El fiscal General de la provincia, Jorge Baclini, resolvió este jueves hacer lugar al pedido de suspender preventivamente al fiscal adjunto Fernando Rodrigo por la denuncia que lo involucra con escuchas telefónicas irregulares que había ordenado aprovechando varias investigaciones que llevaba adelante. Se trata de una medida administrativa, por lo que seguirá cobrando el sueldo. Además, hay en marcha una acusación penal.
El pedido de suspensión administrativa había sido elevado el pasado 16 de agosto por la auditora General del Ministerio Público de la Acusación (MPA, la institución de los fiscales), María Cecilia Vranicich. Las causas que tramitaba el funcionario suspendido fueron reasignadas a otros fiscales.
Quería escuchar a su ex y a las amigas, por las dudas
Rodrigo es fiscal adjunto de la Segunda Circunscripción Judicial (Rosario). Un empleado de Fiscalía lo denunció el 8 de agosto último por pedir escuchas de la línea de su ex pareja, también empleada del MPA, y de dos familiares de la mujer, que agregó irregularmente a otras solicitudes en el curso de cuatro investigaciones sobre bandas delictivas rosarinas. Este miércoles, llegó otra denuncia según la cual el funcionario suspendido utilizó el mismo ardid con dos amigas de su colega y ex pareja.
En paralelo a la investigación administrativa, se abrió una penal, a cargo de Natalia Benvenutto, fiscal de Cañada de Gómez, elegida para garantizar imparcialidad (aislar la pesquisa de sus colegas cercanos). O no tanto: Benvenutto y Rodrigo son colegas en la comisión directiva de la Asociación de Fiscales: él como presidente y ella como secretaria.
Una fuente judicial explicó poco después de hacerse pública la denuncia que Rodrigo utilizaba distintas causas para espiar a su ex novia. De esta forma, podía hacerlo por períodos más largos a los que suelen autorizar los jueces. “Cuando se pide una escucha, se presenta la justificación en base a la causa. Muchas veces, no se sabe quiénes son los titulares, porque pueden ser teléfonos liberados. El juez autoriza por una determinada cantidad de días, que casi nunca superan el mes. Cuando ese período terminaba, Rodrigo hacía el pedido en otra causa y renovaba la intervención en la línea”, explicó el informante.
Tras la denuncia, allanaron la casa y el estudio de Rodrigo y secuestraron computadoras, teléfonos y otros elementos de prueba. El jueves pasado, el fiscal pidió licencia y se la concedieron. Ahora, está formalmente suspendido pero en la investigación administrativa de las presuntas irregularidades. En este caso, y comno la medida es preventiva, sigue cobrando el sueldo por su cargo.
