El gobierno y el Grupo Techint profundizaron ayer su enfrentamiento, luego de que el holding resistiera con dureza la designación de tres directores estatales en Siderar. La idea del gobierno de incrementar el número de directores en las empresas donde tiene, a través de la Ansés, un porcentaje de las acciones, generó ayer una tumultuosa asamblea en la empresa Siderar.
Los abogados de la Ansés presentes en la reunión intentaron resistir, sin suerte, la distribución de utilidades por $ 1.511 millones y el paso a un cuarto intermedio, estrategia utilizada para evitar discutir el ingreso de tres directores de la Ansés a la empresa en representación del 25,97 por ciento acumulativo de las acciones.
En medio de la resistencia de la compañía a incorporar más directores del Estado a su conducción, la Asamblea General Ordinaria pasó a un cuarto intermedio hasta el 11 de mayo próximo, donde sí deberá considerar la designación del directorio en representación de los accionistas,
Antes de pasar a un cuarto intermedio, la asamblea atravesó momentos de tensión, en especial cuando abogados de la Ansés rechazaron el reparto de utilidades por 1.511 millones de pesos aprobado por la mayoría.
“Llama la atención que quienes dicen defender los derechos de los jubilados se hayan opuesto al reparto de utilidades que representan 4,55 pesos por acción”, dijeron cerca del Grupo Techint tras la asamblea.
La propuesta del grupo controlante de Siderar, Ternium, fue acompañada por representantes de los trabajadores englobados en el Programa de Propiedad Participada (PPP) de la empresa.
Mientras tanto, el ministro de Planificación, Julio de Vido, cuestionó a quienes “hicieron una descalificación del designado director en Techint, Axel Kicillof, porque es joven o porque pertenece a una agrupación política”, en alusión a La Cámpora, la organización a la que pertenecen la mayoría de los directores del Estado que se están nombrando en las empresas.
Por su parte, el ministro de Economía, Amado Boudou, afirmó que ese grupo empresario está “intentando vulnerar la igualdad de derechos y de oportunidades”. El ministro sostuvo que “la mayor inseguridad jurídica sería que el Estado no reclamara tener los representantes que le corresponden en las empresas”.
El miércoles, a través de un decreto, el Poder Ejecutivo eliminó el tope de participación política del Estado en los directorios de las empresas privadas, con lo cual ahora cuenta con la opción de nombrar tantos directores como le corresponda en proporción a su participación accionaria.
