La audiencia en la que hoy iban a ser imputados 40 policías santafesinos por corrupción fue suspendida ayer, luego de que la medida copara los portales de noticias. La fiscal dijo que la causa que lleva adelante contra decenas de uniformados, algunos de alto rango, está bajo reserva y advirtió que quienes filtraron información deberán responder por ello. Sin embargo, negó que ése haya sido el motivo de la suspensión y en su lugar argumentó que tienen “mucho trabajo superpuesto”. Hasta anoche se desconocía la nueva fecha de la imputación.
Tal como informó El Ciudadano en su edición de ayer, la causa tienen en la mira a unos 40 policías de la Unidad Regional I (Santa Fe) por graves irregularidades con dinero en la designación de horas Ospe (Orden de Servicio de Policía Extraordinaria), como se conocen las “extras” o “adicionales” del personal policial. Fuentes oficiales dijeron que los uniformados que están siendo investigados ascienden a 40 (algunos medios mencionaban 200), que serán acusados por defraudación a la Administración Pública, falsificación de documento público y mal desempeño de sus funciones.
La investigación tomó estado público a sólo una semana de la detención de medio centenar de policías rosarinos involucrados en la desaparición forzada de Franco Casco, en octubre de 2014, y en el fusilamiento de David Campos y Emanuel Medina, en junio pasado. Y provocó otro fuerte cimbronazo al interior de la Policía santafesina.
Ayer, ante el anuncio de la suspensión de la audiencia imputativa, la fiscal María Laura Martí (de la unidad de Investigación y Juicio Nº 4 de Santa Fe) dijo que no puede dar información precisa porque estaría violando la reserva que ella misma dispuso. Al respecto advirtió que quienes “viralizaron” información sobre la causa deberán responder, en su momento, por las mismas. “Cualquier filtración de información entorpece”, dijo Martí, que explicó: “Cuando se entorpece la investigación no se llega a la verdad como se debe”.
De esa manera no dio detalles, citó la reserva que prevé el artículo 258 del Código Procesal Penal provincial y explicó que la audiencia será reprogramada en “breve”.
Pido gancho
La semana pasada, con los cincuenta policías detenidos en Rosario, el gobernador Miguel Lifschitz pidió no confundir “la excepción de la regla” y ratificó en su cargo al jefe de Policía de Santa Fe. Ayer, con la noticia de que otros 40 miembros de la Fuerza iban a ser imputados, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se llamó al silencio. Fue Pablo Farías, titular de la cartera de Gobierno, quien salió a pedir “prudencia”, aunque el llamado no fue para los empleados policiales investigados por graves delitos sino para los jueces que ordenan sus detenciones.
“Con la generalización de la idea de que están involucrados muchos agentes, pone en riesgo de que haya una estigmatización negativa de la fuerza policial”, reflexionó Farías, que explicó lo que se está haciendo: “Tratar de desentrañar aquellos agentes que no han actuado bien, involucrados en causas penales y judiciales, para poder separarlos de la fuerza”.
“No es fácil”
La fiscal que está a cargo de la pesquisa contra los policías de la Unidad Regional I, María Laura Martí, reconoció ayer que “no es fácil llevar adelante esta clase de investigación”. Y si bien reconoció que cuenta con el apoyo incondicional de sus superiores, remarcó que es una ciudadana común, sin fueros, que vive como puede. “Han llegado comentarios, presiones, por así decirlo”, asumió la funcionaria del Ministerio Público en declaraciones a los medios. Pero enseguida aclaró que no denunció esas intimidaciones de las que fue víctima porque no fueron concretas, aunque no aclaró cómo fue que se produjeron.
Tres jefes policiales en libertad, tras pagar fianza
Los tres policías santafesinos investigados por la venta de un automóvil que estaba secuestrado en la seccional 2ª de la capital provincial, recuperaron ayer la libertad bajo caución. Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria, Jorge Pegassano, quien aceptó el pedido de los abogados defensores que hicieron la propuesta durante una audiencia celebrada ayer.
La fianza estipulada para el jefe y para el subjefe de la comisaría Segunda de Santa Fe, (Marcelo Scyarchcinsky y Maximiliano Nieva) respectivamente, fue de 500 mil pesos para cada uno. Por su parte, para el subjefe del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, Matías Villarreal, la caución real fue de 100 mil pesos.
La fiscal que investiga el caso, María Laura Martí, había solicitado la prisión preventiva de los tres imputados. Ayer, tras la audiencia en la que recuperaron la libertad, Martí hizo hincapié en que “no quedaron desvinculados del proceso y la investigación continúa”. Además, la fiscal informó que aguardará los fundamentos de la decisión del magistrado para evaluar la posibilidad de apelar.
La defensa del comisario Scyarchcinsky ofreció que su cliente se mude a San Cristóbal, de donde es oriundo. El magistrado aceptó la propuesta y ordenó que el imputado quede bajo la guarda de su padre.
Los tres policías habían sido imputados el viernes pasado por la fiscal Martí, que les atribuyó al titular de la seccional 2ª los delitos de exacciones ilegales agravadas (dos hechos); negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (dos hechos); tráfico de influencias agravado y tentativa de estafa procesal; todo en concurso real.
Por su parte, al subjefe Nieva le imputó los delitos de exacciones ilegales agravadas (tres hechos); tráfico de influencias agravado; negociación incompatible con la función pública y tentativa de estafa procesal; todos los delitos en concurso real.
En tanto, al subjefe del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé le achacó negociaciones incompatibles con la función pública; tráfico de influencias agravado y tentativa de estafa procesal; todo en concurso real.
Los delitos que investiga la fiscal Martí se produjeron a partir del secuestro de un Fiat Uno en un control de rutina de prevención de delitos, que realizó Gendarmería Nacional en Santo Tomé a fines de mayo. El vehículo tenía pedido activo de secuestro desde 2011, a raíz de que había sido denunciado como robado en Rosario.
“La maniobra consistió en exigirle dinero a un hombre que había comprado –a sabiendas que era robado– el vehículo retenido”, indicó Martí. “Como el rodado estaba retenido en la Segunda, y el comprador no lo podía retirar porque no era el titular dominial, le exigían el dinero”, agregó, para precisar: “Para entregarle el automóvil, el jefe y subjefe de la comisaría le exigieron el pago de 10 mil pesos. Además, le pidieron que entregara un celular marca Samsung modelo J7 a cambio de la realización de las diligencias necesarias para que el auto pudiera salir de la comisaría”.
