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Tendal a la vista: investigan a empresario por estafar hasta a padres de chicos del Colegio Inglés

El Ministerio Público de la Acusación allanó días atrás las oficinas y domicilios vinculados a Andrés L. quien acumula presentaciones en su contra por distintos casos y la misma modalidad: captaba inversiones, hacía operaciones inmobiliarias pero no restituía ni plata ni ladrillos ni ganancias

El tendal. La Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación ordenó allanamientos a oficinas y departamentos vinculados al financista Andrés L., sobre quien crece el número de denuncias por haber administrado propiedades y captado dinero de inversores para desarrollos y operaciones inmobiliarias –incluido un emprendimiento en Pipa, Rio Grande del Norte, Brasil– en todos los casos con el mismo resultado: según las presentaciones, no devolvió ni plata, ni bienes, ni transfirió utilidades. Y los damnificados, según trascendió, incluyen a clientes, padres de compañeros de escuela de sus hijos y hasta sus propios parientes.

Al menos seis denuncias en su contra enfrenta el empresario a quien días atrás le allanaron sus oficinas de Moreno al 800, y dos departamentos, uno en Güemes al 1200, donde tiene radicado su domicilio, y otro en Rivadavia al 2100, en busca de documentación vinculada a la investigación.

Uno de los casos que está siendo investigado Andrés L. es la venta de un campo en General Lagos en 2021. Según publicó el sitio Red Boing, el proyecto era hacer un loteo y desarrollar un barrio abierto, que efectivamente avanzó en manos de una firma local. Pero una inversora que participó del emprendimiento, denunció que cada vez que pedía documentación de respaldo, el empresario respondía con evasivas. Dos años después pidió que le repusiera su inversión. Menos todavía.

Otro de los casos es el de un inversor que en 2018 le compró a Andrés L. cuatro departamentos y dos cocheras en Torres del Patio I y II, desarrollos inmobiliarios en Vera Mujica al 700. En 2022, el edificio ya se había terminado y el denunciante le pidió al empresario que tramitara la venta de las propiedades, y él mismo ofreció comprarlas. Acordaron un plan de pagos que Andrés L no canceló pese a que los departamentos habían sido nuevamente vendidos, sin consentimiento de su propietario. En 2019, además, Andrés L. le ofreció al mismo denunciante comprar un terreno en “La Rinconada”, un country de Ybarlucea, y edificar ahí una propiedad. Se construyó y aparentemente se vendió, pero el inversor no recuperó ni los cerca de 400 mil dólares que invirtió ni ninguna ganancia.

Uno más de los casos es el de una mujer que le confió a Andrés L. la administración de sus propiedades durante diez años. Hasta que se concretó en 2018 una operación por más de 900 mil dólares para comprar un departamento de un fideicomiso en Italia al 2600. El dinero para esa inversión era el resultado de una venta que había concretaro Andrés L. de una propiedad en Sarmiento al 1200, pero la denunciante sostuvo que el empresario le quiso entregar un departamento diferente a lo que habían acordado. Cuando le hizo el reclamo, Andrés L. respondió que se lo había vendido a otra persona, por lo que su clienta le pidió entonces que le restituya el dinero invertido. Durante dos años contestó con evasivas, no le dio dinero por esa operación y, además, le dejó de tranferir las liquidaciones mensuales por las propiedades que le administraba.

Otra caso ocurrió fronteras afuera, en el nordeste brasileño cerca de la reconocida ciudad de Natal. Unos kilómetros de costa hacia el sur está Pipa, un pequeño pueblo que se convirtió en un destino turístico mundial para quienes prefieren alejarse de las grandes urbes. Trascendió que Andrés L. tentó a empresarios locales con un emprendimiento allí, pero quedó inconcluso: aparentemente dejó de pagar a empresas y mano de obra local y el desarrollo quedó congelado.

Otro episodio en la misma saga es la denuncia de un familiar de Andrés L. que invirtió dinero en la compra, reciclado y posterior reventa de un departamento. Con el paso del tiempo el pariente exigió la restitución de su inversión, y el empresario le firmó boletos de compraventa de propiedades, pero le insistió en que le devolvería el dinero en tres meses. Firmaron un acuerdo ante escribano, por medio del cual el traspaso se concretaría si, pasado el tiempo acordado, no disponía de los fondos. La plata no apareció y al ejecutar el acuerdo el pariente descubrió que uno de los departamentos había sido vendido a otra persona el mismo día en que firmaron el documento.

El escándalo se acrecienta con otra operación, en la que el empresario tentó con inversiones con altas utilidades a padres de alumnos del colegio Inglés, donde concurren sus hijos, según publicó el sitio Rosario 3. Todo indica que quienes destinaron dinero a inversiones inmobiliarias con el propósito de obtener una utilidad mensual por su inversión, además de asegurarse el capital, tras un retorno inicial no recibieron ni lo uno ni lo otro. Pero sí, en algunos casos, el ofrecimiento de nuevas inversiones para obtener la totalidad de las anteriores.

Mientras continúa la investigación, nada indica que los casos de damnificados por Andrés L. no sean más, incluyendo una franja de la que no se habla, que es la que computa dinero no declarado o de origen espurio, que no llega a denunciarse.

Por lo pronto, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario ya emitió una declaración informando que Andrés L. “no es corredor inmobiliario” y que el Cocir, viene acompañando a nivel institucional la investigación de la Justicia sobre él desde diciembre de 2023: “Cuando una de las víctimas se acercó al Colegio a contarnos lo que estaba pasando y le sugerimos que presentara la denuncia penal correspondiente”.

No fue la única actuación: “Paralelamente, el Departamento de Fiscalización de Cocir comenzó la investigación tomando el testimonio de la víctima y los resguardos de todas las pruebas. Se intimó al cese del ejercicio ilegal de la profesión al señor Andrés L. Actualmente, la investigación sigue en curso, ya que existen pruebas que involucrarían a otra persona que sí es corredor matriculado”, completó el Colegio

Y concluyó: “Una vez que la causa quedó en manos de la justicia, desde Cocir, con todo su equipo de profesionales, venimos trabajando desde el acompañamiento y asesoramiento a las víctimas del caso”.

Con todo, la disposición de allanamientos tras la acumulación de denuncias indica que es inminente que Andrés L, a quien además se lo vincula con una mesa de dinero informal en edificio de oficinas de Corrientes al 800. sea citado a audiencia imputativa, aunque hasta ahora no se informó que pese ninguna medida restrictiva sobre él.

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