El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández que declara esenciales los servicios de telefonía móvil y fija, internet recibió el beneplácito de los usuarios y consumidores quienes consideran que “garantiza la libertad de expresión” y «democratiza el acceso» a la comunicación; mientras que pequeñas y medianas empresas del sector advirtieron que están «en riesgo de subsistencia». Además, el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, anticipó que desde el organismo comenzarán a delinear la puesta en marcha de una tarifa social para estos servicios
El presidente de Asociación Argentina de Usuarios de Internet, Sergio Salinas Porto, aseguró en declaraciones a radio Provincia: “Veníamos planteando hace un tiempo, más de 80 organizaciones, que fueran declarados servicios públicos esenciales para generar tarifas justas y el desarrollo en infraestructura en todo el país».
Para graficar la situación existente, mencionó que cada vez que un usuario quería «retirarse del cable ofrecían una tarifa 70% menor», de lo que se deduce que con ese valor rebajado «tampoco perdían» y que lo que hacían era «cobrar tarifas excesivas».
Por tal razón, sostuvo, «este decreto democratiza el acceso y genera la posibilidad de tener tarifas más justas al tiempo que amplía la injerencia del Estado en cuanto a infraestructura».
En este sentido, calificó al decreto dictado el viernes último por el Poder Ejecutivo «como altamente importante» porque las dos empresas que brindaban este servicio habían generado «un oligopolio”.
«Tenemos que estar atentos que no cambien la discusión, esto genera mayor libertad de expresión porque más gente va a estar conectada, más gente va a tener celular, y va acceder a contenidos educativos, a lograr un empleo porque lo van a convocar con un mensaje de whatsApp, van a tener mayor posibilidad de acceder a las noticias», agregó.
Advirtió, sin embargo, que habrá que «estar atentos al discurso de «fake news» que ya se empezó a instalar».
Salinas Porto recordó que las empresas privatizadas de telefonía debían tener como eje de su servicio que «no hay ciudadanos de primera ni de segunda» y «se habían comprometido a que la conectividad iba a llegar a todos», pero lamentó que «eso no ocurrió en 30 años que tienen el servicio”.
Dijo también que en «lugares menos poblados donde hay casas bajas, terrenos baldíos, el servicio de la empresa empieza a flaquear, no pone teléfonos, no pone módems y menos aún fibra óptica», y agregó que «ese esquema se traduce en todo del país”.
En resumen, dijo que lo que se está planteando en el decreto es “una tarifa que tenga en cuenta a los sectores más vulnerables», pero dejó claro que no deben «bajar la calidad» sino que «la tarifa social debe sostener la misma calidad del servicio”.
«Si los privados se exceden en cuestiones que tienen que ver con facturación, el Estado debe regular esas tarifas», concluyó Sergio Salinas Porto.
«Riesgo de subsistencia»
Por su parte, más de 1.200 pequeñas y medianas empresas del sector de internet advirtieron que están «en riesgo de subsistencia» por el impacto de la declaración de las comunicaciones como servicio público en competencia, según difundió la cámara que agrupa a las compañías de la actividad.
«La declaración de los servicios de conectividad a internet como servicio público esencial y estratégico en competencia pone en riesgo de subsistencia a más de 1.200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son pymes y cooperativas de capitales nacionales que prestan servicios principalmente en localidades del interior del país», indicó la Cámara Argentina de Internet (Cabase).
Así lo expresó en un comunicado de prensa en el que consignó que el sector buscó y mantuvo «instancias de construcción de diálogo con autoridades nacionales del sector» a fin de «consensuar soluciones y políticas para los diferentes desafíos que presenta el desarrollo del sector TIC (tecnologías de la información y la comunicación)», con miras a «conectar al 37% de los hogares del país que aún no tienen Internet fija».
Cuestionaron en ese sentido el decreto de necesidad y urgencia emitido el viernes pasado por «inconsulto» e instaron a formular una «regulación inteligente que discrimine a los grandes operadores del resto».
Tarifa social
En tanto que el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, aseguró: “Hoy al mediodía vamos a tener una reunión con todos los directores de Enacom para empezar a diseñar una tarifa social que pueda cumplir con las expectativas de la gente”, dijo Ambrosini.
En diálogo con El Destape Radio agregó que “el objetivo es que la gente se pueda educar y acceder a un servicio lógico en cuanto a prestaciones», y sostuvo que la idea es que el servicio «tenga el alcance suficiente para evitar que en dos minutos te quedes sin datos o sin llamar por teléfono”.
En respuesta a críticas de la oposición al DNU firmado por el Ejecutivo, Ambrosini afirmó que “se habla de estatizaciones» cuando se está «muy lejos en el espíritu del DNU de tener esa concepción”.
Ambrosini precisó que el objetivo es “sentarse con las empresas y pedirles que acompañen la marcha de la economía» ya que a nivel mundial y en la Argentina «no» se está «pasando por un buen momento”.
El funcionario dijo que aún no tiene información respecto de si algunas empresas afectadas por el DNU irán a la Justicia, aunque aseguró que desde el organismo no tienen «ningún temor».
«Sabemos de la manera que lo hicimos y de momento no tenemos ninguna comunicación de las empresas”, dijo.
El titular del Enacom agregó que “algunos personajes de la política hablaban de la desinversión y, si se compara con las prepagas, las empresas de medicina prepaga no dejaron de invertir porque se pusieron de acuerdo con el gobierno en la formación de precios”.
Sobre la negociación con las empresas previa a la firma del decreto, Ambrosini relató que “propusieron aumentos que eran un poco elevados» y que entonces se les propuso «ver qué esfuerzo podían hacer». «No obtuvimos respuesta, y allí se comenzó a pensar la medida”, explicó.
