El ministro de Justicia Héctor Superti le reclamó a la Legislatura el tratamiento urgente del proyecto por el cual se crearán 850 cargos para cubrir las necesidades operativas de los nuevos organismos surgidos de la reforma penal: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal. Superti remarcó que no se trata de cargos para el Ejecutivo sino para el Poder Judicial y evitó sacar conclusiones de tinte político, pese a que la semana pasada los diputados del PJ dejaron sin quórum al oficialismo y por ello no se pudo votar el proyecto. También anticipó que se prorrogará la puesta en marcha del nuevo sistema “hasta que estén dadas las condiciones”.
Flanqueado por las máximas autoridades de los organismos –el fiscal general Julio De Olazábal y el defensor general Gabriel Ganón–, el ministro de Justicia dio ayer una conferencia de prensa con el doble objetivo de “cumplir con el principio republicano de dar a publicidad los actos de gobierno”, según sus propias palabras, y a la vez como respuesta al reclamo de los diputados del PJ, quienes la semana pasada no participaron de la sesión con el argumento de que necesitaban más información acerca del proyecto. Superti se comprometió a ir a las dos cámaras para dar más detalles.
“Estamos abiertos al diálogo si es para mejorar los proyectos”, señaló el funcionario. “La palabra «cargos» siempre genera cierta susceptibilidad porque hay quienes se imaginan la posibilidad de colocar gente y aumentar los gastos del Estado”. Superti añadió que, en todos los casos, los ingresos serán por concurso.
“Cuando comenzamos con el proceso de implementación de la reforma penal expresamos que se trabajaría sobre tres ejes: el normativo, el de infraestructura y el de capacitación. Hemos cumplido estrictamente con esa palabra”. Sobre el aspecto normativo, el ministro explicó que se sancionaron leyes imprescindibles para la reforma: las que organizan el Ministerio Público dela Acusación, el Servicio Público de Defensa Penal, los nuevos tribunales penales y la ley de transición.
En cuanto a la capacitación, Superti resaltó: “El lunes hubo un hecho para nosotros muy valioso en Santa Fe: por primera vez se tomaron las entrevistas públicas de una camada de jueces penales que han concursado en el Consejo dela Magistraturaluego de transitar una capacitación específica prevista en la ley de implementación para aquellos jueces que quieran acceder al sistema nuevo. Esto se va a repetir en Rosario el 30 de agosto”, anticipó.
Respecto de la infraestructura, Superti señaló: “Siempre insistimos en que hacía falta cubrir necesidades edilicias, informáticas y, lógicamente, funcionarios, magistrados y personal de apoyo. Comenzamos generando los cargos que nacen de las leyes, de las autoridades directivas del Ministerio Público dela Acusacióny del Servicio Público dela Defensa Penal, se crearon los cargos de esa naturaleza; el de fiscal general, el de defensor provincial y los regionales hoy están en funciones, salvo en Venado Tuerto que quedó vacante el concurso porque así fue declarado por el jurado. Hoy ese concurso se está llevando adelante nuevamente”.
El funcionario mencionó que “hacía falta la designación de los 220 cargos que se crearon en las leyes de fiscales y defensores y sus adjuntos para cubrir toda la geografía de la provincia. Estamos llevando adelante ese concurso, se terminó la etapa de presentación y ahora se dictaron las resoluciones de admisión de aquellos que cumplían los requisitos. Esta estructura necesita también personal de apoyo (funcionarios y empleados), que tienen que soportar y colaborar en trabajar tanto enla Fiscalíacomo enla Defensay los nuevos tribunales penales. Para ello se realizó un estudio minucioso acudiendo a parámetros internacionales sobre qué se necesita, considerando la lógica de trabajo que es distinta a la que tiene actualmente el tribunal; se consultó a la gente del Sindicato de Trabajadores Judiciales, que conoce muy bien el tema, y sobre esa base se estructuraron los cargos”.
Esos cargos –más de 800– conformaron el paquete que se incluyó en el presupuesto 2011, pero en diciembre del año pasado los legisladores del PJ pusieron como condición –para la sanción de la ley de leyes– que se quite el artículo que pedía la creación de cargos –unos 4.500 entre las distintas áreas del Estado– con la promesa de sancionarlos por separado una vez que el Ejecutivo remita los proyectos. “Nosotros cumplimos con ello, reenviamos por leyes especiales los cargos del Poder Judicial, los cargos que están dentro del Ministerio de Justicia pero que son del Poder Judicial porque tienen que ver con la reforma y se dividen en los tres grupos mencionados”, explicó Superti, a la vez que recordó que las partidas para pagar esos cargos sí están aprobadas.
La dilación legislativa obligará al gobierno a prorrogar la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. “La ley dice que el código entra a regir cuando el Poder Ejecutivo entienda que están dadas las condiciones para que pueda regir plenamente. Si no tenemos todo esto funcionando, ningún Poder Ejecutivo responsable puede decir que están dadas las condiciones. Vamos a tener que hacer uso de la prórroga: faltan 60 días, estamos a la mitad de los concursos y no tenemos aprobados los cargos”, agregó Superti. El 3 de octubre vencen los 180 días de plazo para la organización de los nuevos organismos, pero es un hecho que se prorrogará su puesta en marcha.
