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Temblor social en Chile

Con saldo positivo para los convocantes, la segunda jornada del paro general que unificó a la central de trabajadores y estudiantes tuvo manifestaciones pacíficas con un mal final por acción de encapuchados.

Decenas de miles de personas marcharon ayer en las calles céntricas de Santiago y otras ciudades en demanda de una amplia reforma política y económica, movilización que coronó el paro nacional de 48 horas y que registró incidentes durante la desconcentración. En tanto, el ministro de Economía chileno reconoció que si no pudiera pagar la educación de sus hijos, también estaría marchando.

La movilización, convocada junto a la huelga por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), consistió en cuatro marchas que desde distintos puntos confluyeron en inmediaciones de La Moneda, en las que los chilenos protestaron en forma pacífica con bailes y batucadas por profundos cambios que abarcan desde el sistema electoral, el esquema impositivo, la Constitución y la educación.

Los organizadores aseguraron que fueron 100 mil las personas movilizadas, pero el conteo de la policía resultó en unos 50 mil manifestantes.

La jornada de protesta contó con la adhesión de más de 80 organizaciones sociales y partidos de la oposición, y se repitió en ciudades como Valparaíso y Concepción.

“Esto está demostrando en el país que estamos ante un movimiento de protesta social ciudadano por reformas de fondo, estructurales, aquí ya no es sólo un movimiento de los estudiantes, eso es lo real”, sostuvo al referirse a la magnitud de la concentración Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores, que junto a las agrupaciones universitarias se movilizan desde hace tres meses por cambios en el sistema educativo.

En coincidencia, Camila Vallejo, líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), señaló que “el pueblo de Chile está cansado de que se privilegie la ganancia de unos pocos, a costa del bienestar y los derechos y la dignidad del pueblo chileno”.

Los reclamos que motivaron el paro de 48 horas fueron reivindicados por el dirigente de los subcontratistas del cobre, Cristián Cuevas, quien demanda “el derecho a negociación colectiva efectiva, el derecho a huelga, una reforma tributaria y un nuevo Código Laboral”.

Desde el gobierno, algunos ministros buscaron aliviar las tensiones y otros continuaron con la confrontación.

El ministro de Economía, Pablo Longueira, señaló que el paro es “inútil” pero reconoció que si no pudiera pagar la educación de sus hijos “también estaría marchando”. Por su parte, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, minimizó los efectos de la huelga general al asegurar que el 90,9 por ciento de los funcionarios públicos trabajaron normalmente, mientras la Asociación Nacional de Empleados Fiscales precisó que más del 80 por ciento de estos empleados paralizó sus labores

El líder de la CUT, Arturo Martínez, prefirió no polemizar con las cifras del gobierno y apuntó a la ministra que “hace rato que viene dando tumbos y se pone muy histérica cuando habla. Entonces no razona bien”, sostuvo.

La movilización de ayer se había desarrollado de manera pacífica hasta el momento de la desconcentración cuando comenzaron a registrarse incidentes entre encapuchados y manifestantes.

El más grave de los disturbios se produjo cuando un grupo de manifestantes que ocultaban sus rostros prendió fuego a las puertas de la Iglesia de la Gratitud Nacional, ubicadas sobre la Alameda, principal arteria de Santiago por donde habían marchado los manifestantes.

El hecho, controlado luego por los Carabineros, siguió a otros incidentes que comenzaron al finalizar la movilización en el sector San Martín y Los Héroes de la Alameda con efectivos de Carabineros y grupos de manifestantes que se enfrentaban con estos encapuchados.

Saqueos, incendios, intento de asalto a un cuartel policial, 500 detenidos, 108 heridos, 285 colectivos dañados y 60 semáforos destruidos fue el balance de las autoridades de la primer jornada de paro nacional.

Las protestas, que continuarán en septiembre y cuyo nudo es el movimiento estudiantil, revela en el fondo una profunda crisis política derivada del sistema de representación en Chile heredado de la dictadura pinochetista, que determina un Congreso prácticamente equilibrado, sin mayorías claras y con la necesidad de un esquema presidencialista.

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