En la audiencia multipropósito que continuó este viernes en los Tribunales federales y tuvo como protagonista, entre otros, al juez federal Marcelo Bailaque en el banquillo de los acusados, el Ministerio Público Fiscal terminó de exponer las conductas al menos inapropiadas que, entienden, para la acusación configuran delitos cometidos por el magistrado. Tres investigaciones lo rozan: una de ellas tiene que ver con la banda del narco Esteban Alvarado; otra giró sobre una suma millonaria de una cooperativa enviada a la mutual de «un amigo” cuyo vínculo no blanqueó hasta que se abrió una investigación, y con la presunta integración de una red de funcionarios que tenían como eje beneficiar a investigados por delitos económicos en el ámbito federal. En el marco de la conmoción que causó que Bailaque fuera indagado, el fiscal Fernando Arrigo dijo que el juzgado comandado por Bailaque tenía “precio para acusados y acusadores”.
Si bien la audiencia había pasado este jueves a un cuarto intermedio después de que la defensa de uno de los acusados pidiera la recusación del juez Eduardo Rodrigues Da Cruz -que integró el tribunal en uno de los juicios que se llevó a cabo contra Alvarado por lavado de activos-, el magistrado rechazó la recusación y siguió adelante con el trámite.
En cuanto a algunas medidas de pruebas solicitadas por la Fiscalía, como las llamadas entrantes y salientes del celular de Bailaque entre 2014 y 2018 para ver si tuvo comunicaciones con otros involucrados, además del contador Gabriel Mizzau, acusado de llevar la contabilidad de la banda de Alvarado y cuyo hijo trabajaba en el despacho de Bailaque, el juez lo dejó supeditado a lo que resuelva la Cámara Federal al revisar el rechazo de la recusación.
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Igual determinación tomó el magistrado sobre las declaraciones juradas de Bailaque ante el Afip, para saber qué profesional las firmó y para el caso que se autorice la apertura del celular secuestrado a Bailaque días atrás en su despacho determinar si hay alguna persona vinculada con las causas que se investigan.
En una entrevista radial con Cadena 3 el fiscal Fernando Arrigo dijo respecto de Bailaque que empezaron a aparecer ciertos modos operandis que se relacionan con otros. «Era llamativo que había ciertas líneas de conductas similares en las causas, creo que es la punta de un iceberg», aseguró.
Recordó el fiscal la declaración que hizo en la Justicia provincial el mecánico Carlos Argüelles, quien fue amigo de Alvarado y terminó imputado como miembro de la asociación ilícita manejada por este ladrón de autos devenido narco. Este testigo hizo una declaración anticipada ante los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery antes que lo mataran, donde dijo que había «un Alvarado pobre y uno rico».
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«El (Alvarado) pobre cuando se dedicaba al robo de autos y el rico cuando se dedicaba al narcotráfico, lo que coincide con la muerte de su madre. Su empresa original era el contrabando de cigarrillos y luego se dedicó al narcotráfico y desde ahí puede contabilizar, 2012 aproximadamente, que contaba 40 muertos», señaló. «Se volvió muy violento y llegó a unas 120 muertes y dijo que de eso tenía pruebas. La mecánica de Alvarado era hacer pelear bandas contra bandas para que caigan presos o se maten entre ellos e ir ocupando zonas, sumado con el manejo de dinero al ir avanzando» en su operatoria, contó el fiscal en relación con esa declaración.
En cuanto a Bailaque, Arrigo refirió que las tres maniobras que se plantearon en la acusación fueron diferentes, pero tenían ciertas similitudes. Entendió el funcionario judicial que sería “la punta de un iceberg” y agregó que de la apertura de los teléfonos del juez acusado se obtendrá más información. No descartó que empiecen a aparecer denunciantes: «Es mucho el tiempo en el que ocurrió esto».
A la pregunta de que si el juzgado federal tenía precio, el fiscal dijo que la hipótesis tiene que ver con que «su titular tenía precio». Y concluyó: «Bailaque no debe seguir siendo juez y si se confirman las hipótesis que sea condenado».