La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) presentó esta semana un análisis descriptivo de las causas iniciadas por estupefacientes durante 2015 en el ámbito de la Justicia federal. El documento elaborado por el Área de Análisis de Información y Planificación Operativa de la Procunar, que se propuso caracterizar los expedientes como una forma de acercarse a la dinámica de persecución penal en materia de narcocriminalidad, advierte, a priori, su tendencia selectiva: el análisis de los datos contenidos en este informe demuestra que existe una gran incidencia de la persecución de delitos menores, criterio por el cual los fiscales manifiestan su preocupación. Sin embargo, en el caso de Santa Fe, se advierte un sostenido descenso en este criterio. Es que el distrito tenía en 2012 un 36% de causas por el artículo 14 de la ley de Drogas 23.737 (consumo personal), mientras que 2015 cerró con el 19%, lo que configura una baja continua de cinco puntos por año.
En el informe de la Procunar difundido el pasado 16 de octubre se detalla que en el 44% de los expedientes radicados en la Justicia federal se investigan tipos penales previstos en la ley de drogas o por violaciones al artículo 886 del Código Aduanero. El 56% restante fue por otras infracciones. La mayoría de los trámites judiciales (62%) comenzó por acciones “preventivas” de fuerzas de seguridad.
Se puntualizó: “El peso de las causas iniciadas por estupefacientes –en relación con el total de causas iniciadas– es aún mayor si extraemos del recuento a las jurisdicciones que han implementado (a principios de 2015) la ley de desfederalización” para el narcomenudeo. En esas jurisdicciones que no han adherido a la ley 26.052, sobre 38.030 investigaciones, el 54% corresponde a expedientes por drogas.
Frente a esto, el informe concluye: “No puede dejar de advertirse una gran preocupación al analizar la respuesta estatal al fenómeno de las drogas. Cuando se desglosa el real significado de la actividad de todos los organismos del Estado involucrados en la persecución penal, se pone de manifiesto que la respuesta visible a este problema no opera en verdad sobre sus causas, sino en gran medida sobre sus consecuencias. Recientemente la comunidad internacional señaló la necesidad de intensificar los esfuerzos en la persecución respecto del tráfico de estupefacientes y la criminalidad organizada, haciendo hincapié en la «adopción de medidas de prevención de la delincuencia relacionada con las drogas y de aplicación de la ley más eficaces», idea rectora sobre la cual debería pensarse el futuro de la persecución penal en la materia. Es necesario hacer hincapié en que la aplicación de los conceptos de eficacia y eficiencia implican concentrar los recursos del sistema penal en uno de los principales pilares del problema mundial de las drogas: la narcocriminalidad –como una de las mayores manifestaciones del crimen organizado– y sus vínculos existentes con otras actividades delictivas, como el lavado de dinero, la corrupción y el desvío de precursores químicos”.
Mitad y mitad
En el 50% de los casos a nivel nacional se busca determinar si existió tráfico ilícito –como comercio, tenencia con fines de comercialización, almacenamiento, transporte y/o contrabando de estupefacientes o de materias primas para la fabricación– y que en la otra mitad de los expedientes se analizan posibles delitos menores como tenencia simple o para consumo personal.
En las conclusiones del documento de más de 170 páginas, la Procunar subrayó que estos últimos procesos “rara vez prosiguen su trámite a partir del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Arriola, y aunque no se cuenta con datos precisos, es posible afirmar que la gran mayoría de estas causas son archivadas inmediatamente después de su ingreso al Poder Judicial”. Y agregó: “Pese a haber transcurrido siete años de aquel fallo que exhortó «a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y a adoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobre todo en los grupos más vulnerables, especialmente lo menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país», la situación no se ha visto modificada sustancialmente”.
El detalle por tipo de delito advierte que el servicio de justicia dedicó esfuerzos a analizar casos de comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de estupefacientes y materias primas en el 41% de los sumarios; 3% corresponde a investigaciones por comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de plantas y semillas, y el 2% por violación del artículo 866 del Código Aduanero que reprime el contrabando de estupefacientes.
El informe da cuenta de que a partir del año 2012 la incidencia de las causas por tenencia para consumo personal comienza a disminuir, pasando de 38% en 2012 a 33% en 2013 y 31% en 2014. Esta tendencia se revierte para 2015, retomando un 37%. Este universo sumado da como resultado que en el 46% de los expedientes el fuero de excepción busca determinar delitos cometidos por organizaciones criminales de distinta envergadura. En la vereda de enfrente, se ubican los hechos catalogados como tenencia simple (13%) y para consumo personal (37%), ambos previstos en el artículo 14 de la ley de Drogas, que acumulados indican que la mitad de los casos son hechos menores. Hay un 4% catalogado como “Otros”.
Santa Fe, en el podio
En todo el país, se plantearon en el fuero federal 22.020 hechos por drogas. La ciudad de Buenos Aires –una de las jurisdicciones que menos delega este tipo de investigaciones en el Ministerio Público (el 94% está encabezada por el juez)– lidera la lista con el 36% de estas causas; seguida por Mendoza, con el 11%, y Santa Fe, con el 9%. Las demás jurisdicciones judiciales se reparten el 44% restante. Las estadísticas de provincia de Buenos Aires, Córdoba y Salta se ven afectadas por la adhesión de esas provincias a la ley de desfederalización desde el inicio del año 2015.
En Santa Fe, que se ubica tercera (detrás de Mendoza) en la lista sobre el total nacional, el 67% de los 2.892 sumarios iniciados en la Justicia federal corresponde a delitos vinculados con drogas. Esa relación se mantiene constante respecto de años anteriores: en 2012, el 72% de los expedientes se ubicó en este universo; en 2013, el 70%, y en 2014, el 68%.
Rosario es el conglomerado territorial que lidera la lista provincial con 1.179 sumarios iniciados durante 2015 por este tipo de casos. Le siguen Santa Fe, con 467; Rafaela, con 203, y Reconquista con 91.
Así, sobre las 1.940 investigaciones abiertas en Santa Fe, el 68% fue por infracción al artículo 5 inciso C de la ley 23737 (comercio o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de estupefacientes y materias primas); el 19% por tenencia para consumo personal (art. 14 de la ley de Drogas); el 11% fue indicado como “tenencia simple”, y un 2% ubicado en la categoría “Otros”.
Un detalle que destaca el informe de la Procunar es que en la región NEA entre 2012 y 2015 descendió del 32% al 25% la incidencia de las causas por tenencia para consumo personal, lo que redunda en un aumento de la proporción de las pesquisas por delitos más graves, vinculados sobre todo a las organizaciones narcocriminales. Sin embargo, la cantidad de expedientes iniciados no tuvo grandes variaciones: 4.599, para 2012; 3.789, en 2013; 4.278, de 2014, y 4.518, en 2015.
Santa Fe en 2012 tenía un 36% de las causas por el artículo 14 de la ley de Drogas (consumo personal), mientras que 2015 cerró con el 19%, lo que cierra un descenso sostenido de a cinco puntos por año.
Mendoza se ubica segunda en el listado. Sobre 3.617 expedientes abiertos en 2015 en el fuero federal de esa provincia, el 69% fue por estupefacientes. Los números se repiten en los cuadros de 2012, con el 66%; de 2013, con el 72%, y de 2014, con el 71%.
Cada diez causas que se iniciaron en el fuero de excepción en Mendoza, tres fueron por casos de comercialización o tenencia para comercialización, almacenamiento, transporte, etc. de materias primas o estupefacientes (28%) o por suministro gratuito u oneroso (5%); mientras que los otros siete comenzaron por tenencia simple (10%), tenencia para consumo personal (52%) u otros delitos (5%).
