Farco (*)
Las telecomunicaciones volvieron a quedar bajo la lupa luego de que el Poder Judicial declarara la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que las había considerado como servicio público esencial.
La resolución fue dictada por la jueza del fuero Cecilia De Negre, en el marco de un planteo de la empresa Telecom Argentina, que es prestador de telefonía, cable y acceso a internet.
“La conectividad es un servicio público esencial, básico, indispensable para la vida en sociedad”, dice Néstor Busso, responsable de Políticas Públicas de Comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco) y defiende el decreto 690/2020, que ahora el Poder Judicial declaró inválido, y que así privilegia los negocios.
Por su parte, Antonio Roncoroni, titular de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur), sale al cruce: “En el momento en que se dictó, en pandemia, el decreto tenía un dejo de necesidad importante; después, en una política inflacionaria como la que soportamos, mantener el precio congelado lo hizo totalmente inaplicable”.
El contrapunto es parte del Episodio 22 del programa “De Ida y Vuelta, debates del campo popular”, que se difunde en las emisoras que forman parte de Farco y que suena también en Spotify.
Así, las telecomunicaciones volvieron a quedar bajo la lupa luego de que el Poder Judicial declarara la nulidad del DNU que las había considerado como servicio público esencial.
Queda dicho, la resolución fue dictada por la jueza De Negre, en el marco de un planteo de la empresa Telecom Argentina, que es prestador de telefonía, cable y acceso a internet.
Es preciso recordar que el presidente Alberto Fernández dictó en el 2020 el decreto 690 de Argentina Digital que establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.
La demanda de Telecom contra el Poder Ejecutivo Nacional pedía la nulidad del decreto porque le impedía fijar en libertad los precios de sus servicios (celular, telefonía por cable e internet).
La eliminación de esa normativa, como también la necesidad de liberar otras normas y aliviar al sector, es un tema que directivos de diversas empresas venían planteando.
La Mesa de la Industria TIC compuesta por unas 1.700 empresas dijo que desde el DNU 690 la inversión cayó 50 por ciento y las cooperativas perdieron un 120 por ciento contra la inflación. La decisión judicial abrió las puertas para que las firmas fijen los precios de los servicios sin ningún tipo de límite.
“La conectividad es indispensable”
En ese marco, el responsable de Políticas Públicas de Comunicación del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), Néstor Busso, lamenta que la última decisión judicial privilegia los negocios por sobre el interés ciudadano.
“La comunicación es un derecho humano y no simplemente un negocio; las telecomunicaciones son un instrumento necesario para la comunicación, y son un servicio público, es la forma de ejercer derechos, es un servicio básico como lo vimos claramente en la pandemia, pero lo notamos en cualquier momento: hoy no podemos hacer ningún trámite, no podemos pedir un turno en el médico, no podemos gestionar ante la administración pública, no podemos hacer ninguna gestión si no es a través de internet. La conectividad es un servicio público esencial, básico, indispensable para la vida en sociedad”.
-¿De algún modo el gobierno nacional y las fuerzas cercanas en todo este tiempo se quedaron a mitad de camino en la defensa de ese decreto?
-Hubo algún intento, pero tibio. Se hizo alguna campaña para explicar los alcances del decreto, su significado, pero no tuvo la fuerza necesaria. El gobierno de Alberto Fernández en su inicio debería haber anulado el decreto 267 que modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Telecomunicaciones. Eso era algo imprescindible en el inicio de la gestión. No lo hizo y quedó en debilidad. Eso permitió y facilitó el negocio de las empresas más que cuidar los derechos ciudadanos.
Respecto del fallo judicial, Busso indica: “Esa es la libertad para el poder económico y los perjudicados somos la mayoría que usamos los servicios de internet, telefonía, televisión por cable”.
De todos modos el DNU, advierte, “ya estaba suspendido por una medida cautelar que estaba en la Corte Suprema de Justicia. Los cajones de la Corte sirven para proteger y cuidar los intereses de los grandes grupos empresarios. Son siempre serviciales a eso”.
“Soplan estos vientos de libertad para el poder económico y ahora estos servicios tendrán el precio que quieran poner las empresas que actúan en carácter de monopolios y oligopolios. Unos pocos empresarios que prestan este servicio sin opción para los usuarios de los servicios”, apunta Busso.
“Un servicio esencial en competencia”
En contraposición, Antonio Roncoroni, titular de la Federación de Cooperativas del Servicio Telefónico de la Zona Sur (Fecosur), siempre mostró su cuestionamiento al decreto 690, aunque con matices.
“El (DNU) 690 en el momento en que se dictó, en pandemia, tenía un dejo de necesidad importante; después en una política inflacionaria como la que soportamos mantener el precio congelado lo hizo totalmente inaplicable”.
Y agrega: “Respecto de políticas públicas estoy convencido de que Internet es un servicio esencial, pero en competencia, que tiene que fomentarse y apoyarse, pero no es un servicio público. Comparto en ese sentido el fallo”.
Roncoroni insiste en que “el congelamiento de tarifas del DNU, con aumentos a la mitad de la inflación, impactó casi hasta fundirte. Más allá de que yo tengo una visión universalista del servicio, cooperativista, y que tiene que ser solidario y llegar a todos los rincones, pero el congelamiento fue muy dañino”.
Y afirma que “el 690 tal cual está, para cooperativas y pymes se hizo imposible, fue confiscatorio, alteró la ecuación económica. Lo que no quiere decir que no teníamos que ser solidarios, llegar a todos los rincones. El Estado tiene que fomentar las redes de fibra óptica donde no las hay”.
-¿Cómo se compatibilizan en la mesa conjunta que tienen los intereses que parecen divergentes entre gigantes de la comunicación como Telecom o Clarín, y las cooperativas? ¿Dónde está el punto de acuerdo?
-Yo hace cuarenta años que discuto y peleo con las telefónicas. Mi origen en el cooperativismo es haber entrado para discutir con Telefónica en las privatizaciones. Hemos tenido muchos conflictos, pero también acuerdos. Sin lugar a dudas, hay cosas donde las telefónicas y las cooperativas no estamos de acuerdo, pero sí en otros que están sobre la mesa: pretendemos tener injerencia en localidades por debajo de los 50 mil habitantes; creemos que el servicio universal en el interior del interior lo prestan las cooperativas y hay que fomentarlas; creemos que tenemos que tener redes intercooperativas conectadas con Arsat. Pero no quiere decir que no podamos discutir otras cosas.
(*) Foro Argentino de Radios Comunitarias
