En una nueva acometida, el Gobierno nacional de Javier Milei, anunció la suspensión de las jubilaciones de privilegio de la expresidenta Cristina Kirchner y del exvicepresidente Amado Boudou. La medida se fundamenta en la aplicación de la Ley 24.018, que regula las jubilaciones y pensiones para exmandatarios desde 1992, durante la gestión de Carlos Menem.
En una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó: «El beneficio previsto por la Ley 24.018 es una asignación excepcional que se otorga en reconocimiento al honor, mérito y buen desempeño en el cargo. La señora Kirchner ha sido condenada por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad por administración fraudulenta, lo que contraviene esos principios».
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello y del cual depende la ANSES, confirmó que el acto administrativo ya fue ejecutado. «Será publicado mañana y se está procediendo a notificar a la interesada», informaron desde la cartera.
La Ley 24.018 establece en su artículo primero que el Presidente, el Vicepresidente y los Jueces de la Corte Suprema están comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias a partir del cese en sus funciones. Sin embargo, la norma no especifica que estas asignaciones puedan ser revocadas por causas penales. Solo el artículo 29 indica que los beneficios no alcanzan a quienes, previo juicio político o sumario, hayan sido removidos por mal desempeño.
Las opciones de CFK y el caso de Zulema Menem
Ante este contexto, fuentes consultadas señalan que Kirchner podría iniciar acciones legales para restablecer sus asignaciones. Cabe recordar que, durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017, se le había dado de baja una de las dos asignaciones que percibía, aplicando el artículo 5 de la ley que prohíbe el cobro simultáneo de más de un beneficio. No obstante, la exmandataria recurrió a la justicia y logró restablecer sus ingresos.
En contraste, la pensión de privilegio que percibe Zulema Yoma, viuda de Menem, no fue afectada por la decisión del actual gobierno. A pesar de que este fue condenado por la Cámara de Casación en una causa de corrupción, su pensión sigue vigente. Según datos oficiales, Yoma cobraba en febrero $5.741.434,81 brutos en calidad de cónyuge.
Consultado sobre si la medida se extendería a otros beneficiarios en situaciones similares, Adorni afirmó: «La respuesta es obvia: por supuesto. Fin», sin ofrecer detalles específicos.
Además de Kirchner y Boudou, otros exfuncionarios perciben asignaciones vitalicias. Entre ellos se encuentran María Estela Martínez de Perón, Julio Cobos, Daniel Scioli, Adolfo Rodríguez Saá, Mauricio Macri y Gabriela Michetti, entre otros. En total, el Estado paga 13 beneficios de este tipo, que en conjunto sumaron $183.087.454 brutos en el último mes, según datos de la ANSES.
Qué dice el Gobierno nacional
El gobierno argumenta que estas asignaciones son incompatibles para quienes han cometido delitos en ejercicio de sus funciones públicas. «La finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas deviene jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional», señala la resolución oficial.
La medida ha generado diversas opiniones en el ámbito político y legal. Algunos expertos consideran que la decisión podría ser cuestionada judicialmente. Y es que la ley no prevé la suspensión de las asignaciones por causas penales sin un juicio político previo. Otros sostienen que es un paso necesario para combatir la corrupción y asegurar que los beneficios estatales no lleguen a quienes han defraudado al Estado.
Mientras tanto, Kirchner podría optar por acudir a la justicia para revertir la decisión y restablecer sus ingresos. En el pasado, logró revertir acciones similares mediante recursos legales.
El gobierno de Milei mantiene una postura firme en la lucha contra la corrupción y en la revisión de los privilegios otorgados a exfuncionarios condenados. Sin embargo, la ausencia de medidas similares contra otros beneficiarios en situaciones análogas, como en el caso de Menem, ha generado cuestionamientos y expectativas sobre futuras acciones en este sentido.
El caso de Carlos Menem
El expresidente Carlos Menem fue condenado a cuatro años y medio de prisión en un juicio oral celebrado en 2015, ratificado por la Cámara de Casación en 2018, por el delito de peculado durante su presidencia (1989-1999). Se comprobó un sistema clandestino de pagos con fondos reservados y sin rendición de cuentas. Sin embargo, el Gobierno no mencionó si se tomarán medidas respecto a la pensión que percibe su viuda.
El presidente Javier Milei ha expresado en ocasiones anteriores su admiración por Menem, calificándolo como «el mejor presidente de los últimos 40 años». Esta postura podría explicar la ausencia de acciones similares en este caso, aunque desde el entorno gubernamental no se han brindado declaraciones al respecto.
Perspectivas futuras
La suspensión de las jubilaciones de privilegio a exfuncionarios condenados por corrupción marca un precedente en la política argentina. No obstante, resta por ver cómo evolucionarán los casos de otros beneficiarios y si se adoptarán medidas coherentes en todos los ámbitos. El voto final lo tendrá otro poder del Estado: la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La sociedad argentina observa atentamente estas decisiones, que reflejan la intención del gobierno de abordar temas sensibles como la corrupción y el manejo de los recursos públicos. La expectativa se centra ahora en cómo se aplicarán estas medidas y si se extenderán a otros casos.
