Mundo Laboral
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No fue un fracaso económico sino un saqueo exitoso
Tras la derrota electoral del gobierno de Mauricio Macri se expusieron con brutal contundencia los resultados de las políticas económicas y sociales ejecutadas en los últimos cuatro años. En realidad, los datos de la catástrofe no son desconocidos, se fueron “construyendo” con prácticas autoritarias y medidas concretas que ahora, se observa con claridad, fueron parte […]

Tras la derrota electoral del gobierno de Mauricio Macri se expusieron con brutal contundencia los resultados de las políticas económicas y sociales ejecutadas en los últimos cuatro años. En realidad, los datos de la catástrofe no son desconocidos, se fueron “construyendo” con prácticas autoritarias y medidas concretas que ahora, se observa con claridad, fueron parte de un plan conscientemente elaborado; un hilo perfectamente hilvanado. Un repaso: las transformaciones regresivas iniciadas el 10 de Diciembre de 2015, con el ascenso de Macri al gobierno consistieron, fundamentalmente, en la transferencia de ingresos del trabajo al capital, por medio del crecimiento del desempleo y la precarización laboral, la baja del poder adquisitivo de los salarios con la consecuente caída del consumo interno, el aumento de la pobreza y de la indigencia, recesión e inflación. “Esta situación no es producto de errores o de «mala praxis», sino el resultado de un proyecto que tiene como objetivo el disciplinamiento de la clase obrera para la aceptación forzada de peores condiciones de trabajo y, mediante las mismas, poder superar los niveles históricos de la tasa de ganancia del capital”, señala con precisión Jorge Elizondo, abogado y profesor de derecho laboral y la seguridad social de Universidad Nacional de Rosario.

Falsedad del dogma neoliberal

En efecto, a la hora de observar el desempleo durante la era Macri en la Casa Rosada, lo que se encuentra es que alcanzó, oficialmente, los dos dígitos y es el mayor de los últimos trece años: 10,1 por ciento en el primer trimestre de 2019, lo que implica una suba de un punto con respecto a igual periodo del año pasado (9,1). En este marco, el mayor número de desocupados proviene de la construcción y del comercio los cuales superan la media nacional, 20,3 y 17,1 por ciento respectivamente, del mismo trimestre, según informó el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (Indec). En paralelo, la subocupación, derivada de la caída de la actividad y de la decisión de las empresas de suspender personal y reducir horas, creció de manera significativa: 11,8 por ciento respecto de igual trimestre de 2018 (9,8). En los jóvenes la situación es aún peor. La tasa de desempleo en las mujeres de entre 14 y 29 años se ubicó en un 23,1 por ciento, lo cual implica 2,2 puntos más que el año pasado. Los varones en el mismo rango etario tienen un desempleo de 18,5 por ciento, es decir, 3,2 puntos más que doce meses atrás. En tanto, el empleo no registrado alcanzó el 35 por ciento, 1,1 más respecto del 33,9 por ciento que exhibía en el mismo trimestre de 2018. “Los datos demuestran la falsedad de uno de los dogmas neoliberales: que la reducción del costo laboral genera nuevos empleos”, afirma Elizondo. Y agrega: “Por el contrario, podemos afirmar que empleo que se pierde, no se recupera más en un contexto de recesión y profundización del ajuste permanente iniciado en diciembre de 2015”.

Plan sistemático

El análisis de Elizondo se introduce en las variables políticas y, desde su óptica, queda claro que el objetivo de la destrucción del aparato productivo responde a un plan sistemático. “Las exigencias de rebaja del costo laboral argentino –dice el también docente universitario–, y la recomposición de la tasa de ganancia con los proyectos de reforma laboral, apuntaban a los siguientes objetivos:

1- La sustitución de los convenios de actividad por los convenios de empresa o sectoriales, apuntando gradualmente al reemplazo de los convenios colectivos de trabajo por los acuerdos individuales de la empresa con los trabajadores.
2- La generalización de los contratos temporarios que irían sustituyendo al personal con estabilidad relativa por personal nuevo sin ningún tipo de estabilidad. En condiciones de aumento de la legión de desocupados, ésta presionaría en un sentido favorable a la reducción salarial y al acceso a nuevos empleos con “contratos basura”.
3- La eliminación de la periodicidad anual de las paritarias. Sin convocatoria del poder ejecutivo a las organizaciones sindicales y gremiales para negociar un aumento salarial la situación se resolvería por de la voluntad de las partes o de la capacidad de lucha de los trabajadores.

En este sentido, la flexibilización avanzó de hecho a través de acuerdos impulsados por el gobierno de Macri. A modo de ejemplos: el acuerdo suscripto por las corporaciones y el sindicato de petroleros de Vaca Muerta en la Patagonia; el acuerdo marco que –explotando la situación de endeudamiento de Sancor, entidad cooperativa integrada por productores lácteos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires– obliga al sindicato de los trabajadores lácteos, Atilra, a abrir el convenio colectivo 2/88 a los fines de reducir los beneficios obtenidos en materia de descansos, licencias, pagos de horas extras, etc., y el convenio firmado en Tierra del Fuego por las patronales, el gobierno provincial y la UOM, seccional Tierra del Fuego, que determina el congelamiento salarial hasta 2020. Es importante destacar que el nivel de sindicalización en Argentina alcanza al 37 por ciento; en Uruguay el 34, mientras que en Brasil llega sólo al 17 y en Chile al 14 de los trabajadores ocupados, lo que permite medir la fuerza relativa del sindicalismo argentino.

Crecimiento de la precarización y de la fragmentación de la clase trabajadora

El marco actual de las relaciones capitalistas muestra desde hace más de tres décadas una modificación sustancial de las relaciones de trabajo. Nuevos modos de organización, trabajo descentralizado y en equipo en las grandes empresas, flexibilidad de entrada y de salida, crecimiento de la tercerización. Tales transformaciones crean un escenario de creciente precariedad laboral, una difícil inserción de los jóvenes un crecimiento del nivel de desocupación que no disminuye. La internacionalización de la economía de mercado o financierización de la economía, determina una limitación de los poderes del Estado. El keynesianismo supone un cierto control del Estado sobre las variables económicas. El neoliberalismo no suprime el poder del Estado, sino que lo transforma en un instrumento más flexible para sus intereses y fortalece y perfecciona la maquinaria represiva (justicia penal y fuerzas de seguridad). Por ejemplo, en Argentina existe una articulación mafiosa en la cúpula del poder (empresaria-judicial-mediática) y en las instituciones del Estado. Ha dejado de ser la fuerza dominante en las sombras para asumir abiertamente el gobierno. Existen varios motivos; en particular la inexistencia de un elenco de políticos con capacidad de decisión como para implementar el mega-saqueo en curso. Por lo tanto, fueron los gerentes de corporaciones y operadores del capital financiero los que se hicieron cargo de manera directa del Poder Ejecutivo. La aplicación de las recetas ortodoxas del neoliberalismo (megadevaluación, aumento de la deuda externa, desprotección de la estructura industrial, libertad de importaciones, eliminación de retenciones –impuestos– a las exportaciones agropecuarias y mineras), han llevado al país a la recesión y al default. Tal situación crea nuevas condiciones desfavorables para los trabajadores y sus organizaciones. El régimen neoliberal les impone mayor productividad y crecimiento de la rentabilidad empresaria, polivalencia funcional, fraccionamiento de las vacaciones, tercerizaciones, diversas formas de precariedad. Todo ello sumado al trabajo en negro, que en Argentina asciende al 35 por ciento del total de la población activa, al auge de los contratos temporarios y de la exigencia de inscribirse como monotributistas (autónomos) como condición para obtener un empleo, utilizada tanto en el sector privado como en el Estado. La reciente muerte de una agente de tránsito que trabajaba como monotributista en la Ciudad de Buenos Aires, puso de relieve la política de precarización llevada a cabo por su gobierno.

 

Múltiples figuras de la precarización

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estimó que hay en la ciudad capital de la República Argentina alrededor de 18 mil empleados bajo esta modalidad de contratación precaria; sin estabilidad laboral, sin licencias de ningún tipo, sin indemnización en caso de despido, ni vacaciones pagas, ni aguinaldo, con salarios bajos, sin seguro por accidentes, y debiendo afrontar los gastos bancarios (mantenimiento de cuenta, comisiones). Llegan a cubrir el 55 por ciento de los puestos de trabajo en algunos ministerios, cifra que llega al total en algunas dependencias. Las figuras de la precarización son múltiples: locación de servicios, locación de obra, asistencia técnica. Si es el propio Estado el que utiliza estas diversas formas del fraude laboral, ¿cómo sorprenderse que nada haga para regularizar a quienes trabajan en negro en el sector privado? La fragmentación de la clase trabajadora ha llegado a límites extremos, y provoca un debilitamiento de la organización sindical, tradicionalmente fuerte y extendida en la Argentina: trabajadores permanentes y contratados o tercerizados, inscriptos y no inscriptos, etc. El proyecto de reflexibilización y la flexibilización de hecho o negociada tienden a individualizar la relación de trabajo, aislando a los trabajadores, disolviendo el colectivo laboral, desregulando cualquier control sobre el ejercicio del poder empresario y facilitando actos de violencia privados tales como el despido. El objetivo de la clase dominante y su gobierno es desarmar política, ideológica y psicológicamente a la clase trabajadora, liquidar o neutralizar sus organizaciones, anulándola como fuerza social. No es lo mismo que los trabajadores tengan derecho efectivo a un puesto de trabajo estable, por tiempo indeterminado, que una realidad en la que la mayoría de los trabajadores se hallen precarizados en diversas formas: no registrados o “en negro”, pasantes, contratos de colaboración, etc. No es lo mismo trabajar 14 horas diarias, que hacerlo durante 6 o 35 semanales. Porque la reducción del tiempo de trabajo no sólo garantiza la salud física y psíquica de los trabajadores, sino que crea las posibilidades de destinar parte del tiempo libre al estudio, la formación y la participación social y política. No es lo mismo garantizar la estabilidad o la propiedad del puesto de trabajo, conforme al Convenio 158 de la OIT, que tener un sistema jurídico basado en la inestabilidad en el trabajo. Porque la estabilidad en el trabajo y la ciudadanía en la empresa son los derechos que condicionan la posibilidad de luchar por otros derechos; y el trabajador que carece de estabilidad pone en riesgo su trabajo si decide organizarse sindicalmente. El gobierno y sus voceros mediáticos presentan al despido sin causa como un acto normal, políticamente neutro, derivado de exigencias organizativas, de la racionalidad y el cálculo económico de la empresa. Se trata de convencer a la sociedad, y a los propios trabajadores que el despido es un hecho natural, casi fisiológico de la sociedad capitalista, y que debe ser aceptado sin resistencia alguna. Este es el trabajo que el capitalismo en su versión neoliberal ofrece a los que deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir.

Condiciones mínimas y respeto a los derechos elementales

Observamos que durante la Conferencia Internacional del Trabajo del centenario de la OIT, la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo –que no es un organismo permanente del organismo internacional– refleja esta preocupante adaptación a las nuevas condiciones de precarización del empleo. En 2017, la OIT exhortaba a los países a que se hicieran cargo de orientar las políticas para responder a “la innovación tecnológica, los cambios en la organización del trabajo y la producción, la globalización, el cambio climático, el entorno normativo y los cambios demográficos y migratorios”. Reiteraba por entonces la tarea de gobernar para intervenir y dirigir las transformaciones de las plataformas digitales de empleo, partiendo del hecho de que la invisibilidad del empleador debilita aún más la posición de los sindicatos, y la necesidad que éstos buscaran nuevas formas de proteger los derechos de los trabajadores insertos en la economía digital. También se exhortaba a los Estados a llevar a cabo políticas públicas y planificación orientada a lograr una desaceleración controlada de los procesos de robotización y automatización como estrategias para dar tiempo de insertar a las personas en las nuevas dinámicas de trabajo. En 2019, al celebrarse cien años de la creación de la OIT, se habla de “condiciones mínimas” y del respeto a determinados “derechos elementales de las personas”, ignorando el papel de los sindicatos. Se plantea formar a las personas para adaptarse a las contingencias del mercado, negando toda forma de planificación y políticas públicas. La flexibilización y la precariedad de las relaciones laborales causaron un impacto negativo en la salud de los trabajadores. En un modelo de trabajo caracterizado por la temporalidad y la movilidad permanente de la fuerza de trabajo, la fábrica desaparece como punto de referencia de los sistemas de prevención. Es por ello que –aun cuando mejoren dichos sistemas–, el empeoramiento de las condiciones de trabajo les resta eficacia. Se impone entonces promover la participación de los trabajadores en las actividades de prevención más allá del marco de la empresa tradicional, reconociendo los derechos que se desprenden de los Convenios 155 y 187 de la OIT:

1- El derecho a la información sobre las condiciones de trabajo y las normas de prevención
2- El derecho a participar en la organización del trabajo, la prevención y la reparación de los accidentes y enfermedades laborales, a través de los delegados de prevención y comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo
3- El derecho a rehusarse a trabajar en condiciones inseguras (Art. 13 Convenio 155 OIT); cuando exista un peligro inminente y grave para la vida o la salud del trabajador. Cuando es la vida o la integridad física la que está en peligro, el Derecho no puede impedir que los propios trabajadores o sus organizaciones dispongan la interrupción de las tareas.

La importancia de las comisiones internas y los cuerpos de delegados

En Argentina, los sindicatos tienen una mayor presencia dentro de las empresas, pues los cuerpos de delegados y las comisiones internas tienen una importancia fundamental. El sindicato se conforma como una realidad interna dentro de la propia empresa, y en esto reside principalmente su fuerza, y no en una supuesta unidad por rama de la producción, que en realidad nunca ha existido. Por tal razón, la represión de la dictadura cívico-militar de 1976-1983 se concentró en las comisiones internas, más que en las direcciones sindicales, generalmente más negociadoras. De ahí la importancia de la actual resistencia de los cuerpos de delegados y comisiones internas, que agrupan alrededor de 75 mil delegados en todo el país. La resistencia se expresa en las movilizaciones sindicales y de los movimientos sociales; la acción de organizaciones sindicales nucleadas en la Corriente Sindical Federal, el Frente Sindical por el Modelo Nacional, que se hallan dentro de la CGT, aunque no coincidan con la política negociadora de la actual dirección de la misma, en la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, y en la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y otras organizaciones que nuclean a trabajadores que se encuentran al margen de las empresas, sin relación de dependencia, que motorizan actividades productivas a través del trabajo autogestionario. Es oportuno recordar la reflexión del filósofo italiano Antonio Gramsci, que señalaba: “El proceso de producción capitalista, considerado en su nexo complejo, es decir como proceso de reproducción, no produce sólo mercancías, no produce sólo plusvalía, sino que produce y reproduce la relación capitalista misma: de una parte el capitalista, de la otra el obrero. En el fondo de cada problema de producción está el problema político, es decir el de las relaciones sociales, del funcionamiento orgánico de la sociedad. Para organizar seriamente la producción se necesita primero, o mejor contemporáneamente, organizar en relación a la misma a toda la sociedad, que en la producción tiene su expresión más genérica y directa. La producción es el alma de la sociedad, su símbolo más comprensivo e inmediato”. Y agregaba: “La reflexión sobre la relación entre política y producción determina que sólo partiendo de esta realidad es como la clase obrera, identificándose a sí misma como alternativa, puede integrar, organizar y dirigir otros estratos sociales intermedios, definiéndolos a la luz del puesto que ocupan en el proceso productivo respecto a la clase obrera”.

*Fragmento de una ponencia de Elizondo en Italia antes de las elecciones del pasado 27 de octubre

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