El Senado dio sanción definitiva ayer a una ley que suspende desalojos de pequeños productores –por el término de cinco años– en toda la provincia. Fue en una sesión de emergencia convocada a partir de la habilitación del proyecto, por parte del Poder Ejecutivo, para ser tratado en sesiones extraordinarias, algo que había sido reclamado por legisladores de la oposición en las últimas semanas luego de que se registraran los primeros desalojos de campesinos en el norte santafesino.
La ley sancionada ayer declara la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por los pequeños productores. Es autoría de la diputada del ARI Susana García y tenía media sanción de la Cámara de Diputados a fines de noviembre. A último momento, fue incluida por el gobierno entre los temas a tratar en el período de sesiones extraordinarias. El apuro está vinculado con la necesidad de una herramienta efectiva que frene los desalojos, ya que la Legislatura entra ahora en receso y recién retoma su actividad en febrero.
La emergencia durará cinco años y alcanzará a productores, familias y campesinos que acrediten más de diez años de ocupación efectiva, ininterrumpida y pacífica de las tierras. Quedarán suspendidos todos los desalojos por el término de la emergencia y se creará el Programa de Regularización Dominial, con el objeto de obtener un registro real de dominio y un relevamiento de la situación posesoria de los inmuebles rurales ubicados en todo el territorio provincial.
Desde octubre, pequeños productores de los departamentos Vera y 9 de Julio, en el norte provincial, denunciaron la situación a la que estaban siendo sometidos, con intereses económicos detrás de los desalojos que, en algunos casos, fueron muy violentos. Con el correr de las semanas los campesinos lograron el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos de Reconquista y del norte provincial, del abogado Iván Bordón, querellante en el juicio a los represores de la Base Aérea de Reconquista y del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, entre otras entidades.
La diputada Susana García, autora de la iniciativa, declaró: “Esta ley es el producto de la lucha de los pequeños productores que vienen resistiendo el avasallamiento de las tierras por parte de concentrados intereses económicos”.
Según García, “la impunidad con la que venían expulsando violentamente a trabajadores y a familias enteras hoy encuentra su límite a partir de este marco legal”. La diputada agregó: “Este instrumento significa una defensa para los pequeños productores que están en situación precaria de tierras desde hace décadas y también significa el arraigo, en nombre de los que murieron en el intento de ser desalojados”.
Por su parte, el diputado del Movimiento Evita Eduardo Toniolli contó que el problema de los desalojos “se profundizó en los últimos años” y denunció que se basan en “juicios con papeles apócrifos de supuestos dueños para despojar a campesinos humildes” que ocupan las tierras desde hace décadas y que son expulsados “por la fuerza pública o por sicarios y matones contratados”.
