“El aumento que se acaba de anunciar y se deriva del incremento de precios en el mercado mayorista de Nación es una modificación tarifaria que la resolvió la propia empresa, sin participación del Ministerio de Economía”. Esa fue la respuesta del ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, cuando El Ciudadano lo consultó por la estructura de financiamiento de la Empresa Provincial de la Energía tras la cirugía mayor que el gobierno nacional aplicó sobre los subsidios a la energía eléctrica.
Esas medidas, según se informó, significaron para la EPE pagar un 300 por ciento por la energía que compra en el mercado mayorista para luego distribuir a lo ancho y largo de los 50 mil kilómetros de redes de alta, media y baja tensión.
A pesar de semejante cimbronazo en la estructura de costos, el directorio de la empresa resolvió acomodar los números a través de la tarifa, con incrementos que van entre 30 y 48 por ciento. Y eso que el aumento anunciado a fines de 2015 –un 26% a partir del 1º de diciembre– parecía achicar el margen de maniobra para seguir cargando el bolsillo de los usuarios del servicio público.
Describió Saglione: “Aspiramos a (que la EPE) sea autosustentable. El Presupuesto 2016 de la provincia así lo prevé. No recibe aportes económicos del Tesoro para su funcionamiento, excepto por el programa Luz y Agua Seguras, donde el Estado decide que la empresa haga algo y entonces el Tesoro aporta para ese objetivo específico. La EPE hoy tiene un régimen tarifario que hace que sea autosustentable”.
—¿Es decir que con este último aumento la empresa cubre los mayores costos que le trasladó la quita de subsidios nacionales?, preguntó este diario.
—Insisto con este concepto. En la definición de la política tarifaria de EPE no participa el Ministerio de Economía, es decir quien administra el Tesoro provincial. La empresa, con sus autoridades y según su proyección de gastos, tiene en cuenta el costo de energía y salarios y define su estructura tarifaria y su política tarifaria. Sobre la base de una premisa de que sea autosustentada. De hecho el aumento que se acaba de anunciar y se deriva del incremento de precios en el mercado mayorista de Nación es una modificación tarifaria que resolvió la propia empresa sin participación del Ministerio de Economía.
La intervención del Poder Ejecutivo, entonces, no pasa por definir cuántos recursos aporta a la empresa, sino lo contrario: que la empresa tiene que prestar el servicio y sostener el plan de inversión con recursos propios.
La administración de Miguel Lifschitz continúa la línea de trabajo de los últimos ocho años. Y hace presumir que el aumento anticipado de diciembre y el que empezó a regir el 1º de febrero son parte de una estrategia coordinada entre el gobierno saliente y el entrante: el primero para absorber inflación anual, y el segundo para la corrección estructural de precios del mercado mayorista que impuso la Nación.
De todos modos, aunque técnicamente el gobierno no incida en la tarifa, no quiere decir que pueda desentenderse del asunto. En definitiva es su espalda política la que sostiene los incrementos. Cabe recordar que las tarifas de energía eléctrica de Santa Fe son de las más altas del país.
Sin un marco regulatorio actualizado ni instancias de debate público previo, para las autoridades políticas de la provincia y el directorio de la EPE se les hace más fácil y ágil avanzar sobre la modificación de tarifas que en el caso de Aguas Santafesinas, que a diferencia de la EPE –que es una sociedad del Estado que presta el servicio eléctrico– encuadra como una sociedad anónima de capital estatal que opera la concesión del servicio de agua y cloacas con un marco regulatorio que incluye a un ente regulador e instancias de audiencias públicas, por más que estas no son vinculantes.
