Horas después de que el primer ministro británico Boris Johnson anunció su pedido de suspender las sesiones del Parlamento –decisión que posteriormente aprobó la reina Isabel II– miles de personas salieron a las calles de Londres y otras ciudades de Reino Unido para protestar por lo que algunos dijeron era «un golpe contra la democracia»
La decisión de Johnson, de suspender el Parlamento desató una batalla jurídica y desafíos legales inéditos en el Reino Unido, luego que sectores de la oposición la calificaran este jueves de «ilegal» y «golpe de Estado», y se reunieran más de un millón de firmas en pocas horas exigiendo que la maniobra sea sometida a debate en la Cámara de los Comunes.
Este miércoles, Johnson suspendió el Parlamento por un mes, hasta el 14 de octubre, para evitar un bloqueo parlamentario a un Brexit «duro», sin acuerdo, un día después de que buena parte del arco opositor anunciara su intención de «explorar vías legislativas» para evitar que el país deje la Unión Europea (UE) el 31 de octubre con esa modalidad, una opción que cada vez se ve más probable.
Varios líderes opositores, entre ellos el laborista Jeremy Corbyn, insistieron este jueves en que lanzarán su intento de bloqueo la próxima semana, pero advirtieron que será «muy difícil» después de la decisión de Johnson.
El responsable de comercio internacional laborista, Barry Gardiner, dijo este jueves al servicio público de noticias BBC Radio 4 que los diputados intentarán «tramitar la legislación apropiada en este calendario constreñido fijado por el gobierno».
Una coalición de parlamentarios de varios partidos hará movimientos el martes 3 de septiembre, a su regreso a Westminster, informó el periódico The Independient, en su versión online.
Se enfrentarán a un gobierno que calificó la indignación opositora como «falsa» y –según informó la prensa británica–, está preparado para tomar una serie de medidas en las próximas semanas para forzar el Brexit.
El líder conservador en la Cámara de los Comunes, Jacob Rees-Mogg dijo que la medida es «completamente constitucional y adecuada» y consideró que «habrá muchísimo tiempo para debate antes del 13 de octubre».
La activista anti Brexit Gina Miller puso en marcha un procedimiento legal a fin de evitar la suspensión del parlamento, según reveló en un mensaje de Twitter en el que asegura que Johnson «ha secuestrado el poder prerrogativo de la reina» a fin de emplearlo para «fines sin escrúpulos».
En tanto, más de un millón de británicos firmaron una petición popular para que la decisión sea sometida a debate en la Cámara de los Comunes, 10 veces más que las 100 mil necesarias para este trámite legislativo.
En ella se indica que el Parlamento «no debe ser prorrogado (suspendido) o disuelto a menos y hasta que el Artículo 50 haya sido suficientemente extendido o se cancele la intención del Reino Unido de abandonar la UE».
