Marcha y contramarcha. El gobierno nacional anunció este viernes la suspensión momentánea de la resolución firmada el lunes por la cual se elimina la tarifa social eléctrica y se traspasa a las provincias la responsabilidad de financiar ese beneficio. La decisión es “en el marco de las conversaciones con las provincias” por el presupuesto 2019, según explicó el ministro de Economía de la Nación Nicolás Dujovne.
La marcha atrás no es definitiva ya que, según definió Dujovne, se hará “una evaluación” del impacto que podría tener la resolución 122/2018, aprobada el pasado lunes y firmada por el entonces ministro de Energía Javier Iguacel, para luego resolver si se ratifica o se hace “una eventual modificación” de su contenido y alcances.
En la provincia de Santa Fe hay 210 mil beneficiarios de la tarifa social eléctrica –que reciben ese beneficio a partir de los subsidios que aporta la Nación en el sistema mayorista de generación energética– y otros 140 mil usuarios que tienen acceso a la tarifa social que subsidia la EPE.
La decisión conocida el lunes, en medio de la reorganización del gabinete nacional por el cual la cartera que conduce Iguacel bajó su rango de ministerio a secretaría, generó una fuerte disputa política entre el gobierno nacional y las provincias. El Ejecutivo santafesino había sido muy crítico de la medida. El gobernador Miguel Lifschitz primero señaló: “No aceptamos que nos quiten recursos de los santafesinos para financiar la fuga de dólares y cerrar un déficit que no produjimos las provincias”. Y luego disparó: “No quiero ser socio del ajuste”, en directa referencia a Macri.
Ante las críticas unánimes de los gobernadores, el ministro Dujovne puso en pausa la eliminación de esos subsidios y avisó a través de un comunicado: “En el marco de las conversaciones con las provincias, dadas las nuevas competencias del Ministerio de Hacienda en relación a la energía, se suspenderá la entrada en vigencia de la resolución 122/2018 aprobada el pasado 3/09/2018 para su evaluación y eventual modificación”.
La quita del beneficio iba a operar desde el 1º de enero de 2019. Pero ahora quedó en suspenso mientras el Ministerio de Hacienda evalúa su potencial impacto. La transferencia de la responsabilidad de financiar la tarifa social de la Nación a las provincias fue una de las iniciativas anunciada por el propio Dujovne, a principios de semana, en su plan de lograr el déficit primario cero durante 2019.
La Nación se encuentra en plena negociación con las provincias por el presupuesto 2019, que será enviado la semana próxima al Congreso. Para lograr un equilibrio fiscal que le permita al gobierno de Macri acceder a un segundo tramo del préstamo firmado en junio con el FMI, se pretenden recortar 500 mil millones de pesos del gasto público, de los cuales 100 mil millones corresponden a las provincias. La primera poda ya está vigente con la eliminación del Fondo Sojero y entre las nuevas quitas que se discuten por estos días aparecen los subsidios nacionales para el transporte público.
En la semana, la secretaria de Energía de la provincia, Verónica Geese, había aclarado que “no se trata de una transferencia a las provincias” sino de la eliminación lisa y llana de la tarifa social. Ahora, todo volvió a foja cero.
