Representantes de cámaras de supermercadistas del interior le entregaron a la Secretaría de Comercio de la Nación una lista de numerosos proveedores que les aumentaron los precios de productos esenciales entre un 10 y un 30 por ciento y les endurecieron las condiciones de pago en violación a la resolución 100 que prohíbe incrementos por encima de los valores acordados al 6 de marzo último mientras dure el estatus de pandemia por el covid-19.
El escrache de parte de la cadena de comercialización a otros eslabones –superiores– se da en medio de una persistente suba en las góndolas durante la cuarentena, que pone al consumidor en situación desventajosa al no poder recorrer grandes distancias para comprar a mejores precios.
El listado, según publicó el portal LetraP, le fue entregado a la secretaria de Comercio, Paula Español. Fue durante una videoconferencia que mantuvo la funcionaria con los máximos referentes de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (Fasa) y la Cámara Argentina de Mayoristas (Cadam).
No fue precisamente un documento de valor legal, y se los hizo notar a sus interlocutores la secretaria de Comercio. “Hay que respetar los precios como sea, estamos en una emergencia y hay un compromiso”, les dijo segú el portal a la par que les pidió que acompañen la denuncia con facturas que le permitan al gobierno accionar ante los incumplimientos.
Español conversó durante unos 40 minutos junto a la encargada de Defensa del Consumidor, Laura Goldberg. Del otro lado de las pantallas estuvieron, de acuerdo a la nota firmada por el periodista Leandro Renou, el presidente de CAS, Ricardo Zorzón, y sus pares de Fasa, Víctor Palpacelli, y de Cadam, Alberto Guida.
Las firmas escrachadas por los supermercadistas son grandes jugadores del mercado: aceiteras como AGD, SC Johnson, Clorox. Mondelez y todas las lácteas, incluída La Serenísima, además de los mayores proveedores de yerbas y azúcares.
“Ustedes nos traen eso y nosotros hacemos las inspecciones”, dijeron las funcionarias, pero acompañaron esa promesa con la exigencia de insumos de mayor calidad para actuar: las facturas en las que quede legalmente registrada la «avivada».
Los aumentos, algunos por goteo pero otros significativos, se dan en mayor porcentaje en el interior del país. Los integrantes de las cadenas de valor se pasan la pelota respecto de las responsabilidades. El gobierno nacional también las compartió: se las derivó a las autoridades locales –provincias y municipios– que tampoco tienen gran capacidad de control sobre los mostradores y menos aún cuando se asciende en la cadena de comercialización.
