Trabajadores de la empresa recuperada Fabricaciones Rosario vivieron ayer momentos de extrema tensión cuando Marcelo Ramón Bergia, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la 9ª nominación, intentó hacer efectiva la orden de desalojo que expidió en febrero de este año. A los pocos minutos llegaron al lugar el ministro de Justicia provincial, Juan Lewis; el diputado del Movimiento Evita Eduardo Toniolli; el director del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Santiago Bereciartúa, y representantes de las carteras de Trabajo nacional y provincial. Al cierre de esta edición, y tras horas de arduas negociaciones en una oficina de la empresa con la presencia del juez, se alcanzó finalmente la postergación del desalojo con el fin de no perder la continuidad laboral.
Los propietarios accedieron a extender la locación del inmueble por seis meses. Para hacer frente a los pagos aportarán los ministerios de Trabajo de Nación, de Producción de la provincia y la Federación de Cooperativas.
Alrededor de las 18.30 efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y el juez habían llegado hasta el galpón de Presidente Perón 7415, donde se encontraban cuatro empleados. El operativo se hizo con tres patrulleros y una veintena de efectivos.
Anoche los 22 trabajadores de la empresa recuperada dedicada a la fabricación de válvulas de equipos de GNC esperaban la respuesta del abogado de la propietaria del local sobre el pedido de extensión del alquiler por seis meses más, con el compromiso de abandonar el local en tiempo y forma. El juez había expresado que de no haber aceptación del apoderado del demandante “se procedería de inmediato al desalojo”, cosa que finalmente no ocurrió luego de haberse alcanzado el acuerdo.
“Hay un compromiso por parte de los trabajadores para dejar el galpón, pero necesitan hacerlo sin cortar la producción. La propuesta planteada por ellos hoy (por ayer) es pagar un alquiler, incluso más arriba del valor del mercado porque eso les permitiría seguir produciendo”, explicó antes del desenlace Toniolli.
La empresa quebró en mayo de 2013. Los empleados se hicieron cargo y volvieron a producir de forma autogestiva.
En abril pasado Fabricaciones Rosario presentó un proyecto de expropiación del inmueble, como también de las máquinas, en la Cámara de Diputados, lo que obtuvo despacho favorable en la comisión de Trabajo.
