María Virginia Caro tenía 23 años y ya había denunciado a su ex pareja Juan Carlos Gómez por hechos de violencia de género. El peón rural, siete años mayor, siempre terminaba los ataques con la promesa de que la mataría. Tenía un medida de restricción, pero a Gómez poco le importó: en la tarde del viernes 5 de julio pasado se presentó en la casa de la joven y la amenazó. Al rato volvió y la asesinó de un escopetazo. La víctima estaba amantando a su pequeño en el dormitorio, vulnerable y sin posibilidad de escape. Este martes, Juan Carlos Gómez fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de la muchacha en la localidad de Calchaquí, en el departamento Vera.
De acuerdo con voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la sentencia fue impuesta por el tribunal integrado por los jueces Gonzalo Basualdo (presidencia), Martín Gauna Chapero y Santiago Banegas en el marco de un juicio en el que se abrevió el procedimiento.
El fiscal del caso fue Leandro Benegas, quien informó que “Gómez fue condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género agravado por el uso de arma de fuego, con los delitos de desobediencia judicial y coacción”.
Asimismo, el funcionario detalló que “también se lo condenó por otro hecho en el que fue responsable de tenencia y portación de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal”.
El femicidio
A pesar de todas las amenazas, María Virginia logró separarse de Gómez pero no pudo ir muy lejos. El femicida vivía enfrente de su vivienda, ubicada en la cuadra de Arturo Rabossi al 1000, en Calchaquí.
El fiscal reconstruyó que ese viernes 5 de julio por la tarde, “a pesar de estar vigente una medida de distancia dictada por la Justicia Civil», Gómez fue hasta la casa de María Virginia, la amenazó y se fue.
A los minutos volvió, irrumpió en la vivienda, fue al dormitorio donde estaba la víctima y le disparó con una escopeta. «El disparo lo hizo a corta distancia y mientras María Virginia estaba amamantando al hijo de ambos”, remarcó el funcionario judicial, para agregar que la joven fue trasladada de urgencia al hospital de Calchaquí, donde los médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida.
“Luego de cometer el femicidio, Gómez salió de la casa y fue visto por personal policial que había ido al lugar a raíz de lo ocurrido. En esas circunstancias, el condenado reconoció haberle disparo a su ex pareja y entregó el arma a los agentes de la fuerza pública”, reconstruyó el fiscal.
Vulnerable
“El accionar de Gómez evidencia que tiene fuertemente interiorizados los valores tradicionales de una presunta superioridad masculina”, argumentó Benegas, quien sostuvo que “el lugar en el que cometió el femicidio (el dormitorio de la mujer), con un disparo a corta distancia y mientras su ex pareja amamantaba al hijo menor de edad de ambos, dieron cuenta de que la víctima estaba en una situación especialmente vulnerable”.
Benegas también remarcó que “estas circunstancias fueron aprovechadas por Gómez para disminuir las posibilidades de defensa o escape de la mujer y para asegurarse su objetivo de quitarle la vida”.
Otro delito
Gómez también fue condenado por la tenencia y portación de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal ocurridas el 14 de mayo de 2017. “El condenado iba de acompañante en una camioneta que fue interceptada por personal de Gendarmería Nacional a la altura del kilómetro 679 de la ruta nacional número 11, en el acceso sur a Calchaquí”, recordó el fiscal.
En tal sentido, puntualizó que “el personal de la fuerza pública encontró dentro del vehículo una escopeta calibre 16 con 49 cartuchos, y Gómez dijo que le pertenecía y que no tenía la documentación correspondiente”.
Audiencia remota
Benegas destacó que “la audiencia llevada a cabo este martes por la tarde se realizó a través de la aplicación Zoom”. También consideró que “se trata de la primera condena a prisión perpetua que obtiene el MPA de forma remota y en la que cada una de las partes intervino desde lugares distintos”.
Por último, el fiscal del MPA sostuvo que “en la audiencia el condenado reconoció su responsabilidad penal en los hechos ilícitos investigados. Por su parte, la familia de la joven manifestó por escrito su conformidad con el procedimiento elegido y con la pena impuesta”.
