El Ministerio de Salud de Entre Ríos suspendió la matrícula provincial a un médico condenado por la Justicia rionegrina por impedir un aborto legal, luego de una carta abierta que firmaron cerca de 90 organizaciones, funcionarias, y asambleas.
Se trata del médico tocoginecólogo Leandro Rodríguez Lastra, condenado en octubre de 2019 a un año y dos meses de prisión en suspenso y dos años y cuatro meses de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, pena confirmada por otro tribunal.
Según la causa, Rodríguez Lastra impidió la práctica de un aborto legal y así obligar a gestar y parir a una joven víctima de una violación.
El médico había comenzado a desempeñarse en el departamento entrerriano de Gualeguaychú, con un consultorio en un instituto privado.
A través de la resolución 4.649, el Gobierno de Entre Ríos explicó que se suspendió la matrícula, que lo habilitaba a trabajar en esa provincia hasta 2025, por «razones exhibidas en las noticias de prensa y las constancias judiciales de la sentencia» contra el mismo.
Asimismo, detallaron que el sistema «lo habilita para el ejercicio de la profesión» ya que «no existe un oficio que haya comunicado tal situación legal» de condena.
Tras conocer la condena, el Ministerio entrerriano consideró que mantener «la matricula vigente provincial de médico» sería una «concreta violación a las normas que rigen actividad, a la ética y al interés público y social».
Por eso, a través de la resolución, la titular de la cartera, Sonia Velásquez, ordenó suspender su matrícula.
Además, Rodríguez Lastra deberá «cerrar su consultorio y abstenerse de ejercer la medicina» en Entre Ríos.
Cerca de 90 colectivos, funcionarios y ex legisladoras de tres provincias publicaron una carta abierta dirigida a Bordet y al Ministerio de Salud provincial para que se revise la matrícula y «no se apruebe la afiliación» de Rodriguez Lastra.
La matrícula 12.642 «le fue otorgada a Rodríguez Lastra por la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales», provincial, con vigencia desde septiembre de este año hasta 2025.
Asimismo, en el escrito enviado a Télam detallaron lo «contradictorio que resulta celebrar» el envío de una ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y «que en la realidad efectiva se otorgue licencia a quienes han violado derechos humanos a las mujeres».
Entre los firmantes se encuentran asambleas feministas; colectivos; observatorios; radios; organizaciones políticas; espacios sociales, culturales y políticos; agrupaciones; la CTA de los trabajadores Entre Ríos; universidades; concejalas y funcionarias locales; y partidos políticos, entre varios.
Condenan a ginecólogo que impidió un aborto legal a una joven violada
