En los allanamientos otros tres hombres fueron arrestados como custodios de los privados.
El cabecilla
La investigación determinó que Luis Mantovani era el principal beneficiario del sistema de citas. Fue el único que resistió a tiros el ingreso de los policías al caserón donde vivía en Catamarca al 1600, en Funes. Cuando allanaron la vivienda, estaba acompañado de tres caniche toy y la televisión encendida en un canal evangelista. Las habitaciones de la casa estaban monitoreadas con cámaras y había computadoras conectadas en red con los privados del centro de Rosario. Según dijeron días después los vecinos, la casa era usada para fiestas VIP.
Mantovani declaró después que disparó porque pensó que los uniformados de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) eran ladrones. Y por su reacción fue imputado también por abuso de arma y resistencia calificada a la autoridad.
Por la investigación de supergatitas.com Mantovani firmó ayer un acuerdo abreviado por el cual fue condenado a 5 años de prisión. Aceptó ser responsable de los delitos de facilitamiento y explotación económica de la prostitución. Se probó que organizaba y dirigía la oferta sexual de la web, coordinaba las citas y se quedaba con un porcentaje de lo que cobraban las trabajadoras sexuales. Mantovani está bajo prisión domiciliaria –seguirá en esa condición al menos otros seis meses– y, según el fallo, deberá pagar una multa de 16 mil pesos.
El hijo del funcionario
Supergatitas.com puso en la mira la presunta complicidad del poder político con las redes de explotación sexual. Es que el titular de la página era el hijo del radical Néstor Trigueros, el coordinador del gabinete de la Municipalidad. La causa generó cruces entre sectores del radicalismo que acusaron al edil Jorge Boasso de tener al acusado entre sus asesores. Finalmente, el Concejo salió a desmentir este vínculo y, tres días después de los allanamientos, terminó desplazado de su cargo.
El día del allanamiento David Trigueros estaba en su casa con la novia. En la vivienda funcionaba una suerte de central de comunicaciones donde los clientes, según su preferencia y los servicios que pretendían contratar, eran derivados a uno u otro privado, siempre según la acusación. Trigueros era administrador de la página desde 19 de enero de 2001.
De los otros dos acusados, Centeno fue señalado como el recaudador de los privados y Guzmán aparecía vinculada con Mantovani. A su nombre estaban los teléfonos de varias de las mujeres publicitadas en supergatitas.com y era la titular del servicio de cable e internet de San Juan 1400 y garante del alquiler de Presidente Roca 1200. Los tres siguen bajo proceso.
La clausura del Sexy Bar La Rosa como antesala
Un año y medio antes del destape de la investigación de supergatitas.com, un operativo con ribetes cinematográficos dejó puestas las fajas de clausura en La Rosa Sexy Bar, de Callao al 100, uno de los más conocidos lugares de alterne de la ciudad.
El desembarco se produjo durante la madrugada del 25 de mayo de 2013, e involucró a personal de la Tropa de Operaciones Especiales, del Ministerio de Seguridad, inspectores, la titular de Delitos Complejos, Ana Viglione, el fiscal NN Marcelo Vienna y la jueza Alejandra Rodenas.
Esa noche fue arrestado Juan Cabrera, conocido como el Indio Blanco, propietario del lugar, quien luego fue procesado. Según trascendió, el propietario fue apresado cuando intentaba fugarse por la terraza del hotel contiguo a La Rosa, en tanto que la encargada del lugar, que también fue detenida, recuperó la libertad, aunque quedó imputada por facilitamiento de la prostitución con fines de lucro y explotación sexual. Al momento del operativo, en el local había 18 mujeres, todas mayores de edad, que estaban en situación de prostitución y unos 20 clientes.
