La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial resolvió por unanimidad suspender en forma preventiva al fiscal Matías Edery, quien fue imputado el viernes pasado por los delitos de omisión de investigar, encubrimiento agravado, violación de medios de prueba y prevaricato. Todo ello a partir de una investigación por su relación “irregular” con una informante, Mariana Ortigala, a quien presuntamente encubría mientras ella y su entorno cometían diversos delitos. Mientras fue informante de Edery, la acusada adquirió unas 14 propiedades.
La Bicameral resolvió suspenderlo por el tiempo que dure el proceso en la Cámara. Edery había sido corrido de su cargo y enviado a la Fiscalía en la que se investigan siniestros viales, pero esa medida quedó sin efecto con la decisión de los legisladores.
Este dictamen tiene que ser aprobado por el pleno, es decir por ambas Cámaras, pero ante la unanimidad de la Bicameral todo hace pensar que la suspensión seguirá su curso. Después, el proceso sigue los pasos similares a un juicio. Un acusador presenta pruebas, el derecho de Edery a defenderse, un proceso que lleva tiempo.
Edery fue imputado por haber realizado una cobertura judicial a su informante Mariana Ortigala, así como a la pareja de ella, Sebastián Felipe, al hermano, Rodrigo Ortigala, y a Lorena Córdoba, la viuda del llamado Zar del Juego Clandestino David Perona, a quienes no imputó a sabiendas de que habían cometido delitos, según formularon en su imputación las fiscales santafesinas Bárbara Ilera y María Laura Urquiza.
La propuesta del diputado acusador Fabián Palo Oliver fue una suspensión de cuatro meses y una quita de la mitad del sueldo. Pero los legisladores tomaron una postura más severa y lo suspendieron por tiempo indeterminado. En tanto, en el Ministerio Público de la Acusación y a instancias de su jefa María Cecilia Vranicich, la fiscal regional María Eugenia Iribarren sacó a Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y lo trasladó a la agencia de siniestralidad vial y delitos culposos., una medida que queda sin efecto debido a la suspensión.
La ampliación de la denuncia del auditor del MPA Leandro Mai fue severa. Entre ellas, una del ex diputado provincial Darío Scataglini, acusado en septiembre de 2021 por estar vinculado al juego clandestino. En el nuevo escrito, se afirma que el fiscal también tuvo otros informantes de manera irregular, y que cuatro de ellos fueron asesinados entre 2021 y 2022. Mai agrega que en mensajes de voz enviados que Mariana Ortigala a otras personas, ella se adjudica haber “apretado” a la víctima de una extorsión realizada por su hermano Rodrigo por encargo del fiscal, hecho que por ahora no se encuentra acreditado.
“Hicimos un dictamen donde aconsejamos suspender preventivamente al fiscal Edery. Queremos que siga la investigación para definir si le corresponde una sanción o no. Después que el acusador presentó su escrito, votamos en la Comisión de Acuerdos la posibilidad de una medida cautelar, preventiva”, explicó la titular de Acuerdos Lionella Cattalini (PS).
Asimismo, indicó, en declaraciones a LT8: “Edery tenía una disputa con el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, por lo cual pidió que el legislador no vote”. En este sentido, trascendió de fuentes legislativas que el sanlorencino quedó al margen por propia voluntad del proceso acusatorio.
En tal sentido, la legisladora sostuvo: “El fiscal Edery todavía no fue sancionado, fue separado preventivamente. La semana próxima la legislatura votará para elevar el dictamen. Además, de ser fiscal es una persona amenazada y somos partidarios de que se mantenga su custodia personal. A partir de la semana que viene se votará de acuerdo al procedimiento en la Legislatura provincial”.
La investigación judicial
La pesquisa contra Edery, uno de los fiscales más mediáticos de la sede fiscal rosarina, se inició tras una serie de audios que se dieron a conocer en una audiencia donde imputaron a su informante, Mariana Ortigala, por tentativa de extorsión.
Los fiscales Miguel Moreno y Pablo Socca radicaron la denuncia por los delitos de omisión de investigar en reiteradas oportunidades; encubrimiento agravado; violación de medios de prueba y prevaricato en reiteradas oportunidades.
Mariana y Rodrigo Ortigala son hermanos y tuvieron un fuerte protagonismo en la investigación que se llevó adelante desde la Justicia provincial contra Esteban Alvarado, principal enemigo de la banda de Los Monos. Ambos fueron testigos protegidos y brindaron datos sensibles que terminaron siendo cruciales en la pesquisa que finalizó con Alvarado condenado a perpetua.
Mariana Ortigala había ingresado a un programa de protección a testigos en 2019, quedó, pero quedó vinculada a la banda de Los Monos (al igual que su hermano condenado por un tentativa de extorsión a una pena condicional) y fue imputada, junto a Ariel “Guille” Cantero, Lorena Mireya Córdoba, Bladimir Andrés Navarro, Kevin David Moreno, Brian Ezequiel Díaz, Daiana “Diabla” Leguizamón y Gonzalo Sarmiento por un intento de extorsión al dueño de la agencia de loterías El Califa, entre otros delitos, en septiembre pasado.
En esa audiencia los fiscales l Moreno y Socca, al pedir la prisión preventiva de Ortigala, mostraron una serie de capturas de conversaciones por whatsapp entre Edery y Ortigala de un teléfono que le secuestraron a la mujer una semana antes. Según una fuente policial, Ortigala dijo que uno de los celulares que tenía era para comunicarse con el fiscal y lo usaba únicamente para ello.
Para Moreno y Socca esos audios trascienden la relación profesional. Dijeron que tras la audiencia que Ortigala era testigo protegida desde 2019 y en diferentes instancias judiciales se dijo que «se pasó de banda» y precisamente en este período se la incluyó en el programa de protección a testigos. Desde que el fiscal Edery informó que la incluyó como informante en el ámbito de la agencia, se hizo multimillonaria. “Por eso creemos que no es una testigo protegida sino una narcoprotegida”, apuntó Socca.
Los funcionarios dijeron que la Agencia de Criminalidad Organizada estuvo a cargo de la mayoría de las investigaciones complejas y se especializa en la banda de Los Monos. Y se preguntaron cómo nunca se dieron cuenta que Ortigala era miembro de esa asociación ilícita y se hizo millonaria. “En tres meses de investigación le encontramos 14 propiedades”, añadió el investigador fiscal.
Los chats seguidos por la denuncia penal generaron un caos institucional, que incluyó apartamiento de Edery en causas relacionadas a su informante y de Moreno y Socca de la pesquisa por extorsión, también hubo una revisión en la oficina de Edery en busca de información.
Por su parte Edery dijo que la circunstancia de que Ortigala era su informante fue notificada a su superior, la fiscal regional María Eugenia Iribarren en un sobre cerrado.
Operativo en oficina del fiscal Matías Edery: se llevaron documentación y el celular del funcionario
Las denuncias
Se abrieron dos instancias tras el escándalo, por un lado se inició un proceso disciplinario. El auditor del MPA Leandro Mai envió el caso a la Legislatura, que este jueves resolvió la suspensión del fiscal, además de la imputación judicial que se llevó adelante el viernes pasado.
Desde fiscalía explicaron que los hechos ocurrieron entre julio de 2019 y septiembre del 2023. Según la imputación, en ese tiempo Edery dejó de promover investigaciones penales en contra de diversas personas a sabiendas que existían elementos que acreditaban su participación en delitos vinculados a organizaciones criminales.
También le achacaron haber alterado rastros de hechos delictivos con el fin de asegurar la impunidad de estas personas y haber asesorado a partes contrarias en un mismo juicio, en forma simultanea, actuando y velando por los intereses del imputado, perjudicando deliberadamente las causas que tenía a su cargo, refirió.
Rechazo gremial
La Asociación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) emitió un duro comunicado sobre el tema Edery. “Tenemos una posición histórica desde la asociación, independientemente de quien sea el fiscal o la fiscal que tenga que pasar por este proceso disciplinario en manos del Poder Legislativo. Resulta una intromisión directa del Poder Legislativo por sobre el Poder Judicial, que afecta la autonomía y la independencia” sostuvo Viviana O’Connell, titular de la Asociación de fiscales en diálogo con el portal Conclusión.
El comunicado destaca además que conocieron la información de que la Legislatura Provincial podría dar tratamiento a la suspensión del Fiscal Matías Edery, por medio de un portal de noticias. “Es un procedimiento totalmente reñido con la Constitución, con las convenciones internacionales que tiene firmada la República Argentina, de hecho, ya la asociación de fiscales hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se está tratando en este momento, se les ha acercado la documentación que han solicitado y entendemos que mientras no se modifique este régimen disciplinario todos los fiscales están en estado de indefensión”.
“No podemos enterarnos de que un fiscal está involucrado en un proceso disciplinario por los medios, ni siquiera tiene una notificación formal, no se lo escucha al fiscal previamente a tomar una decisión de este tipo” concluyó la fiscal.
