El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, está siendo investigado por la Policía Federal por supuestamente estar inmerso en lavado de dinero y refacción de propiedades, informó ayer el diario Folha de San Pablo.
El cuerpo de seguridad pidió a la Corte Suprema 60 días para finalizar la investigación en curso la cual indaga un supuesto fraude en un decreto firmado por el mandatario sobre el sector portuario, informaron medios de comunicación locales.
Esta investigación se debe a un supuesto favorecimiento de Temer a la empresa Rodrimar, que realiza actividades comerciales en el puerto de Santos a través de un decreto oficial y por la cual las cuentas bancarias de Temer también fueron investigadas.
La Administración de Temer también es acusada de dar sobornos a la iglesia evangélica Sara Nuestra Tierra, en Brasilia, que se convirtió en predicadora de la reforma de la seguridad social; entre el 2017 y el 2018 la coima habría alcanzado los 800.000 dólares.
Michel Temer afirmó ayer que es víctima de una “persecución disfrazada de investigación” que busca derrocarlo, al rechazar la causa abierta por la Corte Suprema sobre corrupción y la publicación de una nota periodística que lo vincula al lavado de dinero.
“Sufro una persecución delictiva disfrazada de investigación”, subrayó en un discurso preparado de último momento en el palacio del Planalto.
“Si tienen la ilusión de pensar que me derrocarán, no lo lograrán”, advirtió.
“Quiero protestar contra mentiras que son lanzadas contra mi honra. No se trata de mentiras dirigidas a mi puesto sino a mi honra personal”, aseguró el gobernante.
Como para metiendo presión a los investigadores, Temer ordenó al ministro de Seguridad Pública –a cargo de la Policía Federal– descubrir a quienes filtraron información sobre la causa, en la cual también están involucrados varios amigos y ex asesores que estuvieron detenidos durante 48 horas a inicios de mes.
Temer parece no recordar la persecución a la que fue sometida su antecesora Dilma Rousseff a través del juicio político que le iniciaron lo que precipitó su destitución tras cinco años y medio en el cargo con abierto apoyo de él y la mayoría opositora.
El “impeachment” (juicio político) le dejó servida la presidencia a Temer hasta el que debía ser el fin del mandato de Rousseff, en 2018.
La acusación central contra Rousseff en el Congreso no fue por corrupción sino porque violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestario.
En Brasil donde hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, el motivo del impeachment contra Dilma suena ridículo.
