Después de la denuncia pública de Thelma Fardín junto a la Colectiva Actrices Argentinas el Teléfono Verde (0800 444 0420) de atención de violencia de género de la Municipalidad de Rosario registró un aumento en las consultas por delitos sexuales. En 5 días, y sobre todo el último fin de semana, llegaron 9 llamados cuando en todo el mes de septiembre registraron 7. El 90 por ciento fueron hechos por las víctimas. Eran mujeres con una media de 35 años que buscaban escucha para situaciones de acoso, abuso y violación vividas en el pasado y recientemente. También se comunicaron por violencia laboral. En todos los casos el llamado es el primer paso y si la víctima quiere, puede pedir una entrevista personal, contención psicológica y asesoramiento jurídico. El Teléfono Verde atiende todos los días las 24 horas y recibe derivaciones de la línea nacional 144. En los últimos 3 meses registró 1.500 consultas, 16 diarias. En 2018 el equipo profesional a cargo notó un incremento en los llamados por violencia sexual, que pasó de 1 a 6 por ciento del total.
En diálogo con El Ciudadano la directora técnica de la Atención en Violencia de Género de Rosario, Marisa Wittmann, explicó que la repercusión mediática de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés generó inquietudes en las mujeres sobre situaciones que atravesaron en el pasado. “Muchos eran casos que habían pasado hace tiempo y no habían podido contar, aunque también hubo consultas sobre situaciones de violencia recientes. Son personas que buscan un espacio de contención profesional antes que la condena social”, explicó.
Según la funcionaria cada consulta que llega es tratada de manera integral y en base a lo que la persona esté buscando. Junto con el equipo ven qué pasos seguir de acuerdo a la necesidad de cada víctima. “No hay estándares porque no es un sistema automático. Trabajamos desde la individualidad en relación a lo que necesita. Algunas mujeres llaman sólo para poder contar lo que les pasó y hablar con una psicóloga. Otras quieren saber si lo que vivieron es un delito y otras quieren hacer la denuncia penal y preguntas por medidas judiciales. Para cada una hay profesionales para acompañarlas en sus decisiones”, contó.
Wittmann explicó que el Teléfono Verde no es una línea de denuncia. Es un espacio de escucha, asesoramiento y contención que trabaja en alianza con instituciones públicas y organizaciones sociales. Después de la consulta telefónica las mujeres deciden si quieren una entrevista personal. El equipo interdisciplinario de psicólogas y abogadas las recibe de lunes de a viernes de 9 a 14 en la oficina de Atención en Violencia de Género, aunque si no pueden en ese horario coordinan otro. En caso de que quieren iniciar el camino judicial las asesoran. No sólo llegan las que se comunican al teléfono municipal. También llegan de manera espontánea o piden turnos personas que contaron situaciones de violencia en organizaciones sociales y en instituciones públicas como escuelas, hospitales y centros de convivencia barrial.
Wittmann explicó que este martes llegaron dos llamados por delitos sexuales, algo inusual en un día. El promedio al que están acostumbradas en el equipo es de 7 al mes. “Uno de los casos de hoy era un delito prescripto. Se la asesoró y contuvo para que tenga un espacio de escucha profesional en la salud pública. Y ya mañana una psicóloga la espera en el centro de salud de su barrio para atenderla y darle acompañamiento emocional”, explicó.
En la Justicia también suben las presentaciones
El movimiento “Mirá cómo nos ponemos” apareció como una respuesta colectiva y organizada a las situaciones de abuso en la industria del espectáculo. La movida produjo también un efecto en miles de personas que pudieron contar que habían sufrido abuso sexual en la infancia, la adolescencia e incluso como adultas. Como le pasó a Thelma Fardín cuando escuchó a otras víctimas de Juan Darthés como Calu Rivero, Ana Coacci y Natalia Juncos, miles de mujeres sintieron que era la hora de hablar al escucharla. Lo hicieron a través de canales estatales de atención de violencia de género, ante la Justicia, en la organización feminista cercana, pero también en las redes sociales o entre amigas o familiares. El miércoles de la semana pasado la línea nacional 144 recibió un 1.200 por ciento más de consultas por abuso sexual infantil y adolescente, con 214 llamados en un día cuando lo habitual eran 16.
A nivel local también crecieron las consultas en la Justicia. Las Unidades de Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Regional Rosario recibieron en la semana de la conferencia el doble de consultas. La fiscal Nora Marull explicó que en Delitos Sexuales atendieron en tres días la misma cantidad de lo que habitualmente llega en siete días. Como sucede en todos los casos que investigan, las víctimas de abuso sexual son en un 80 por ciento menores de edad. “No sólo hubo más consultas si no también hubo más atención y predisposición de los operadores judiciales. El caso de Thelma generó conciencia sobre el abuso sexual infantil y adolescente y lo importante que es dar atención cuando las víctimas están preparadas para denunciar”, dijo la fiscal.
De acuerdo con estadísticas elaboradas en conjunto por el Ministerio Público Fiscal, la Procuración General de la Nación y el Cuerpo de Peritos Forenses, en Argentina el 75 por ciento de los abusos sexuales y adolescentes tienen como victimarios a personas cercanas a la víctima. Casi el 60 por ciento son el padre o el padrastro y el 90 por ciento de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres. Por cada 1.000 casos de abuso sexual infantil y adolescente se denuncian 100 y sólo 1 recibe condena.
La visibilidad de la violencia sexual llega en un momento de recorte en el Presupuesto 2019 en políticas de género. Para el año que viene el gobierno nacional asignó al Instituto Nacional de las Mujeres una partida en la que perderá casi 18 por ciento contra la inflación. El Plan Nacional de Acción para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que depende del mismo organismo, sufrirá un ajuste del 38 por ciento: recibirá 20 millones menos del monto anunciado originalmente, de 52 millones. Así se invertirán poco más de 11 pesos por cada mujer.
