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Te apuesto que es un problemón: le buscan la vuelta a juegos por plata que captan hasta a niños

Mientras la Cámara de Diputados de la Nación analiza diversos proyectos vinculados con la temática, y en Santa Fe el Ejecutivo provincial acaba de reglamentar el juego online, el Concejo local aprobó este jueves una nueva ordenanza que regula salas de juego y entretenimiento

No es un problema, es un problemón. Con pocas o segmentadas estadísticas al respecto, la estimación es que más de 15 millones de argentinos y argentinas mantiene algún tipo de vínculo con el juego en forma cotidiana, más de 1,6 millón son “jugadores problemáticos” y al menos 300.000 personas están en situación de jugadores compulsivos. Otras estimaciones son alarmantes: apuntan a que el fenómeno se disparó con el aislamiento por la pandemia de coronavirus en 2020 y el Mundial de Qatar de 2022, impulsaron las apuestas en línea hasta un nivel que ya alcanza a más del 40% de la población y que 7 de cada 10 argentinos pueden ser considerados “adictos”. Además de la ludopatía como problemática de salud y el lavado de dinero como problema estructural la facilidad de apostar a un par de toques en el celular o la tablet llevó la preocupación al extremo de que está afectando considerablemente al sector de la población de jóvenes, adolescentes y hasta niños. Por ello en los últimos días se dio una coincidencia inédita: el mismo problema está siendo abordado por los tres niveles del Estado en simultáneo, con el Concejo Municipal en Rosario, la Casa Gris en Santa Fe y la Cámara de Diputados en la Nación.

En la provincia, el gobierno publicó esta semana en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta la ley 14.235, que el Parlamento santafesino aprobó en diciembre de 2023, y que regula las apuestas virtuales. Así, ya está en vigor la nueva normativa que, entre otras directrices, establece que Lotería de Santa Fe, el organismo regulador del Estado provincial para la materia, será la autoridad de aplicación de la norma y, como tal, en los próximos 90 días procederá a la verificación de plataformas para juegos en línea.

No será tarea fácil: una de las disposiciones de la ley establece que todas las aplicaciones o sitios de apuestas deberán estar registrados, al igual que los apostadores, quienes deberán ser mayores de edad: para ello crea el Registro Único de Apostadores en línea, en el que deberán figurar datos fidedignos de quienes realicen apuestas en ruletas virtuales, pronósticos deportivos, póker en línea, y una multitud inacabable de figuras que la programación informática puede recrear. Uno de los puntos es que ningún apostador puede serlo si está en el Registro de Deudores Alimentarios.

Pero las aplicaciones van más rápido y entre las de apuestas figuran, por ejemplo, «bancas» que conceden créditos contra transferencias de dinero para las y los participantes. Son personas físicas que coadministran las aplicaciones al estilo de los antiguos quinieleros de barrio, prácticamente barridos con la evolución de las apuestas de azar hacia, por ejemplo, el Quini 6, el Loto y otros juegos que, a modo de bingo, fueron reemplazando a sus alicaídos predecesores como los billetes de lotería o el Prode, que cayeron en vacío por falta de interés del público, y resurgieron de la mano de programas informáticos. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, cerró el Prode y disolvió Lotería Nacional: quedaron en pie las provinciales, que conformaron Alea, la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina.

El choque es evidente: mientras todas las Loterías y juegos estatales tienen fines sociales como destino de la recaudación, la iniciativas privadas tienen fines de lucro particular. Y en la gran nebulosa están los sitios de apuestas internacionales, sin jurisdicción aparente, pero que aparecen esponsoreando los espectáculos deportivos de mayor interés y los medios que los transmiten.

En la nueva ley santafesina se destaca que la regulación de la actividad de juegos de azar, apuestas y pronósticos deportivos en línea tiene la finalidad de “garantizar el orden público; erradicar el juego ilegal y promover el juego legal responsable con fines recreativos, salvaguardando los derechos de quienes participen en ellos, cuidando y protegiendo a los usuarios, tratando de minimizar los riesgos de adicción”, e incluso atender las regulaciones de la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Para ello se establece que Lotería de Santa Fe “deberá arbitrar los mecanismos necesarios y oportunos para preservar que los montos que se apuestan en los juegos en línea puedan ser supervisados debidamente, asegurando la percepción de tributos y canon, evitando así que su destino sean otras jurisdicciones y/u operadores no autorizados”.

Con respecto a los operadores autorizados, seguirán siendo los casinos quienes mantengan el monopolio de las apuestas online en la provincia, sin perjuicio de que Lotería de Santa Fe pueda crear su propia plataforma o hacer un llamado a licitación para sumar nuevos licenciatarios.

Las actividades habilitadas para apostar de forma virtual en el territorio santafesino son: los juegos de azar, apuestas deportivas, carreras de caballos, juegos virtuales y otros eventos, siempre que sean habilitados por la autoridad de aplicación. Todo lo demás queda, de facto, prohibido, a excepción de juegos y apuestas que se realizan de forma presencial en las agencias de Lotería y sorteos o kermeses, encuadados en «juegos o competiciones de puro ocio, pasatiempo o recreo que constituyan usos sociales, siempre que éstos no produzcan transferencias económicamente evaluables».

Un tema nacional

En tanto, a escala nacional, la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico diseñó esta semana su agenda parlamentaria: además de –o acaso entre los– consumos problemáticos, los miembros se abocarán a la temática de juego online y ludopatía.

La titular del cuerpo, Mónica Frade (Coalición Cívica-provincia de Buenos Aires), dio cuenta de que “existen muchos proyectos” que fueron girados a la comisión y que están relacionados con el juego online y la ludopatía. “Son temas que están quebrando a las familias y a los adolescentes”, sostuvo.

Asimismo, la legisladora propuso la realización de reuniones informativas, con la participación de expositores relacionados con la temática, con el objetivo de “poner en agenda un tema muy importante”, sobre el que también vienen alertando docentes de todos los niveles: “El ámbito educativo esta preocupado por esta problemática”, aseguró.

“Es un tema sumamente grave”, coincidió la diputada Patricia Vásquez (PRO-provincia de Buenos Aires), y en ese sentido pidió centrarse en “el aspecto de la recuperación de las adicciones”. “Necesitamos tener un sistema amplio que pueda cubrir desde el Estado nacional, provincial y municipal, la recuperación de esos chicos que ya no tendrían retorno si no nos ocupamos de esto”, remarcó.

En ese marco, los diputados de Unión por la Patria Carolina Gaillard (Entre Ríos) y Daniel Gollán (provincia de Buenos Aires) coincidieron en “la necesidad de poder debatir sobre una nueva ley de Salud Mental”, al indicar que el debate se dará en la comisión de Acción Social y Salud Pública: “Deberíamos plantear la posibilidad de realizar una reunión en conjunto, ya que tenemos áreas de trabajo en común”, señalaron.

 

En Rosario

Este jueves, el Concejo Municipal aprobó el proyecto del edil Fabrizio Fiatti (Arriba Rosario), una nueva ordenanza que deroga la 3.335 de 1979 y sus modificatorias. Pero la norma establece  condiciones para el funcionamiento de las salas de juegos y entretenimientos con fines exclusivamente recreativos, “siempre que en aquellas ocasiones donde se entreguen «premios» los mismos no sean monetarios y/o en dinero”.

Para dichas salas se establecen dos categorías “A”, salas de entretenimientos infantiles, a las que califica como los establecimientos destinados al funcionamiento de máquinas, aparatos, objetos y/o estructuras de recreación, sean mecánicos, eléctricos, electromecánicos, electrónicos, de destreza o juegos de mesa, orientados exclusivamente a público menor de edad y sus acompañantes. Mientras que la categoría “B” son los destinados exclusivamente al público mayor de edad.

Entre otros aspectos se establece que los locales deberán poseer una superficie mínima de 100 metros cuadrados; contar con iluminación del tipo denominada “de día”, en todo el ámbito del salón y en el caso de los salones categoría “A” deberán tener un frente totalmente vidriado –de manera ineludible-, de modo tal que desde la calles pueda visualizarse perfectamente la actividad interna del mismo.

De igual modo para los locales categoría “A” “queda terminantemente prohibida la existencia y expendio de bebidas alcohólicas”. También para dichos locales se los autoriza a destinar uno o más sectores específicos para el festejo de eventos y/o fiestas infantiles. En tal caso podrán realizar el expendio de comidas y/o bebidas siempre que sean sin alcohol.

Por su parte para los establecimientos de categoría “B” se determina que podrán realizar el expendio de comidas y/o bebidas, “cumpliendo con las condiciones necesarias para ello y como actividad accesoria a la de sala de juegos”.

Asimismo se indica que el o la titular de tales establecimientos, deberá aludir al carácter que reviste el mismo, según la clasificación, “A” o “B” e incluir, cantidad de aparatos con que cuentan, tipo, modalidad y característica de funcionamiento de cada uno, con la fotografía de estos.

¿Y sobre las apuestas en línea?

 

Jornada Pública de Ludopatía y Adicción

En la misma sesión de este jueves se aprobó otra iniciativa, de la concejala Julia Eva Irigoitia (bloque Justicialista), Norma López y Mariano Romero (bloque Justicia Social) y María Fernanda Gigliani (bloque Iniciativa Popular) por la que se convoca a una Jornada Pública de Ludopatía y Adicción al Juego en Línea, “con el objeto de constituir un espacio de reflexión y estudio sobre esta problemática”.

Se precisa que serán invitados funcionarios de las diferentes áreas del Estado, legisladores y miembros de las organizaciones sociales y políticas que hayan trabajado en el abordaje de la problemática.

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